Luego de un año de gobierno, muchos se preguntan las razones por las que el Presidente López Obrador –obstinado y vengativo- no ha actuado en contra de uno de sus principales enemigos políticos, Miguel Ángel Yunes, como sí lo hizo por ejemplo en contra de una antigua correligionaria como lo fue Rosario Robles. En el regreso del presidencialismo imperial, la suerte de uno y otra no se puede explicar sino desde su relación con el mandatario.Al menos en Veracruz, las señales siguen siendo confusas. Tras la decisión del Congreso local para que el ORFIS hiciera una segunda revisión de la Cuenta Pública 2018 –la última de la administración yunista- se esperaba un escándalo de dimensiones bíblicas, como preámbulo del cadalso que se impondría al ex gobernador. Pero resulta que el Órgano de Fiscalización le limpió una buena parte de las cuentas, menos una, que es la que hoy lo podría hundir: la videovigilancia.El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Rogelio Colmenares Páramo, estuvo en Xalapa para participar en el Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Federalizado organizado por la Secretaría de Finanzas del Estado. Ahí quedó claro que las observaciones por más de 350 millones de pesos por el fallido programa de videovigilancia de la administración anterior surgieron precisamente de la ASF, por lo que se estaría cerrando el círculo en torno a Yunes Linares.

En una parte de su discurso, el secretario de Finanzas del estado, José Luis Lima Franco, aseguró que la actual administración estatal tomará todas las acciones legales necesarias para sancionar la corrupción en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, tras los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Sistema Estatal de Videovigilancia y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

«Quiero mencionarle a usted –dijo refiriéndose a David Colmenares, quien asentía con la cabeza- que tenemos conocimiento de los resultados de los últimos informes que fueron presentados a la Cámara de Diputados y quiero decirle que tomaremos todas las medidas legales para sancionar en las partes judiciales y administrativas que nos corresponden como Estado (…)».

Lima Franco explicó que estas denuncias se refieren puntualmente a las redes de simulación en las contrataciones de la anterior administración en la Secretaría de Educación y el desfalco millonario al erario en el caso de las del proyecto de las cámaras de vigilancia, donde la Auditoría de la Federación ha determinado un presunto daño patrimonial de 350 millones de pesos durante el ejercicio 2018.

El titular de la ASF, quien se reconoce como simpatizante de la política anti corrupción del Presidente, opera prácticamente de la misma manera que el resto de los órganos autónomos que se han alineado a la cuarta transformación. Así ha concedido a los aliados justicia y gracia –como fue el caso de los desfalcos durante la administración del ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco- y a los enemigos justicia a secas. De la segunda, Yunes Linares podría conocer muy pronto.

ORFIS: el prejuicio de los despachos

Otro espinoso asunto que fue abordado por el titular de la ASF fue la contratación de despachos contables para realizar las auditorías que por ley corresponden al ORFIS. En lo que fue una orden poco diplomática, Colmenares amenazó con que la Auditoría Superior no trabajará con órganos estatales que contraten a particulares para auditar el manejo de los recursos públicos, y que ahora será responsabilidad de los entes estatales revisar las cuentas estatales y federales. Al carajo con la autonomía del órgano local.

Acusó que muchas veces, en los Congresos locales -a través de las Comisiones de Vigilancia-, se impulsaba la contratación de despachos, pero eso era como “echar a perder las auditorías”. Por eso “nosotros no vamos a trabajar con auditorías estatales que se hayan hecho por despachos contables”, advirtió, con lo que prácticamente prohibió la contratación de despachos, tal y como lo anunció hace algunos días la titular del ORFIS Delia González Cobos.

El razonamiento no está muy alejado de la realidad. La Comisión de Vigilancia se convirtió en un gran negocio para los diputados que la encabezaron -los mismo priistas y panistas- quienes operaban la asignación de despachos a modo. La renta provenía de los despachos –muchos de su propiedad con prestanombres- y de los moches con los presidentes municipales que necesitaban de una ayudadita. Los legisladores se hicieron millonarios, todo esto bajo la complacencia y complicidad del ORFIS.

Sin embargo, ahora pasarán a fastidiar a despachos muy acreditados, con una larga trayectoria, que se quedarán sin trabajo por los prejuicios del Auditor Superior, obligando al ORFIS a realizar una tarea para la cual no está capacitado ni tiene la infraestructura para hacerlo. Actualmente, pequeños grupos de trabajo están revisando las cuentas de hasta 10 Ayuntamientos, lo que se hace de manera aleatoria y con muestras muy pequeñas.

Si en el pasado hubo auditorías que se echaron a perder, entonces que se sancione a los responsables. Que haya un veto a quienes incurrieron en irregularidades; no hacerlo es complicidad. Los prejuicios quitarán el empleo a muchos despachos intachables, además de que serán una puerta a la corrupción y a la ineficiencia.

Las del estribo…

  1. Quien contrató y pagó la trampa mortal disfrazada de torre de vigilancia en Córdoba no sólo es responsable de un negocio sucio e ilegal sino también de la muerte de dos elementos de la policía. La investigación debe hacerse desde las auditorías, pero al mismo tiempo, fincar la responsabilidad penal por homicidio culposo. Están tan obcecados por la alcaldía que le ponen más interés al dinero que a las vidas humanas.
  2. La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta es el claro ejemplo del falso empoderamiento y equidad que presumen las mujeres en México. Ayer anunció que se sancionará a las trabajadoras del Tribunal que decidan sumarse al paro nacional, todo por seguir lo que entienden es la voluntad del Presidente. Llegan al poder para alinearse, no para reivindicar por lo que lucharon para llegar ahí.