Con la revisión del expediente de adquisiciones del contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante auditoría realizada en semanas pasadas, se logró observar y detectar el camino de recursos federales que no se utilizaron de manera correcta para su destino.

En el contrato y sus convenios modificatorios se estableció un periodo de ejecución de 252 días con fecha de conclusión al 16 de agosto de 2018, sin que a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos, ni se finiquitara el contrato o, en su caso, se aplicaran las penas convencionales correspondientes, por lo que se iniciaron las gestiones del proceso de rescisión.

El caso hace referencia en específico a la adquisición y puesta en operación de un sistema de videovigilancia para distintas zonas del estado de Veracruz, mismo que hasta la fecha es una necesidad urgente por el entorno de inseguridad y la gran cantidad de hechos violentos que pudieron ser monitoreados, como se hace en otras entidades, si los recursos auditados hubieran sido destinados para su fin.

La Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OICSSP/DTyA/095/2019, por lo que se da como promovida esta acción.

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (durante el periodo en el que Miguel Ángel Yunes linares era titular del Ejecutivo) pagó recursos a una empresa especializada en infraestructura de videovigilancia, pero el contrato y los convenios no estipularon la cantidad de bienes adquiridos por fuente de financiamiento; además, en las facturas emitidas por el proveedor no se registraron los números de series y de identificación de los bienes.

Adicionalmente, con las visitas físicas de los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín y del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5) de Veracruz, se verificó que se careció de la entrega formal de los bienes, los cuales no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos; además, el funcionamiento de las cámaras instaladas no fue optimó, ya que la mayoría no funcionaron correctamente o no recibían la señal.

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 349,775,736.68 pesos (trescientos cuarenta y nueve millones setecientos setenta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 68/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE, ya que la SSP realizó pagos sin identificar e inventariar los bienes adquiridos, ni efectuar su resguardo correspondiente, y sin acreditar el correcto funcionamiento de los mismos, durante la administración en la que Jaime Téllez Marié era titular de dicha secretaría.

En conclusión, el gobierno Yunista no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.

El asunto podría derivar en audiencias penales y generar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por el millonario daño hecho a las finanzas federales mediante la nula implementación de un programa que serviría para generar seguridad en la entidad.