Cuando uno escucha los argumentos de los grupos de activistas que han convocado al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo y las respuestas que han dado algunos personajes e instituciones que “les han dado” su apoyo, queda claro que no entienden nada de lo que se trata o que la sociedad está tan polarizada que hasta la exigencia de igualdad y de justicia se asume como un acto de insurgencia. No lo es, pero lo podría ser muy pronto.

Contrario a lo que muchos piensan, el paro nacional no es en respuesta a los homicidios inhumanos de Ingrid y la pequeña Fátima o de otros cientos de niñas, adolescentes y en edad adulta que han perdido la vida producto de la violencia feminicida en el país. Aunque esa sería razón suficiente: en lo que va del año, se han registrado más de 265 feminicidios y al menos 30 de ellos ocurrieron en Veracruz.

Pero no es sólo la muerte la que ha llevado a los grupos de activistas a las calles y lo que las llevará a realizar la protesta más grande en la historia del país. Es lo que sucede todos los días, en todo lugar y en todo momento. Es la violencia física y psicológica, la violencia laboral y económica, pero al mismo tiempo, la violencia institucional de un gobierno que se ha propuesto fortalecer la cultura patriarcal y machista que ha dado origen a esta barbarie.

Según la estadística oficial, dos de cada tres mujeres en México son o han sido violentadas en algún momento de su vida. Es decir, una vida sin violencia es la excepción y no la regla.

El INEGI asegura que estas dos terceras partes de mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja o ex parejas, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien, por amistades o personas conocidas o extrañas. Los agresores están en todas partes.

Este domingo, diversos medios publicaron estudios de género que desnudan la situación de violencia, marginación y desigualdad que nadie había querido ver hasta ahora. México es uno de los países que peor tratan a las mujeres en ámbitos como seguridad, violencia de género, desigualdad económica y acceso a la salud, de acuerdo con reportes internacionales y centros de estudio.

Respecto a inclusión económica, social y política, procuración de justicia y seguridad, el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019/20 del Instituto Georgetown ubica a México en la posición 103 de 167, incluso por debajo de Venezuela y Nicaragua. Hay un fuerte rezago en cuanto a igualdad de género, remuneración equitativa del trabajo, derechos sexuales y reproductivos, participación femenina en la política, así como la falta de servicios de salud de calidad.

Y en lugar de resolver la crisis, el gobierno ha ejercido una creciente violencia institucional. En un año, la administración del presidente López Obrador eliminó y recortó recursos a al menos 20 programas sociales de apoyo a mujeres, muchos de ellos claves para su vida diaria, como fue el caso de las estancias infantiles y los refugios de protección.

De acuerdo con un comparativo entre los presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 y 2020, hubo una disminución de casi 2 mil millones de pesos en planes para la equidad de género, protección de derechos humanos y prevención de la discriminación, así como apoyo al empleo. A cambio, les ofreció un decálogo de frases dignas de una agenda de año nuevo.

El gobierno federal y los gobiernos estatales, el Congreso de la Unión y los congresos en los estados, las universidades públicas y muchas empresas del sector privado han anunciado que no habrá sanción ni descuentos al salario a las mujeres que decidan quedarse en su casa, como si se tratara sólo de una prestación laboral.

Habrá que decirles que su generosidad es inútil porque en realidad el movimiento y las mujeres que participarán en él no le han pedido permiso ni su consideración a nadie. Incluso, la mayoría de ellas estaría dispuesta a cumplir con la sanción económica o laboral como una forma de reivindicar su lucha.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de esta ciudad, Rogelio Cabrera López, externó su apoyo al paro del 9 de marzo, pues afirmó no se arruina la economía ni se daña la agenda de nadie. Además, dijo, son sólo ocho horas, un regalo que merece bien cada mujer, y agregó que en las parroquias de Nuevo León y en la curia arzobispal, se van a suspender actividades que tengan a su cargo las mujeres.

Tampoco es un regalo, es una lucha. Y una lucha contra muchas cosas que representa la propia iglesia; los casos de abusos contra monjas y niñas se han documentado por miles en todo el mundo y a lo largo de muchas décadas. La figura de la mujer dentro de la Iglesia se reduce a un objeto al servicio de un sacerdocio machista. Así que pueden quedarse con su obsequio señor arzobispo.

Por supuesto, el Presidente López Obrador no se puede exentar del debate nacional. Más allá de su molestia porque el paro nacional ha robado su agenda pública –y lo hará por las próximas dos semanas-, ha mostrado su arraigado machismo y cultura patriarcal que ha trasladado a su gobierno, como hemos visto.

López Obrador no es un feminista, nunca lo ha sido. Por eso su paranoia respecto del paro nacional no le permite entender que todo se trata de violencia y desigualdad.