Orizaba, Ver.-Ante el Juez de Distrito Federal con sede en Córdoba se amparan un total de 60 padres de familia, debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) les pretende cobrar 90 mil pesos para el tratamiento de cáncer.

Los padres de los 60 niños y niñas que padecen de cáncer, acompañados por sus abogados, lamentaron que el gobierno federal y estatal les pretenda cobrar por el tratamiento, pues sus costos son exorbitantes y están fuera de su alcance.

«Este día acudiremos ante el Juzgado a interponer un amparo y se les dé la atención gratuita tanto en medicinas, estudios y exámenes a los niños que padecen de cáncer», así lo dio a conocer la abogada Ana María Yashima del despacho Rodal Oceguera.

Agregó que presentarán este amparo en contra de la omisión que impera en el Hospital Regional de Río Blanco, al no otorgarles el servicio y contra del cobro de recuperación.

Puntualizó que la atención médica integral no les puede ser negada a estas personas, pues es un derecho: «El personal administrativo del Hospital es el que hace el cobro de los 90 mil pesos, pero sabemos no es culpa de los empleados, sino que todo es cuestión de la situación legal que mantiene en la incertidumbre a los hospitales por la creación del Insabi».

Por lo que culpó a los dos gobiernos, federal y estatal, ya que el Insabi es un sistema de salud universal que se está implementado desde la reforma y desaparición del Seguro Popular.

Ana María Yashima afirmó que el no contar con la atención, un niño que tiene cáncer o leucemia y no se le suministran los medicamentos, podría morir en cualquier momento.

«Por eso la solicitud al Juez de Distrito, es que se garantice y ordene a las autoridades que no sólo se garantice la atención de un médico o la hospitalización, sino también los suministros, estudios, medicamentos, análisis, tomografías y todos los insumos necesarios y que no se les cobre porque son niños de escasos recursos».

Afirmó que estos cobros de recuperación se deben a qué tras la implementación del Insabi, a los hospitales les cortaron los recursos del fondo de gastos catastróficos, por lo que ahora tienen que cobrar para asegurar el pago por la atención del tercer nivel.

En su intervención, los padres y madres de familia, señalaron que la salud y vida de sus hijos, está en manos de la justicia.

«No podemos pagar el alto costo de los medicamentos de nuestros hijos y nos ponemos en lugar de esos papás que están por todo el país que están pasando por el mismo problema y que el gobierno les atienda a sus hijos como es obligación, ellos están obligados a garantizar y respetar junto con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos».

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