Aunque el presidente López Obrador ha reiterado que lo suyo no es la venganza y que no existe ningún proceso penal en contra de su antecesor Enrique Peña Nieto, pero la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, podría alcanzar al ex mandatario priista.

En mayo de 2019, cuando Pemex había gastado ya mil 395 millones de dólares por la compra y rehabilitación de Agro Nitrogenados y Fertinal, sin que ninguna resultara rentable o hubiera generado utilidades para el Estado, AMLO respondió al cuestionarsele sobre el papel de Peña Nieto ante los señalamientos de presunto fraude y corrupción en las compras de ambas empresas productoras de fertilizantes, que «es muy difícil que el Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud».

El tabasqueño mencionó en ese momento que la investigación estaba abierta, pero puntualizó que no había una persecución contra el ex mandatario.

«No puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie. Yo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante», afirmó.

Para entonces, ya había sido detenido en Mallorca, España, el empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, y se había librado orden de aprehensión en contra de Lozoya por el delito de lavado de dinero por la supuesta venta fraudulenta de la planta Agro Nitrogenados, ubicada en el complejo petroquímico de Pajaritos, en el sur de Veracruz.

El ex director de Pemex promovió el amparo indirecto 487/2019 en contra de «actos privativos de libertad así como su ejecución» solicitada por la FGR, pero seis meses después, a mediados de noviembre del año pasado, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazó otorgarle a Lozoya garantías.

Ahora la suerte de Peña Nieto y de otros ex funcionarios priistas dependerá en buena parte de lo que declare Lozoya, quien según versiones periodísticas fue detenido luego de trasladarse de Rusia al sur de España, donde pretendía reunirse con el ex Presidente de México en su casa de Málaga, a fin de acordar un encuentro posterior con el influyente directivo de Televisa, Bernardo Gómez, para que con su buena relación intercediera ante el nuevo gobierno de la 4T para detener la supuesta «persecución» en su contra.

Este caso impactará negativamente al PRI justo cuando intenta recuperarse en la elección intermedia de 2021; en cambio, al lopezobradorismo le puede redituar cierto apoyo popular para contrarrestar el creciente descontento por la inseguridad y el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, además de otras polémicas decisiones e indecisiones.

Por eso todo parece indicar que no solamente procederán contra otros ex funcionarios del partido tricolor, sino que en lista de la 4T figurarían también ex servidores públicos del PRD, como el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el actual senador Miguel Ángel  Mancera –dos de cuyos más cercanos ex colaboradores y presuntos prestanombres, los hermanos Julio César y Luis Serna, uno ex secretario particular y el otro ex jefe de su oficina y ex director de la Central de Abastos, se han dado a la fuga–, y, por supuesto, algunos ex gobernantes del PAN.

Al menos eso es lo que vaticinan algunos destacados militantes de Morena, quienes dan por hecho que en 2024 volverán a ganar la Presidencia de la República.

¿Será? Primero habrá que ver qué pasa en los comicios federales y locales del año entrante.