Prefacio.
Son datos concretos, cifras aportadas por la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que exhiben la falta de rigor en las cifras que maneja el gobernador Cuitláhuac García. *** El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín denunció ante los medios de comunicación que el actual gobierno estatal tuvo que devolver el pasado 15 de enero (de acuerdo a las normas de la Ley de Coordinación Fiscal) 3 mil 284 millones de pesos que no fueron utilizados por la administración estatal, a pesar de necesidades apremiantes que se tienen y que incluso ponen en riesgo la vida de muchos veracruzanos en rubros como seguridad, salud y la construcción de carreteras. *** Marlon Ramírez aseguró que el gobernador mintió, cuando afirmó que ese recurso podría ser ejercido hasta el mes de marzo del presente año. *** “Hay una mentira, la Ley de Coordinación Fiscal, de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, en el Artículo 17, establece de manera clara y precisa que a más tardar el día 15 de enero de cada año se debe reintegrar a la Tesorería de la Federación todo lo que hayan sido aportaciones, subsidios, convenios, cuotas, recursos, gastos de inversión que no se hayan ejecutado”. *** El dirigente priista recalcó que la información presentada proviene de documentos que el propio Gobierno de Veracruz ha presentado, y que el PRI retoma para que la sociedad sea la que contraste la realidad y se dé cuenta de lo que hace este gobierno, lo que ha dejado de hacer, y lo que los gobiernos anteriores hacían. *** “Este gobierno llegó al ejercicio de la administración hablando que los anteriores éramos gobiernos corruptos, ineficaces, ineficientes y que ellos cuando llegaran a hacer las cosas lo harían mejor. Esto que ocurre a Veracruz es muy grave, una cosa es que el dinero no te alcance para hacer las cosas y otra es que no te lo gastes”. *** ¿Qué dice de todo esto el secretario de Finanzas, José Luis Lima?
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Primero de diciembre del 2016. Palacio Legislativo del Congreso de Veracruz. Palabras de Miguel Ángel Yunes Linares luego de rendir protesta como gobernador del estado:
“Con enorme satisfacción informo a ustedes que hemos logrado recuperar bienes muebles, inmuebles y recursos por un valor superior a mil 250 millones de pesos que habían sido robados a los veracruzanos”
10 de febrero del 2020. Palacio Nacional. Palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia de prensa:
“Estamos ante el terreno de lo inédito: nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia, que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.
¡Tan parecidos, y a la vez tan confrontados!
La principal bandera de Miguel Ángel Yunes Linares, en su segundo intento por ganar la gubernatura de Veracruz, fue el combate a la corrupción, mismo lema que enarboló López Obrador para -por fin, en su tercer intento- ganar la Presidencia.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien fue cuestionado por procesos que involucran a servidores públicos de alto nivel, e hicieron especial referencia al caso de Veracruz:
– ¿Y los otros casos de desvíos escandalosos llámese Estafa Maestra, llámese Chihuahua, llámese Veracruz? ¿Cómo vamos?, ¿cómo va el gobierno federal precisamente trabajando en esta área?, ¿y cuándo podríamos a ver resultados?, porque realmente la Auditoría manejó cifras escandalosas, cifras que realmente podrían ayudar a varios programas sociales.
– Sí, como no. Mire, cuando los casos los inicia esta administración, cuando se cuenta con el apoyo del Ejecutivo para las denuncias y para todos los elementos de prueba, nosotros podemos trabajar con mucha más facilidad. Cuando tenemos que reponer procedimientos, cuando tenemos procedimientos que se hicieron de mala fe para que no se pudiera recuperar lo robado, para nosotros el trabajo se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay ya sentencias firmes, porque ya hay procedimientos que están defendiendo a estas personas desde hace cuatro, cinco, seis años, y tenemos que volver a iniciarlo.
En el caso de Yunes Linares, meses después de que concluyera su bienio al frente del gobierno estatal, se confirmó que la supuesta “recuperación de bienes” había sido un mero montaje, un teatro para extorsionar a enemigos políticos, servidores públicos de otras administraciones.
¿Tendríamos que esperar que salga a la luz la misma historia, ahora con referencia a Andrés Manuel, allá por el 2025?
Ya se verá.
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Epílogo.
Fue ahora la diputada federal por el Distrito de Los Tuxtlas, Paola Tenorio, la señalada de mantener una relación cercana con Guadalupe Hernández Hervis, más conocida como “La Jefa” y quien fuera reconocida como prima hermana por la actual encargada del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans. *** Fotografías que circulan en redes sociales muestran a la legisladora federal (quien llegó a ese escaño con la postulación de Morena) departiendo con “La Jefa” quien es señalada de formar parte de la organización criminal “Los Zetas” y de operar en la zona sur de la entidad. *** Verónica Hernández es la misma persona que fue señalada de mantener acuerdos con quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el bienio panista, Jaime Téllez Marié, quien ante las evidencias que le presentó en su momento la PGR, terminó por aceptar que Guadalupe Hernández Hervis era “su informante”. *** Personal de la Agencia de Investigación Criminal, de la entonces Procuraduría General de la República la detuvo el 22 de septiembre de 2017 y fue internada en el penal de Morelos; se le abrió proceso por delincuencia organizada y secuestro. Sin embargo, en octubre del 2019 Guadalupe Hernandez Hervis obtuvo su libertad, luego de que le fuera concedido el amparo por el juzgado segundo de distrito con sede en Veracdruz. *** ¿Seguirán justificando los gobiernos de Morena la vinculación de miembros destacados de su partido con personajes señalados de operar con la delincuencia organizada? ¿Están dispuestos los gobernantes en turno a pagar el alto costo de esa protección?