La Secretaría de Desarrollo Social entregó un contrato de 4.9 millones de pesos a César Augusto Perdomo Buenrostro dueño de la empresa Constructora Cesper, SA de CV, a quien  la Procuraduría General de la República, giró una orden de aprehensión por uso ilegal de programas sociales en 2013 en beneficio del PRI, escándalo que fue denominado #LadronesdeElecciones

Perdomo Buenrostro era enlace ciudadano de la Sedesol cuando fue grabado junto con otros tres funcionarios en una reunión del PRI, donde ofrecían los padrones de oportunidades y 65 y más.

En 2016, la  Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), logró la orden de aprehensión en contra de los ex funcionarios.

En ese entonces,  el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo – ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP-,   detalló que estas personas se reunían en espacios públicos en Boca de Río y desde ahí condicionaron la entrega de programas sociales, utilizaban la información de los padrones de beneficiarios, para intercambiarlos y con ello beneficiar a los candidatos propuestos por Javier Duarte. El delito por el que fueron acusados entonces no estaba catalogado como grave por lo que siguen el proceso en libertad.

César Augusto Perdomo Buenrostro, quien también fue  subdirector de Ingresos en el ayuntamiento de Boca del Río con Salvador Manzur, es dueño del 80 por ciento de la empresa quien fue contratada por Sedesol el pasado 5 de diciembre  para la instalación de 31 paquetes de juegos infantiles accesibles e inclusivos de exterior para municipios de zonas de alta y muy alta marginación.

El contrato

La Secretaría de Desarrollo Social, la segunda con el mayor monto de subejercicio del 2019 -con 284 millones de pesos según el Cuarto Informe Trimestral del 2019-, firmó un convenio el 05 de diciembre para la adquisición e instalación de paquetes de juegos infantiles.

La dependencia encargada de implementar acciones para abatir la marginación y pobreza en los municipios con menor desarrollo social, en lugar de garantizar la dotación de servicios públicos o la construcción de pisos o techos firmes, se ocupó de instalar columpios, torres metálicas con escalera, resbaladillas, sube y baja y columpios metálicos con pasamanos y bandas metálicas.

Los municipios beneficiados: Alvarado, Álamo, Alpatlahuac, Atzalan, Calcahualco, Cazones de Herrera, Chumatlán, Chontla, Espinal, Filomeno Mata, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán del Café, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Otatitlán, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Tatatila, Tamalín, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tepatlaxco, Uxpanapa, Zontecomatlán y Zacualpan.

Según el convenio la constructora contaba con 25 días hábiles para la instalación de los juegos, según consta en el contrato Sedesol-LS-105T00000-011-19 por el que se pagaron 4 millones 998 mil 80 pesos.

Ladrones de Elecciones

En 2013, se destapó uno de los mayores escándalos en materia de uso político de programas sociales que se ha registrado en el país, al revelar videos y audios, en donde se evidenciaba a Sedesol estaba desviando recursos y coaccionando el voto a favor de candidatos del PRI en Veracruz.

El PAN interpuso una demanda de juicio político contra la entonces funcionaria, pero también contra el entonces gobernador de Javier Duarte, por el presunto desvío  de recursos. A parte, presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República.

En la conferencia de prensa, el entonces dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, hizo públicas 13 horas de grabaciones, de las cuales 2:30 horas eran de videos y el resto solo audios, en donde se escuchaban a integrantes del Grupo Boca (Boca del Río) organizarse para utilizar los programas Oportunidades y 65 y Más, a fin de coaccionar el voto a favor de los candidatos del PRI a alcaldes y diputados locales en la elección de ese año.

De aquella reunión, se hizo famosa una escandalosa afirmación del entonces funcionario de Finanzas, Salvador Manzur Díaz, quien le dijo a los operadores priístas que los programas sociales eran “oro molido” si se utilizaban con fines políticos.

El escándalo mediático, provocó la renuncia de Manzur a la Sefiplan, y la entonces titular de Sedesol, Rosario Robles, renunció al delegado Ranulfo Márquez Hernández. Y aunque bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el tema no pasó a mayores (“no te preocupes, Rosario”), en la actualidad, el ex gobernador Javier Duarte y Rosario Robles, se encuentran presos por malversación de recursos públicos.

AVC/Isabel Ortega

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