En su carta de renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez advirtió sobre el cataclismo financiero y de servicios que podría sufrir el organismo a causa de decisiones que se venían tomando desde la secretaría de Hacienda, por parte de los mismos tecnócratas a los que López Obrador sataniza en público y obedece en privado.

El ex dirigente nacional del PAN dijo entonces que el IMSS es “un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos; como órgano fiscal autónomo cobra cuotas a patrones y trabajadores, para dar cobertura de seguridad social a millones de mexicanos.”

Y dio datos muy interesantes: el IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

Y acusó, para berrinche del Presidente, que algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social.

Pues al parecer algunos de estos personajes lograron un favorable litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir las pensiones de los trabajadores del Instituto fijando un tope de 10 salarios mínimos; anteriormente, el tope fijado por la normativa vigente de esta institución era de 25 minisalarios. Así, las pensiones del IMSS se verán reducidas en 40 por ciento, lo que representará un suspiro a las finanzas de la institución y del gobierno en su conjunto.

De no establecerse esta norma, el país tendría que destinar más del 3.5% del PIB al pago de pensiones en los próximos años. Si consideramos que en los últimos años hemos crecido en promedio al 1% -este año fue el primero con recesión en la última década- pues ya podemos imaginar la que nos espera.

Sin embargo, las reglas nunca fueron claras para los trabajadores que empezaron a cotizar hace más de veinte años; hoy que están a punto de acceder a su pensión, la Corte les aplica un criterio que les reducirá su ingreso a menos de la mitad.

Esta reducción aplicará para trabajadores que hayan comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997 cuando se hicieron obligatorias las afores, es decir, alrededor de 20 millones de personas que conforman la llamada generación de la transición.

Según la resolución de la Corte, este grupo tiene dos opciones: financiar su pensión con su afore u optar por una pensión otorgada por el estado con la ley de 1973. Sin embargo, la SCJN determinó que en caso de optar por la pensión otorgada por el estado está tendrá como tope 10 salarios mínimos y no 25, que prevé la ley vigente.

El recorte a las pensiones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quienes se jubilen con la Ley 73 no es retroactivo, es decir, no afecta a quienes ya se pensionaron.

Ayer el Colegio de Abogados se pronunció al respecto y dijo que la determinación de la corte sólo aplica a quienes ganan más allá de 10 salarios mínimo diarios, ya que no podrán obtener esa cantidad de pensión y su tope será lo que equivale a 10 salarios mínimos diarios, es decir unos mil 230 pesos por día. Los trabajadores que perciben ese tipo de salarios son los menos y representan un 10 por ciento de la totalidad, mientras que un 90 por ciento gana menos de 10 salarios mínimos diarios.

Explicó que si una persona ganaba 2 mil 500 por día, al momento de pensionarse sólo podrá obtener una pensión de mil 230 pesos por día, aunque su sueldo haya sido mayor, esto tras la determinación de la Suprema Corte de la Nación. En opinión de algunos especialistas, a pesar de este recorte, sigue siendo mejor pensionarse con la Ley anterior que optar por el sistema de afores.

En los hechos, sí hubo una interpretación de la Corte en perjuicio de los trabajadores, ya que están haciendo algo de manera retroactiva. Y de paso, libró al gobierno y su partido tener que hacer alguna reforma legislativa que provocara el descontento de esos 20 millones de trabajadores.

Así, de un plumazo, se trata de cosa juzgada.

Las del estribo…

  1. No es ilegal ni es inmoral que los diputados locales utilicen su curul como trampolín a otro cargo de elección popular. La ley no lo prohíbe. Lo ilegal es que se utilicen recursos públicos del Congreso –los de Morena llevan mano- para financiar actividades de proselitismo como son giras de trabajo, foros y eventos, así como la entrega de apoyos y programas sociales. Es evidente que hasta en Morena hay hijos y entenados.
  2. Ayer el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, confirmó que este año ningún servidor público podrá tener un salario superior al del Gobernador Cuitláhuac García; y explicó que el titular del Ejecutivo estatal tendrá un salario de 58 mil pesos y los secretarios de gabinete percibirán cantidades menores. Ahora sólo falta que efectivamente la Contraloría les cuide las manos para que no las metan a los sobresueldos, compensaciones, asignaciones directas de contratos y gastos de representación, lo que hace que el sueldo sea apenas un bono extra a sus ingresos reales.