En la cultura política tenochca, hay una práctica muy común para medir el ánimo y la respuesta de la gente respecto de una decisión controvertida: la filtración. Cuando el gobierno va a tomar una decisión pero no conoce bien los costos políticos que pueda tener –una reforma legislativa, nuevos impuestos, un nombramiento y un acto administrativo-, se hace una filtración a los medios y se socializa la información.

Lo que sigue es medir la respuesta. Si hay un rechazo abierto, se acusa que esa decisión nunca existió y que sólo se trató de una filtración malintencionada de los adversarios; en caso de que la reacción sea positiva –incluso indiferente-, entonces se formaliza señalando que era algo que ya se conocía y que por tanto, no tomaba por sorpresa a nadie. Y así podríamos citar cientos de casos.

Eso estaría pasando precisamente con la reforma al sistema de justicia, una iniciativa que se ha venido preparando en la Fiscalía General de la República y en el Poder Judicial –dos entes supuestamente autónomos e independientes del Ejecutivo-, a petición del Presidente de la República.

En este caso, la filtración ha provocado un rechazo generalizado, lo que obligó a que la presentación prevista para este sábado –de manera concurrente con el inicio del periodo de sesiones del Congreso federal-, fuera pospuesta por segunda ocasión, esperando mejores tiempos. Tal y como lo marca el librito, ante el descontento, rápidamente López Obrador se desmarcó del tema sugiriendo que él estaría a favor de los opositores a la reforma.

Los borradores de reformas supuestamente elaborados por la Fiscalía General de la República (FGR), han alertado a organizaciones civiles y personas expertas en seguridad ya que vislumbran que podrían legitimar la tortura y las violaciones a derechos humanos. A pesar de que la propuesta es mucho más amplia, el debate se ha centrado en dos temas específicos: ampliar la figura del arraigo y revivir la figura penal de la difamación, desaparecida de la ley desde el lejano 2007.

Por cuanto hace a la difamación, el documento que circuló de manera anónima revive la reforma para que la expresión de ideas sobre el servicio público fuera legalmente equiparable a delitos cometidos por el crimen organizado. En caso de que esta iniciativa prospere –algo que sólo Morena podría hacer-, la difamación sería un delito y tendría penas más severas de cárcel. Ser periodista equivaldría a ser narcotraficante.

La propuesta de Código Penal Nacional que circuló señala: «Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización».

Quiere decir que en caso de publicarse un reportaje con información verdadera sobre casos de corrupción –la Casa Blanca, por ejemplo-, la ley protege al funcionario delincuente y castiga a quien hace pública la información. Barttlet puede estar tranquilo, la censura legal podría estar de vuelta.

Esta conducta fue despenalizada en México en el año 2007, sin embargo, es castigada por la vía civil donde incluso ha habido extralimitaciones, como el caso reciente del escritor y periodista Sergio Aguayo quien hoy debe pagar 10 millones de pesos por hacer pública la corrupción de los Moreira en Coahuila.

La reforma off the record también busca ampliar el arraigo a todos los delitos –no sólo a los de delincuencia organizada-, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales. También se busca, entre otros muchos cambios, modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.

El arraigo permite a las autoridades detener a una persona aun sin contar con una investigación que lo relacione de alguna forma con un delito, por ello ha sido criticado como violatorio de los derechos humanos, pues viola el principio de presunción de inocencia.

En síntesis, se podría detener a una persona sin que haya prueba o acusación en su contra prácticamente en cualquier delito; todas las detenciones serán legales pues no habrá jueces que las sancionen y se harán válidas las pruebas obtenidas ilegalmente –por espionaje, intervención telefónica o de manera anónima-, así se trate de delitos electorales o fiscales, dos de las obsesiones personales del Presidente.

Quien supone que sólo se trata de una filtración sin fundamento que no merece atención periodística ignora interesadamente cómo funciona el régimen político.

Las del estribo…

  1. El tema de feminicidios en Veracruz es verdaderamente grave. Y más grave aún que el Gobernador diga que sólo se está atendiendo lo inmediato porque significa que las mujeres están en una situación de absoluta indefensión. Las mujeres tienen que luchar todos los días contra una arraigada cultura feminicida, la indefensión jurídica y la incapacidad del gobierno para protegerlas. Es la barbarie.
  2. El chisme de ayer fue la publicación de Reforma sobre la consumación del divorcio -desde el pasado 21 de octubre- entre Javier Duarte y Karime Macías. Habrá muchas versiones sobre su relación personal, sin embargo, es claro que también forma parte de una estrategia legal para conservar los bienes adquiridos con los recursos públicos. Hace un mes, un juez negó al ex gobernador la prisión domiciliaria. La novela sigue…