Lo que no pudo conseguir el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien en la Asamblea Estatal de diciembre pasado celebrada en Boca del Río intentó reunificar a los 13 diputados locales en una sola bancada, están por conseguirlo los operadores de Palacio de Gobierno y legislativos de MORENA que en contubernio con funcionarios de la Fiscalía General del Estado pretenden avasallar arbitrariamente a sus adversarios políticos.

Y es que luego del juicio de procedencia iniciado en contra del diputado local Erick Iván Aguilar López –quien inicialmente llegó al Congreso del Estado postulado por el PT en alianza con MORENA, y el cual, después de haberse declarado independiente se integró al grupo «Del Lado Correcto de la Historia» y terminó sumándose a los legisladores yunistas encabezados por Maryjose Gamboa para conformar oficialmente la minibancada «Acción Nacional Veracruz»–, y tras la revocación de mandato que han emprendido para destituir también al alcalde y la síndica del ayuntamiento de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ellos sí militantes panistas, tanto la dirigencia que preside Joaquín Guzmán Avilés como ambas facciones legislativas han convenido cerrar filas para enfrentar el autoritarismo del grupo gobernante.

Según trascendió, previo a la sesión del pasado jueves en la que la aplanadora de MORENA aprobó el juicio de desafuero del diputado Aguilar López y la destitución del alcalde y de la síndica así como la intervención de la Tesorería Municipal de Actopan –lo cual se cumplirá este lunes 27–, el dirigente estatal del PAN desayunó con los legisladores de ambos grupos panistas y les pidió votar en bloque en contra de este abuso de poder, lo que confirmó que este exceso autoritario había logrado reunificarlos, al menos momentáneamente.

De hecho, aunque lo consideró «un abuso de autoridad», el alcalde Domínguez Sánchez aceptó la decisión que tomó la LXV Legislatura del Estado para intervenir la Tesorería del ayuntamiento actopeño, pues adujo que “esto confirmará que hemos tenido tesoreros corruptos que violentaron la ley” –a los cuales, señaló, ya había denunciado penalmente–, sin embargo el munícipe panista se pronunció en contra de la revocación del mandato y separación del cargo por considerar que esta solicitud del Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, está fuera totalmente del margen de la legalidad, ya que afirmó que se había puesto a disposición de la Fiscalía para aclarar todas las dudas que existieran en el manejo de las finanzas y la administración pública.

Ante esta burda embestida, el munícipe actopeño agradeció luego de la sesión legislativa del pasado jueves «la solidaridad de mis compañeros panistas de Veracruz y de todo el país», expresando que «las muestras de respaldo que he recibido son invaluables.» También reconoció «la valentía de los diputados de mi partido que públicamente en tribuna señalaron y se opusieron a esta infamia.”

Y es que tanto diputados como dirigentes del PAN intuyen que con la destitución del alcalde de Actopan, MORENA pretende sentar un precedente para intimidar y alinear a los demás ediles del partido blanquiazul con miras a las elecciones locales y federales de 2021, pues Acción Nacional se perfila como la primera fuerza opositora en Veracruz y en el país.

En el Congreso local, los morenistas ya tienen comiendo de la mano a diputados de la minibancada PRI-PVEM y hasta a los de Movimiento Ciudadano y del PRD que en alianza con el PAN obtuvieron la curul en la LXV Legislatura.

Espaldarazo a Lima Franco

Hasta antes del pasado viernes la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), que es un organismo descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, estaba sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuyo titular es el ingeniero Guillermo Fernández Sánchez, un académico y amigo muy cercano al gobernador Cuitláhuac García.

Sin embargo, ese día, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado un decreto del Jefe del Poder Ejecutivo en el que instruye que a partir del sábado siguiente la CAEV sería sectorizada a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que encabeza José Luis Lima Franco.

Obviamente esta decisión del gobernador propició todo tipo de especulaciones. ¿Por qué a la SEFIPLAN y no a la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP), por ejemplo, a la que ya estuvo sectorizada anteriormente?

Los motivos los manifiesta claramente el mandatario veracruzano en los considerandos de su decreto, al exponer que «el derecho humano al agua puede ser definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico y que una de las grandes preocupaciones que se tienen, es el de garantizar la preservación y disponibilidad del líquido vital, sin perder de vista que se trata de un derecho, de un bien de dominio público y de una condición indispensable para garantizar nuestra propia supervivencia que involucra aspectos, sociales, ambientales pero sobre todo financieros».

Además, acorde con los artículos 1 de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, García Jiménez considera que «se requiere de la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la Entidad para un manejo sostenible de las finanzas públicas».

También refiere que de acuerdo con los artículos 8 y 13 fracciones II y VII de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, en materia de planeación para el desarrollo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre otros, aprobar los programas sectoriales, transversales, los fines, propósitos, componentes y actividades de los Programas Presupuestarios y las Actividades Institucionales que se resuman en la Gestión para Resultados, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; así como verificar que éstos sean congruentes en todo momento con los propósitos y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y, en su caso, tomar las medidas necesarias para corregirlas.

Y que «para lograr la eficiencia y calidad, así como la productividad y competitividad en todas las actividades públicas, la reorganización y reingeniería del Gobierno del Estado es una herramienta fundamental de los procesos de rediseño institucional, lo que implica no sólo reformar las instituciones sino resectorizarlas o adscribirlas a otras áreas que permitan dinamizar su función».

Precisamente, «en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 8 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz y atendiendo a que la CAEV es un organismo cuyo Consejo de Administración se encuentra integrado entre otros, por la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuya tarea preponderante es mantener el orden en el gasto público, mediante la adecuada distribución y asignación en términos de las disposiciones aplicables», el gobernador Cuitláhuac García consideró  «necesaria la sectorización de la CAEV a la SEFIPLAN», instruyéndola para que a partir de ahora supervise «la continuidad, regularidad, calidad y la efectividad de los servicios que presta la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, para satisfacer las demandas de los usuarios» y promover «la autosuficiencia técnica y financiera de dicho organismo descentralizado.»

Vaya espaldarazo para Lima Franco.