Coatzacoalcos es la suma de todos los fracasos. El viejo Puerto México es un lugar en el que nadie quiere vivir –la percepción de inseguridad es superior al noventa por ciento-, donde las autoridades lo han intentado todo –han desplegado al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, la Policía del Estado y por supuesto la municipal-, y al que todas las autoridades han abandonado deliberadamente.

Muy pocas ciudades del país tienen el currículo delictivo de lo que alguna vez fue la economía más importante del estado. Una brutal masacre que dejó más de treinta personas asesinadas en un centro nocturno –crimen que hasta hoy sigue impune- sólo fue el corolario de largos años de secuestros y de ejecuciones, de la lucha por la plaza y del asedio de extorsiones y cobros de piso.

En los últimos años los homicidios se cuentan por decenas cada semana; y suceden lo mismo en la vía pública, en negocios o hasta en los domicilios particulares. Todavía lastima el recuerdo de la familia asesinada en junio de 2017, entre ellos cuatro niños, mientras veían televisión en la sala de su casa.

La inseguridad ha convertido a este municipio veracruzano casi en un pueblo fantasma, pues los secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto han provocado el éxodo masivo de sus habitantes. El bullicioso y pujante bulevar muere cada día al caer la tarde. Coatzacoalcos vive en una especie de estado de sitio auto impuesto que tampoco ha logrado reducir la violencia.

Desde hace varios años, muchas familias emigraron de la ciudad. Cerraron sus negocios, sus profesiones y buscaron oportunidades en sitios lejanos a Veracruz. Poco a poco la actividad económica se derrumbó, se perdieron cientos de empleos. Hoy la ciudad está llena de lugares en venta o en renta cuyos propietarios ya ni siquiera viven ahí.

El último clavo en el ataúd ha sido el anuncio de tres empresas emblemáticas que han decidido abandonar Coatzacoalcos en los últimos meses: Comercial Mexicana, Toks y Soriana, todos del mismo conglomerado.

La decisión se suma a la agonía que vive el centro comercial Plaza Forum, propiedad de Carlos Slim, que fue en su momento la inversión más importante del sureste mexicano. Hoy la mitad de sus locales están vacíos y los pocos que quedan tienen que arriesgarse todos los días frente a la delincuencia organizada.

Las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos se encuentran consideradas como de las más inseguras para vivir en el país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU), publicada por el INEGI. De acuerdo con cifras oficiales, la percepción social sobre inseguridad pública se obtuvo con base en una encuesta realizada entre la población mayor de 18 años, que coincidió en que, en el caso del estado, las dos ciudades antes citadas son las de mayor inseguridad.

Mientras, las autoridades se mantienen en una burbuja de cristal, ya sea por incompetencia o por complicidad. Pese a los cierres de estos comercios, los cortinazos, los homicidios, la fuga de empresas y comercios, incluso sobre las cifras oficiales, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, asegura que los índices delictivos han disminuido en la ciudad y que únicamente es «percepción de la ciudadanía».

Pero, ¿qué sucede en Coatzacoalcos que ninguna autoridad encuentra remedio? ¿Por qué pese al amplio despliegue policiaco en una zona naturalmente limitada por el mar, no se puede dar con los delincuentes ni prevenir nuevas ejecuciones? ¿Quién gobierna realmente Coatzacoalcos y porqué las autoridades han decidido no intervenir? Son muchas las preguntas que hay para explicar este infierno.

Coatzacoalcos es una oportunidad perdida para el gobierno federal y para el estado. Hace algunos años, cuando Tijuana era tierra de nadie y el horror de los feminicidios se conocía en todo el mundo, se lanzó una ofensiva feroz para recuperar la ciudad: llegaron las fuerzas armadas, la inversión, los programas sociales, el rescate de espacios públicos y la construcción de cientos de escuelas, parques y centros deportivos. Se destinó dinero a la cultura y se lanzaron toda clase de iniciativas para reactivar la economía.

El mensaje fue claro: si rescatamos Tijuana podemos rescatar cualquier otra ciudad del país. En efecto, Tijuana sigue siendo una región complicada por la ubicación geográfica para el tráfico de estupefacientes pero nunca volvió a ser el infierno de antes. En Coatzacoalcos podría pasar lo mismo.

El impulso de los puertos de Tuxpan y Veracruz, la construcción del corredor transístmico y las rutas de comercio que ello representan, podrían ser el detonante para que el gobierno federal se vuelque al rescate del Puerto México. Sería la bandera de López Obrador de que su estrategia por de seguridad es posible y de que la economía crece y se recupera si hay un entorno de paz. Sería el laboratorio que podría presumir al resto del país.

Mientras eso sucede, la gente tendrá que seguir velando a sus muertos y huyendo de la violencia.

Las del estribo…

  1. Interesante la propuesta de Morena para aprobar una ley “Antimonarquía” que evite que los gobernantes hereden los cargos a esposas, hijos o hermanos, estableciendo modernos cacicazgos. Los daños los conocemos en Coahuila –con los hermanos Moreira- o en el sur de Veracruz donde las alcaldías y diputaciones se las reparten entre padres e hijos. El tema es: ¿por qué habría de perder sus derechos políticos una persona por el hecho de que un familiar sea autoridad? ¿Es una reforma con destinatario? Será muy interesante escuchar el debate.
  2. Después de rociarla con un bidón de gasolina y prenderle fuego en plena comparecencia, el diputado Pozos Castro intenta hacer una tímida defensa de la encargada de la Fiscalía del Estado, Verónica Giadáns. Asegura que no hubo dolo en hacer público el parentesco de la funcionaria con la líder de una organización criminal. No hay indio que no tome venganza, reza un refrán.