Luego de un amplio debate jurídico, político, de seguridad y salud pública, el Congreso de la Unión se encuentra listo para aprobar el consumo legal de la marihuana y de todas las actividades relacionadas, con lo que el gobierno pretende cumplir al menos con tres objetivos: quitar a los grupos de delincuencia organizada uno de sus principales mercados –lo que no implica necesariamente que se reduzca la violencia-, obtener una importante cantidad de ingresos fiscales y reactivar un campo que está en crisis permanente

Ya circula en la Cámara de Diputados el dictamen de las comisiones unidas de justicia, salud y estudios legislativos, por el que se expide la ley para la regulación del cannabis. La nueva legislación –que sería aprobada en el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo mes de febrero- pretende regular el uso del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible.

De esta forma, México rompe una tradición prohibicionista en el consumo de la marihuana, argumentando que con su legalización se busca mejorar las condiciones de vida de loa mexicanos, combatir las consecuencias del uso problemático del cannabis psicoactivo y reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, “fomentando la paz, la seguridad y el bienestar individual y de las comunidades”, según se expresa en sus consideraciones.

A pesar de que se trata un tema largamente discutido, el dictamen no logra sustraerse de la narrativa oficial que se culpa al calderonismo y su “guerra contra las drogas” como el principal detonador de la violencia que vive el país. El violenta lucha de los cárteles ha originado en México más muertes que las propiciadas por el consumo y el trasiego de drogas.

Mientras tanto, se explica en el documento, el consumo de drogas no cesa y, respecto al cannabis, “se ha mantenido hasta la fecha como una sustancia prohibida para su consumo con fines lúdicos o recreativos de gran demanda, por ende, los grupos que la proveen siguen operando el mercado al margen de la ley.”

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2018, el cannabis fue la droga que más se consumió en 2016: más de 192 millones de personas la consumieron al menos una vez en el último año. Además, según datos del Semáforo Delictivo Nacional, de enero de 2019 hasta agosto de 2019 se reportaron 6 mil 518 incidentes relacionados con narcomenudeo, que comparado con el año 2018, se incrementó en un 22%.

En el Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México, se señala que durante el 2017 se registraron 2 mil 597 muertes por el consumo de sustancias psicoactivas. En efecto, la cantidad resulta considerablemente menor a las más de 30 mil muertes violentas que se registraron el año pasado y que estarían relacionadas con actividades del crimen organizado.

Pero en opinión de los diputados que elaboraron el dictamen, no se trata sólo de un tema de excesiva violencia, sino que México se estaría sumando a una corriente internacional por la despenalización del consumo.

El proyecto de dictamen asegura que cada vez más legislaciones son muestra de que se está produciendo un cambio global y regional en la forma de atender los problemas que las drogas originan, ello, a pesar de las directrices prohibicionistas internacionales. En el caso de nuestro país, la nueva ley sería de espectro amplio, en el sentido de que se prevén prácticamente todas las actividades relacionadas con el cannabis.

Según el artículo 8 de la ley que se propone, “las conductas o actos que comprenden los usos del cannabis, su resina, preparados, el psicotrópico THC-tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas referidos en la normatividad aplicable, para aquellos fines autorizados por la Ley, no podrán ser objeto de persecución penal, ni causa de discriminación, en los términos que esta Ley, la Ley General de Salud y demás ordenamientos legales establecen.”

La nueva Ley para la regulación del cannabis se asume a sí misma como “una regulación responsable, multidisciplinaria y transversal, según los fines legalmente permitidos para el uso del cannabis psicoactivo y sus derivados”. De tal manera, la norma considera regular todas las siguientes actividades: almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir bajo cualquier título. Es decir, prácticamente no hay actividad restringida.

A partir de su aprobación y entrada en vigor, será tarea del Estado, por conducto del nuevo Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, el control y la regulación de los actos señalados en la nueva ley.

Ante el entusiasmo de un gobierno que ve a la marihuana como una panacea, el camino hacia su legalización es irreversible. Lo platicamos mañana.

Las del estribo…

  1. Una vez que se ha disipado la cortina de humo de la rifa del avión presidencial, las miradas han vuelto a la iniciativa de reformar el sistema de justicia mediante el cual se pretende impulsar un estado policiaco: ampliar el arraigo a otros delitos, validar pruebas ilícitas, ampliar el régimen de excepción y sancionar actos de libertad de expresión. Por lo pronto ya la aplazaron, pero la tentación presidencial está intacta.
  2. No estaría mal que para que el Presidente López Obrador no ande sufriendo ponchaduras durante sus giras de trabajo, el gobierno de Veracruz le prestara alguno de los 146 vehículos de lujo que se adquirieron durante el año pasado. Qué lejos quedaron aquéllos días en que hasta viajaban en ADO para emular al presidente; qué rápido se acostumbraron a la comodidad y la opulencia.