Aunque la Constitución Política de México ya reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación, continúa el problema de los etnónimos, y por si fuera poco la reforma constitucional presenta “muchas carencias”, señaló la académica del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), Sagrario Cruz Carretero.
Según la encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015, hay un millón 381 mil 853 personas que se consideran afrodescendientes; se trata del 1.2 por ciento de la población del país (705 mil son mujeres y 677 mil hombres). Ésta fue la primera ocasión en la historia de esta nación que se les incluyó en un ejercicio de este tipo del Inegi.
La presencia de la llamada tercera raíz está en todo el país, pero los estados en los que habitan más personas de este sector son: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México.
“Hay un problema de etnónimos, porque la legislación se refiere a comunidades ‘afromexicanas’ –eso dice la aprobación de la ley–, pero hay una discordancia con lo que se estipuló por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que ya reconoce a las comunidades ‘afrodescendientes’.
”Lo que se está pidiendo es que sean ‘afromexicanos’, pero excluiría al grupo de migrantes de reciente llegada –los haitianos– que están refugiados en Baja California, y más recientemente los centroamericanos de origen garífuna que están detenidos en la frontera de Chiapas; también hay africanos.”
De acuerdo con la académica, hay alrededor de ocho mil haitianos en Baja California, además de otros migrantes que han llegado en condiciones no tan violentas como aquéllos.
Recordó también a las poblaciones de afrodescendientes que llegaron en los siglos XIX y XX. Por ejemplo, quienes vinieron para la construcción del Ferrocarril Transístmico que nunca se logró, así como para la explotación petrolera en el norte del estado de Veracruz (en la región de Tamiahua-Tuxpan).
“Para evitar problemas se sugiere ‘afrodescendiente’ y así ser inclusivos con los afrodescendientes que llegaron en reciente migración.”
Sagrario Cruz recordó la Ley aprobada en el segundo semestre de 2019, tras 10 propuestas legislativas que fueron rechazadas. Pero la votada fue de la senadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Susana Harp Iturribarría.
Aunque la propuesta presenta “muchas carencias”, dada la coyuntura política fue aprobada. Se trató de “una iniciativa de ley coja”, pues se colocó el reconocimiento constitucional a los afromexicanos en el apartado C del Artículo 2 constitucional, lo cual significa que se trató de algo meramente nominativo, “no les adjudica y no les da la calidad de sujetos de derecho pleno”.
Lo que se pedía, comentó, era una modificación al Artículo 2 en el cuerpo del texto, que habla de que México se compone de pueblos originarios –que son los indígenas– y pedían que se le añadiera afrodescendientes.
“Esto obligaba a los diputados y senadores a modificar leyes concatenantes; es decir, en todas esas leyes donde apareciera la mención de ‘indígenas’, colocar también ‘afrodescendientes’. Entonces, ahora sólo quedó nominativo en el apartado C, por eso es coja y no les da aún los derechos plenos a esa población.”
Actualmente, aclaró, está en interpretación de “equiparabilidad”, pero bien es posible negarse a que este concepto se aplique, por ejemplo, para el respeto de tierras comunales o de los recursos naturales. “Esto queda a la interpretación de legisladores”.
No obstante, la académica de la UV citó que ya se habla de que continuarán las movilizaciones, para que se modifique la ley y así lograr que la comunidad afrodescendiente sea sujeto de derechos plenos.
UV/Karina de la Paz Reyes Díaz
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