No obstante que en su primera audiencia, el pasado 3 de enero, Genaro García Luna se declaró «no culpable», ahora ha trascendido que en un documento conjunto publicado este lunes en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, tanto los fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos como el ex secretario de Seguridad Pública y sus abogados aseguran haber iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo judicial en torno a los tres cargos criminales por narcotráfico y otro más por mentir bajo juramento al llenar una solicitud de ciudadanía estadounidense, por los que el ex jefe policiaco mexicano fue arrestado el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas.
La estratagema legal a la que García Luna ha decidido recurrir debió poner nerviosos a ex funcionarios federales y ex gobernadores que pudieran ser implicados por sus complicidades con grupos de la delincuencia organizada si es que finalmente, para evitar su juicio, el súper policía del calderonismo accede a cooperar con las autoridades estadounidenses en su lucha contra los cárteles del narcotráfico en México, a los que en noviembre del año anterior el presidente Donald Trump amagó con catalogarlos como «terroristas» para combatirlos.
En el caso concreto de Veracruz, García Luna debe saber muy bien cómo es que esta entidad se fue descomponiendo a grado tal que hasta ahora la violencia e inseguridad han resultado incontrolables.
Y es que primero como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en el sexenio del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), y luego como poderoso secretario de Seguridad Pública en el régimen presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), García Luna debió poseer información privilegiada acerca de los cárteles del crimen organizado que se arraigaron y fueron solapados en la entidad veracruzana por los gobernantes priistas en turno.
Por ejemplo, en la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004) operó en la entidad el narcotraficante Albino Quintero Meraz, detenido por el Ejército y la PGR hasta mayo de 2002.
Quintero, alias «Don Beto», era aliado de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, y de Ismael «El Mayo» Zambada, compadre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, con cuya organización criminal, el Cártel de Sinaloa, vincula ahora el gobierno de Estados Unidos a García Luna por la presunta protección que le brindó durante el sexenio calderonista.
Pero Quintero Meraz se había establecido en Veracruz desde la administración del ex gobernador salinista Patricio Chirinos (1992-1998), cuyo hombre fuerte, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en el sexenio de Vicente Fox se hizo amigo de García Luna, controlaba todas las fuerzas de seguridad pública del estado desde la Secretaría de Gobierno.
Sin embargo, la descomposición de la entidad veracruzana se agravó en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, el sucesor de Alemán Velasco, cuando Los Zetas, el grupo armado del Cártel del Golfo, rompieron con Osiel Cárdenas por su alianza con «El Chapo» Guzmán y decidieron independizarse, disputándole las plazas a la organización de su ex jefe, entre ellas Veracruz.
Luego, en 2011, con Javier Duarte de Ochoa ya en la gubernatura, irrumpieron en Veracruz los autollamados «Matazetas», un supuesto grupo paramilitar que con el presunto aval del ex presidente Calderón, del PAN, habría sido creado con el objetivo de eliminar al grupo de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño en los estados gobernados principalmente por el PRI.
A estos «Matazetas», que posteriormente pasarían a formar parte de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se atribuyó la ejecución de 35 personas cuyos cadáveres fueron arrojados a plena luz del día el 20 de septiembre de 2011 en la concurrida zona comercial y hotelera de Boca del Río, la cual estaba acordonada por el Ejército y policías federales ya que al día siguiente se realizaría ahí la Reunión Nacional de Procuradores, encabezada por la entonces titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez.
¿Qué tanto sabe de esto García Luna?