Veracruz cumplirá tres años sin la actualización del registro público de personas desaparecidas, lo que violenta el acuerdo 02/2017 que firmó la propia Fiscalía General del Estado y se publicó en la Gaceta General del Estado.

El 19 de enero del 2017, el Fiscal Jorge Winckler fue parte de los acuerdos del plan de acción de gobierno abierto para abrir los datos públicamente por primera vez.

Eran los desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte: En total 2 mil 381 personas desaparecidas de 2017 a 2019. En total 5 mil 971 denuncias, 3 mil 223 personas aparecieron con vida, y 367 sin vida.

En agosto de 2017, en un comunicado oficial, la Fiscalía amplió la información y dijo que al hacer una revisión de los archivos y carpetas encontró 1 mil 200 denuncias que se reportaron, es decir, en total había 3 mil 600 denuncias.

En ese documento, el fiscal señaló: “Lo que esta administración ha hecho es, en un ejercicio de transparencia y apertura, informar el número real de denuncias por personas desaparecidas, que constituye un prerrequisito básico, para la implementación de políticas públicas adecuadas para atender dicho fenómeno. Parte de la convicción de que la sociedad tiene derecho a saber de la magnitud de lo ocurrido durante las últimas dos administraciones”.

Sin embargo, la Fiscalía no volvió a realizar una actualización del portal, ocultando así las cifras de personas desaparecidas durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En febrero de 2017, 29 fiscales de distrito y 95 fiscales investigadores pidieron claves de acceso para ingresar, modificar o consultar la información de la plataforma informática.

El registro público de personas desaparecidas buscaba coadyuvar en la localización de las personas reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General, a partir de la denuncia de desaparición y en el cual se publicarían datos como: Fotografía, nombre, sexo, edad, estado, lugar y fecha del extravío, descripción física de la persona

El acuerdo no es nuevo, hay un compromiso desde 2011, a través del acuerdo 25/2011, para crear un sistema de registro único de personas desaparecidas, que no se cumplió.

Con la llegada de la encargada de despacho de la Fiscalía General, una nueva esperanza surgió.

Verónica Hernández señaló en entrevista de su compromiso para actualizar la plataforma y dijo que lo estaría trabajando con los colectivos de familias desaparecidas.

Hernández llegó en septiembre del 2019, y a cuatro meses aún no hay fecha clara para la actualización de la plataforma.

Al solicitarle vía transparencia los registros, se informó que en 2017 se iniciaron 276 investigaciones por desaparición y en 2018, 974, es decir, 1 mil 250 denuncias, sin embargo, se negó a detallar cuántas de estas persona fueron localizadas vivas, y cuántas muertas.

La plataforma tenía como finalidad incluir estadísticas confiables de personas desaparecidas, y localizadas, al mayor grado de desagregación posible, y en formatos abiertos que permitan establecer patrones de ocurrencia de la desaparición, cuyo conocimiento propicia el diseño de políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir investigar sancionar y erradicar las desapariciones, según consta en la gaceta.

Funcionarios incumplen un deber legal

Yolli García, comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), advirtió que Jorge Winckler hizo obligatorio el compromiso de realizar el registro de personas desaparecidas, lo que podría generar sanciones funcionarios por incumplimiento de un deber legal.

“Nosotros hemos impulsado que se actualice, que haya nuevos registros pero no tuvimos eco, cuando llega la nueva administración de inmediato pedimos audiencia con la nueva fiscal, y no hemos tenido aun una reunión de trabajo”, dijo.

En reiteradas ocasiones se ha requerido a la Fiscalía, a través de solicitudes de transparencia, los datos, pero la respuesta es referir al portal web que tienen cifras desactualizadas desde 2016.

Por este tema, en junio de 2019 el IVAI obligó la Fiscalía a actualizar el registro público de personas desaparecidas y el formato correspondiente a la obligación de transparencia, sin embargo, el llamado se ignoró.

Yolli señala que la Fiscalía incluso ha sido amonestada y apercibida por no cumplir con esta obligación de transparencia. Y se informó de esta negativa reiterada a la contraloría interna, que sí podría llegar en su caso hasta la destitución de un funcionario por incumplir un deber legal.

“La publicación del registro es una deuda que tenemos con los desaparecidos. La posibilidad de que ellos cuenten con herramienta donde pueda subir y consultar la información para que sea fácil de localizarlos e incluso ir más allá proponemos bases de datos de la información de fosas clandestinas”

AVC/Flavia Morales