Cuando en mayo de 2019 Carlos Quiroz Sánchez recibió el nombramiento como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz, nunca pensó que enfrentaría tantos problemas en términos presupuestales.

Al darse a conocer el presupuesto que ejercerá dicho organismo autónomo en 2020, comenzaron los problemas derivados de la insuficiencia de recursos para que el SEA cumpla con su objetivo.

Este año, la instancia ejercerá recursos por 18 millones 500 mil pesos, un poco menos que lo aplicado en 2019, cuanto contó con poco más de 19 millones.

Recordemos que el SEA solicitó para 2020 un presupuesto de 36 millones; sin embargo, el Congreso apenas aprobó un poco más de la mitad, por lo que ya se habla de un riesgo de asfixia presupuestal que obligaría a una política de restricción en el gasto que va mucho más allá de la austeridad.

El Sistema no contará con recursos suficientes para operar y para desarrollar una política eficiente de trabajo.

Recordemos que el año pasado, ante el recorte en el presupuesto, el SEA despidió a 28 trabajadores; y además, a quienes se quedaron en esas oficiones se les redujo el salario.

Quienes están familiarizados con el Sistema saben perfectamente que ese organismo autónomo no cumplió el año pasado con los términos de la política nacional anticorrupción, que establece 60 prioridades que deben cumplir los estados y municipios.

Sin recursos, el Sistema Estatal no estuvo en condiciones acatar las disposiciones porque 19 millones de pesos no fueron suficientes.

Las 60 prioridades de la política nacional anticorrupción consignan 4 ejes: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, involucrar a la sociedad, y fortalecer las interacciones gobierno-sociedad.

Este año, con una nueva reducción presupuestal, el Sistema podría enfrentar mayores problemas que en 2019.

En unos días, probablemente en un par de semanas, el Comité de Participación Ciudadana que preside Emilio Cárdenas Escobosa anunciará los términos, la estrategia, los ejes y las acciones comprendidas en la Política Estatal Anticorrupción.

En cuanto a programas y definiciones, se trata de un proyecto sumamente avanzado; el problema es que el Sistema Estatal Anticorrupción no está en condiciones de su ejecución, dado que los 18 millones y medio presupuestados son insuficientes para el desarrollo, por ejemplo, de la plataforma digital planteada o para la creación de sistemas municipales o distritales.

Cárdenas Escobosa ha comentado que con la reducción al presupuesto, el SEA sólo podrá operar durante 5 meses; el resto del año, quienes integran el Sistema tendrán que simular, porque no habrá dinero ni siquiera para cubrir lo más indispensable del gasto.

Ese será en 2020 el mayor reto que enfrente el secretario ejecutivo Carlos Quiroz Sánchez: convencer a los poderes Ejecutivo y Legislativo para lograr una ampliación presupuestal; si no lo consigue, tendrá pocas opciones: el Sistema podría adelgazar la nómina una vez más; es decir, reducir salarios como ya ocurrió en 2019; despedir a más trabajadores; o bien simular el cumplimiento de sus obligaciones en materia de combate a la corrupción. Esto último es el mayor riesgo para Veracruz: que su sistema estatal no funcione, que  implemente acciones insuficientes o nulas en esa materia; o que sus integrantes se resignen  a la muerte por inanición del SEA. @luisromero85