Este año, en Veracruz se cometieron 46 mil 793 delitos; de esa cifra al menos mil 969 son homicidios y 285 secuestros, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Algunos de estos delitos ha ocupado espacios en la agenda mediática por su relevancia o incluso por las disputas que se han generado entre el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta ahora, la mayoría de ellos siguen impunes.

En mayo de este año, la usual tranquilidad de la localidad de Tuzamapan, en el municipio de Coatepec, fue interrumpida por el ataque armado a vendedores de limón que dejó como saldo 10 personas heridas y cinco muertos.

Al menos 12 personas encapuchadas, que viajaban en dos calientas de lujo, se pararon frente al puesto ambulante de limones y rafaguearon a los presentes. El ataque terminó con la vida de Óscar Alberto Suárez Fernández, Aldo Martínez Jiménez, Miguel López, Manuel Lara Santa María y Manuel Casas Jarvio.

Sobre este caso, el entonces fiscal general Jorge Winckler Ortiz, informó que participaron al menos cuatro tiradores con armas largas y cortas y que entre los involucrados había quienes ya habían participado en otros hechos como la privación de la vida de Fernando “N”, en la calle 7 de la colonia Ferrocarrilera el pasado 24 de abril en Xalapa.

En los delitos actos descritos usaron el mismo vehículo tipo Aveo que se usó en la agresión de Tuzampan. Además, dijo que estarían también relacionados con la ejecución de José Eulogio ocurrido en la colonia Nogales de Xalapa, en donde se usó un automóvil tipo Jetta y una camioneta CVR Honda que se usó en el ataque de Coatepec.

Por esta razón, el Fiscal ofreció 2 millones de pesos de manera separada para quien aporte información sobre dos de los integrantes de esta célula de quienes no tiene nombres pero sí descripciones.

“Se ofrece de hasta un millón de pesos a quien proporcione información para la localización, detención o aprehensión de esta persona y se puede hacer al teléfono 012288178201 o al correo recompensas@nullfiscaliaveracruz.gob.mx”.

Winckler Ortiz agregó que en el caso de Tuzamapan se hallaron en el lugar 115 casquillos; 69 calibre 9 milímetros, 22 del .156, siete más de calibre .223, entre otros.

Narró que el 16 de mayo las personas armadas descendieron de dos vehículos y dispararon en contra de civiles en calle Justo Sierra de esa localidad, en donde se encontraba en un puesto de venta de limones.

Recientemente, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, informó la detención de una persona y otra más identificada en el caso del multihomicidio ocurrido en Tuzamapan, y añadió que existe vinculación entre éste y el asesinato de dos jóvenes en una barbería ubicada en la unidad habitacional Agua Santa II.

Caballo Blanco, crimen sin justicia

El pasado 27 de agosto, un comando armado atacó el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, dejando como saldo la muerte de 30 personas, debido a que ese día los presentes fueron baleados por delincuentes que además cerraron las entradas del bar al que le prendieron fuego.

En este caso, el gobernador Cuitláhuac García, salió a asegurar apenas unas horas después del ataque que uno de los implicados en este hecho es Ricardo “N”, conocido como “La Loca”.

Dijo que este hombre había sido detenido en julio pasado por ser el presunto responsable de algunos incendios a locales, pero fue liberado en menos de 48 horas, por lo cual culpó a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el entonces fiscal general Jorge WInckler Ortiz negó que hubiera datos para relacionarlo. Dos días después ocurrió su remoción del cargo.

Incluso, Ricardo «N» utilizó las redes sociales deslindarse de los hechos y acusó que fue víctima de elementos federales, a pesar de que ha sido detenido y relacionado con un grupo de la delincuencia organizada.

El caso ha estado en un “velo” de suposiciones que van desde un posible “cobro de piso” por parte de grupos delincuenciales hasta un posible acto de terrorismo y por lo cual el caso fue atraído en agosto pasado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Después de ello, no se ha dado mayor información aunque el gobernador veracruzano ha insistido en que “por lo menos hay un detenido”. Recientemente, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) reanudó las labores de investigación en esta zona, pues acudió personal a realizar pesquisas en este comercio, ubicado en la avenida Román Marín, entre Constitución e Independencia.

Masacre en Minatitlán

El 19 de abril un comando armado irrumpió en la fiesta por el cumpleaños número 52 de Fluvia en la palapa Los Potros, en la colonia Obrera de Minatitlán, y disparó contra los presentes.

Los delincuentes iban por Julio César González Reyna, “La Becky”, una mujer transexual que asistió a la fiesta, y que murió en ese lugar junto con otras 12 personas, incluidas un bebé de un año.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas, pero sólo una fue vinculada a proceso por ese crimen. Tras el ataque, la Fiscalía General de la República anunció el bloqueo de cuentas de personas físicas y morales, presuntamente vinculadas con estos hechos.

Posteriormente, el 5 de mayo, fue detenido Ernesto “N”, alias “El Mingo”, hermanos de Jesús “N”, El Lagarto, a quien se le identifica como el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue detenido cuatro días después en Campeche, por delitos diversos.

En este caso también ocurrió una confrontación entre el Gobierno de Veracruz y el entonces fiscal Jorge WInckler pues se le reclamó no haber detenido a “El Lagarto”, pero este respondió que no había elementos para inculparlo a este hecho.

Esto derivó en una denuncia penal contra el fiscal por parte del secretario de Gobierno, Eric Cisneros y el de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, por ocultar órdenes de aprehensión y “proteger” a delincuentes.

La Fiscalía, entonces aseguró que el crimen se debió a una disputa entre grupos delictivos y ofreció una recompensa de 500 mil pesos por Sergio Enrique Calderón Quintanilla, alias “El Cursi”, supuesto involucrado en estos hechos.

Pese a ello, hasta ahora solo Adrián “N”, alias “El Pelón”, es el único vinculado a proceso por la ejecución de las trece personas en Minatitlán. Hay que destacar que hace unos días circuló un video de un hombre que apareció colgado en un puente del sur del esto.

En el video, el hombre confesó su presunta participación en la masacre de Minatitlán; sobre el tema, la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, aseguró que este hecho ya se investiga.

“Desde luego se abre la carpeta como cualquier suceso y se está llevando a cabo la línea de investigación. Es una carpeta que existía, se está llevando a cabo la investigación del suceso de ayer que fue a las dos de la mañana, obviamente da lugar a otra investigación relacionada con la carpeta que existía”, explicó.

Se esfuma familia sin dejar rastro

El pasado 18 de noviembre, cuatro miembros de una familia desaparecieron en el municipio de Isla. Se trata de Heriberto Ortiz Santos, de 56 años de edad; su esposa María de Jesús Octavo González, de 49 años; sus hijos Daniela del Carmen Ortiz Octavo, de 23, y Carlos Alberto Ortiz Octavo, de 25.

Los vecinos reportaron que hombres armaron llegaron abordo de una camioneta negra y un coche blanco hombres, forzaron la entrada de la vivienda, sacaron a sus integrantes y esa fue la última vez que los vieron.

Sobre estos hechos, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que el caso estaba en manos de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía de Veracruz y la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), pero que no se podía hablar de un secuestro.

«No podemos decir que se trata de un secuestro, es un proceso en el que están revisando bajo que condiciones se dio, porqué razones, si es secuestro o alguna otra cosa pero no puedo dar más datos porque cuidamos la integridad de las personas».

También evadió contestar si se le ha brindado protección a una más de las familiares que aún permanece en espera de saber sobre sus padres y hermanos.

“No quisiera hacer más comentarios precisamente para evitar el alertamiento sobre las tareas que estamos haciendo”.

Pese a ello, las autoridades no han dado a conocer si la familia fue encontrada, en qué condiciones o si hay detenidos por estos hechos.

Barredora de Ixtaczoquitlán

La desaparición de siete comerciantes en Ixtaczoquitlán ocurrió el 8 de octubre, tras ello, familias de otras personas desaparecidas denunciaron la existencia de desapariciones “masivas” a manos de policías municipales y estatales.

Esto debido a que 13 personas fueron privadas de su libertad en un lapso de 18 días; el punto en común es el establecimiento de retenes policiacos en donde son detenidas las personas.

Se trata de Jorge Alducin, de 45 años; Ricardo Montesinos Núñez, 20 años; Daniel García Reyes, 25 años; Humberto Gil García, 32 años; Jorge Obet Reyes Flores, 41 años; y los esposos: Joel Reyes Flores y Luisa Carrera Valdés, de 43 y 30 años de edad, respectivamente.

Cuatro de ellos: Joel, Ricardo, Daniel y Humberto partieron del municipio de Camerino Z. Mendoza, a bordo de una camioneta tipo Van, color blanco, alrededor de las 13:00 horas del sábado 26 de octubre, con dirección a Fortín de las Flores, descargaron la mercancía en una bodega del municipio de Fortín y estacionaron el vehículo frente al negocio de Joel Reyes; posteriormente pidieron un taxi que los regresaría a su domicilio.

Todos habrían sido detenidos por elementos municipales sobre la carretera federal, en el parador denominado «La Quebradora», luego se dijo que pudieron obtener su libertad tras haber pagado una multa.

Pese a ello, una vez que fueron sacados de los separos por amigos suyos, fueron detenidos en las camionetas en que viajaban a punta de pistola; el taxista logró escapar de sus captores y se lanzó a unos cañaverales.

El caso generó incluso una manifestación que incluyó el cierre de carreteras por parte de los familiares de personas desaparecidas para ser atendidas por las autoridades.

Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado informó que fueron detenidos dos policías municipales y uno más tiene orden de aprehensión en su contra que no ha podido ser ejecutada.

Los policías habrían detenido a los vendedores de los cuales nada se sabe; y se dice que el prófugo podría tratarse del comandante de la policía municipal, Octavio Pérez, a quien los familiares de los desaparecidos señalan como responsable.

La tensión en este caso llevó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a reunirse con los familiares; sin embargo, la intención del Ejecutivo con los familiares de los tianguistas desaparecidos y no con el resto, por lo cual los colectivos abandonaron la reunión en Orizaba y hasta ahora no se ha reprogramado la reunión.

Violencia contra activistas

El 30 de marzo, los veracruzanos amanecieron la noticia del asesinato del integrante del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesem) y acompañante de colectivos de desaparecidos en Veracruz, Abiram Hernández Fernández.

Su cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio en la colonia Arboleda del Sumidero en Xalapa; las huellas que dejó ver mostraron que había sido golpeado hasta su muerte.

Tras su muerte, grupos de activistas, defensores de los derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, salieron a las calles de demandar justicia pronta y expedita para Abiram y su familia.

La Fiscalía señaló que en la escena del crimen no se usaron armas de fuego, pero que otras piezas del inmueble estaban manchadas de sangre; esta fue prácticamente la única información que se dio a conocer sobre el caso, ya qye los familiares pidieron secrecía.

Se sabe que el cuerpo fue hallado con golpes en el rostro y que posiblemente su muerte se debió al golpe dado con un objeto contundente.

Sobre esto, el activista por los derechos de la comunidad LGBTTI, Benjamín Callejas, tras una reunión con autoridades del a Fiscalía, la línea de investigación se centra en un crimen de odio, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

Apenas en noviembre pasado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, acusó que la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, de omitir información en la carpeta de investigación, por lo que no descartó que se presente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Hubo cierta recopilación de información en su momento y no fueron incorporadas en la carpeta de investigación y puede haber responsabilidades contra los que integraron en su momento el inicio de esa carpeta, hubo omisiones y habrá que revisarlos, hay una posibilidad de que esto se atraiga por parte de la Fiscalía Anticorrupción”, dijo durante entrevista.

Policías acusados de ejecución extrajudicial

El 27 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y un presunto grupo armado en la localidad de El Dorado, municipio Zempoala, del cual resultaron tres muertos y una persona herida

De esos hechos salió vivo Leonardo Cruz Vargas, a pesar de que recibió un balazo en la cabeza y en el hombro; el hombre había acudido a una casa de esa zona para montar un aire acondicionado y estando en la azotea escuchó que uniformados irrumpieron en la vivienda.

Segundos después inició la agresión a balazos de los policías, que más tarde dirían repelieron un ataque; en los medios las imágenes de tres personas personas tiradas en el suelo dejaban ver que estaban vestíos con uniformes y botas tipo militar, sostenían o tenían cerca de sus manos armas largas, rifles de asalto.

Pese a ello, Leonardo negó que existiera un enfrentamiento y que, por el contrario, todos los que se encontraban en la vivienda fueron obligados a ponerse esa ropa y luego fueron ejecutados, hincados y con el rostro tapado.

Él corrió con suerte porque sobrevivió para denunciar la simulación de la SSP al señalar que en el enfrentamiento fueron decomisadas nueve armas largas y una corta; tres armas cortas de postas; 18 cargadores para armas largas abastecidos con 30 cartuchos cada uno; una caja con 17 cartuchos útiles calibre 45 mm; siete chalecos balísticos; cuatro bolsas con cartuchos .223; una caja con cartuchos 38 súper; tres esposas metálicas; tres cascos Kevlar; un par de rodilleras, un radio portátil y una camisola verde con las siglas de grupo delictivo.

La denuncia de Leonardo no fue la única, un día después Roxana Contreras denunció que su esposo, de oficio albañil, estaba en calidad de desaparecido, y culpó a los elementos de Fuerza Civil por ello. Esto porque mostró fotografías del presunto enfrentamiento en el que se observa al albañil esposado.

Pese a ello, dos días después, el 29 de marzo, su esposo fue localizado muerto en los servicios forenses de la ciudad de Xalapa, por lo que acudió a la Fiscalía General a presentar una denuncia por estos hechos.

Por estos hechos, la Fiscalía General del estado, entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, solicitó girar órdenes de aprehensión contra elementos policiacos, pero acuso que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, no los puso a disposición de la Policía Ministerial.

La respuesta del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, fue que era lamentable que no se procediera en contra de quienes participaron en estos hechos, pero negó que el operativo fuera un montaje y acusó a la Fiscalía de no incluir los reportes policiales en su carpeta de investigación.

Incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que habría una investigación contra estos elementos y que algunos incluso fueron cesados, y que la Fiscalía no necesita una autorización de la Policía para arrestar a una persona.

“Sí, hubo policías cesados, acuérdense que ya hubo unos eventos donde se demostró que los policías estaban actuando de manera equivocada, y se actuó, en Zempoala (…) estamos esperando a que las investigaciones avancen”, señaló en ese momento.

A casi nueve meses de estos hechos, no ha habido resolución por estos hechos, tampoco se ha informado sobre la detención de alguno de los implicados.

Homicidio de diputado del PRI sigue impune

El pasado 9 de noviembre, el diputado local priista Juan Carlos Molina Palacio fue asesinado en el interior de su rancho Santa Rosa, en el municipio de Medellín de Bravo.

El priista se encontraba dentro de su camioneta cuando un comando llegó y lo rafagueó; su cuerpo quedó tendido en el asiento del conductor.

Desde el Congreso local, se aprobó la conformación de una Comisión especial para darle seguimiento a este caso, integrada por Jorge Moreno Salinas como presidente, Alexis Sánchez García como secretario, mientras que los diputados José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales fungirán como vocales.

Hasta ahora, la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, ha señalado qué hay avances, pero no ha dado a conocer la línea de investigación en este asesinato del líder campesino.

A esto se suma el asesinato del ex alcalde de Omealca y ex líder de la Confederación Nacional Campesina, Pedro Muñoz Mora, así como el asesinato del ex alcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, que fue agredido a balazos a unos pasos del Palacio Municipal.

En este caso, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dijo que la Fiscalía investiga todas las líneas posibles, incluida la del cacicazgo que ejercía en la zona, pues dijo que aunque por sí mismo esta práctica no es un delito, la forma de llevarla a cabo podría serlo.

Hasta ahora en ninguno de los casos antes señalados se ha dado a conocer la detención de alguna persona.

Alcaldesa de Mixtla es asesinada junto a su esposo

Uno de los casos más sonados durante este año fue el asesinato de la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén Zopiyactle y su chofer el pasado 24 de abril, cuando un comando armado atacó el vehículo en viajaba.

El crimen desde el inicio se dijo que tenía motivaciones políticas debido a que la alcaldesa, de apenas 26 años, llegó a la alcaldía como una forma de que el matrimonio de María Angélica Méndez y Ricardo Pérez Marcos, mantuviera el poder, respetando las cuotas de género en las elecciones municipales.

El plan era que una vez llegada a la alcaldía, la joven se separara del cargo y en su lugar lo asumiera el síndico Ricardo Pérez; sin embargo, ella se negó y entonces comenzó a recibir amenazas de muerte.

El 19 de diciembre de ese año, Maricela denunció haber sido amenazada y obligada a renunciar a su cargo para lo cual le fueron ofrecidos 300 mil pesos por parte de la familia Pérez Méndez. La noticia se dió a conocer luego de que su tío, el profesor Manuel Orea Méndez fuera acribillado en Tlilapan el 15 de diciembre de ese mismo año. En esa ocasión señaló que también integrantes de su equipo eran víctimas de amenazas. Tiempo después, apenas cuatro meses después de los mensajes fue asesinada cuando viajas en un camino de Los Reyes.

Tras el asesinato, la Fiscalía General detuvo primero a Ricardo “N” y luego a su esposa María Angélica por el delito de homicidio doloso. Cabe destacar que por este hecho también iba a ser detenido el ex comandante de la policía municipal Primitivo Islas; sin embargo, el día de su detención los elementos de la Policía Ministerial dieron cuenta de que había cometido suicidio.

Primitivo fue hallado sin vida en su domicilio cuando elementos de la Policía Ministerial acudían a detenerlo por ser el presunto autor material del crimen en contra de Maricela Vallejo, su esposo y su chofer.

Ahora, el matrimonio conformado por María Angélica Méndez y Ricardo Pérez están detenidos por su propable participación en los homicidios múltiples antes descritos, pero hasta ahora el proceso continúa.

AVC/Perla Sandoval

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