Colectivos de familiares de personas desaparecidos condenaron la liberación del ex director de la Fuerza Civil durante el Gobierno de Javier Duarte, Roberto González Meza, así como de 13 policías, imputados por el delito de desaparición forzada
Entrevistadas de manera separada, algunos activistas y familiares indicaron que esto comprueba que existe una tardanza en los juicios que permiten este tipo de acciones. Mientras otros, indicaron que esto es muestra de un pacto entre los ex Duartistas y el actual Gobierno del Estado.
En 2017, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 en contra de tres ex mandos policiacos y 16 policías por desaparición forzada de 15 personas en 2013, ahí se reveló que el entonces Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, creó cuerpos de élite que servían para detener civiles, presuntamente sospechosos de ser criminales.
La estructura de desaparición forzada en Veracruz quedó registrada a través de tarjetas informativas donde los policías estatales y ex mandos policiacos daban constancia y se informaban de las detenciones, interrogatorios y entrega de detenidos.
En la cadena de mando estaban involucrados el ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.
Los detenidos y desaparecidos fueron 12 hombres y dos mujeres, todos entre 17 y 23 años, los cuales eran intervenidos en diversos puntos de Xalapa, como sospechosos ser halcones, o estar vinculados al grupo criminal de los zetas.
Las detenciones nunca se registraron oficialmente ni fueron notificadas a la autoridad correspondiente. El 6 de febrero del 2017, se giró una orden de aprehensión en contra de 31 mandos policías y policías, de los cuales la FGE logró la aprehensión de 16 policías en activo, el ex director de la fuerza civil, Roberto González Meza, además del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el ex director de prevención y reinserción social, Oscar Sánchez Tirado.
Hay impotencia y coraje: Belem González
La vocera del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Belem González Medrano, dijo que la decisión de la jueza Ludivina García Rosas da un mal mensaje de que en Veracruz hay una mala impartición de justicia.
«De los males es el peor porque esto ocurre desde arriba, ya van saliendo todos… (la desaparición) es un crimen de lesa humanidad, un delito de alto impacto, en tratados internacionales firmados por México se ha establecido que la desaparición forzada es un delito grave».
La activista dijo que la liberación de Roberto González pone de manifiesto la falta voluntad de los tres niveles de Gobierno, porque dijo «es algo que se veía venir».
«Los tratos se cumplen, eso es lo que se está viendo, deja mucho qué desear. Hay mucha impotencia, mucho coraje porque esto no puede pasar».
Además, advirtió que esto sienta un mal precedente porque hay más policías detenidos por otros casos y no se puede esperar a que pase lo mismo.
El 7 de febrero del 2018, Roberto González fue detenido en el estado de Quintana Roo y permaneció un año 10 meses preso en el penal de Pacho Viejo, acusado de delito de desaparición forzada. Sin embargo, este 25 de diciembre, logró su puesta en libertad, a pesar de que se le señala de haber formado parte de un grupo de élite que servía para exterminar civiles, presuntamente sospechosos de ser criminales.
Hay poder, dinero y favores tras la liberación, dice Fabiola quien busca a su hijo
Sobre el cambio de medida cautelar, la activista Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado, desaparecido el 16 de marzo de 2014, señaló que además de que la liberación es una muestra de impunidad, no se ha pensado en los familiares de las víctimas, que requieren protección porque el ex mando policiaco está involucrados en la desaparición de al menos 12 hombres y dos mujeres, todos entre 17 y 23 años.
«Debería ser un caso serio y dictar medidas de protección a los familiares porque son personas peligrosas, no se juegan con ellos, tantas cosas que hicieron, están implicados en el tema de la barranca La Aurora (donde hay encontrado restos de personas humanas) y es terrible».
Fabiola Pensado consideró que la jueza debió analizar no sólo la integración de la carpeta sino los delitos por los que se les acusan dado que «han hecho un daño grave y es posible que lo sigan haciendo».
«Eso lo tuvo que haber hecho alguien que no tiene ni corazón, no conciencia ni nada en su persona; es terrible llegar hasta abajo y ver cuántos restos hay, a pesar de que la Fiscalía ya había ido. Se deben tomar en serio las medidas de protección».
Y cuestionó por qué la justicia no llega para ellos ya que interpretó que la decisión de que sigan su proceso en libertad es el adelanto de que los van a dejar libres.
«Me da mucha rabia porque entiendo que deben revisar las carpetas de investigación para ver que todo esté bien integrado, pero también deben poner esa parte de humanidad y ver que hicieron muchísimo daño, todo está claro, son culpables. No es que sea un caso aislado, se ha comprobado que lo hacían, entonces por qué no revisar mejor».
Sobre las medidas de protección para los familiares de las víctimas, señaló que ya la han solicitado para este y otros casos pero que la respuesta es siempre la misma.
«Dicen que todo es un mecanismo, volvemos a la burocracia, al trámite, dicen que no hay personal, pero creo que dadas las circunstancias deben tomar en serio esto las autoridades y activar los mecanismos de protección porque si no estamos en riesgo».
Además, consideró que en este cómo en otros casos está envuelto en temas de dinero, poder, favores.
«En el mejor de los casos uno dice que (los jueces) se venden, pero creo que todo el sistema está mal porque a alguien le deben favores, yo no me lo he logrado explicar. Sí, a veces he llegado a pesar esta parte de los favores, de pactos que hacen porque de otra forma no logro comprender y se lo hemos recalcado al Gobernador, a la Fiscal, sobre estos pactos para que no se lleven a cabo, que revisen y vean la magnitud del asunto, pero creo que nuestra voz no se escucha lo suficiente para que ellos hagan las cosas como debe ser y dejen de poner en riesgo a más personas».
Liberaciones ponen en evidencia impunidad: Solecito
Por su parte, la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, señaló que es deplorable porque no hay sentencias y en lugar de eso el periodo de la prisión preventiva se cumple y son liberados.
«Lo que uno quisiera ver son sentencias, no que salen a seguir sus procesos en libertad. La prisión preventiva caduca, estos fiscales que tenían el caso en las manos debieron lograr una sentencia. Lo que no se explica es por qué en casos como estos tan severos no se acuda a sacar una condena porque debería ser una norma para no dar tiempo a que puedan liberarlos».
Cuestionada sobre la posibilidad de que exista algún pacto entre los ex duartistas y los morenistas que les ha permitido librar la cárcel a ex funcionarios, dijo que más allá de eso pone en evidencia que hay impunidad.
«No sé de pactos, no me atrevo a hacer conjeturas de ese tipo porque tendría que probarlo, pero sé que la impunidad no abona a nada bueno y que es deplorable, terrible porque no fue cualquier cosa lo que llevaron a cabo esos policías, fue desaparición forzada».
Por ello, consideró que es importante que en México los paradigmas cambien, no sólo en Veracruz, para que la impunidad se elimine de tajo.
Además, demandó que no se ponga en cargos de Fiscalía a personas inexpertas pues dijo que lo que causan son este tipo de acciones que no abonan a dar justicia a las víctimas y sus familiares.
«Estos procesos chapuceros es lo que causan, poner gente que no está capacitada como en la administración pasada y no quisiéramos que en esta siguiéramos incurriendo en lo mismo».
AVC/Perla Sandoval