Además de haber sido implicados ambos con Joaquín «El Chapo» Guzmán –uno por la sospechosa fuga del capo del Cártel de Sinaloa del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, y el otro por la protección que le habría dado al narcotraficante como secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, por lo que está por ser juzgado en una Corte federal de Nueva York–, entre el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el ex súper policía calderonista Genaro García Luna existían otras afinidades que dejaron entrever a finales de octubre de 2006, casi un mes antes de que iniciara la cuestionada administración presidencial del michoacano, durante su participación como ponentes en la conferencia «La institución policial en México, algunos retos para su modernización», organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Para Yunes, entonces subsecretario de Seguridad Pública (SSP) federal, y García Luna, a la sazón director general de la Agencia Federal de Investigación (AFI), era indispensable reconocer la labor de los agentes policiacos y crear una policía unificada que coordinara el gobierno federal; en cambio, para Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública del gobierno perredista del Distrito Federal, lo esencial no era obtener una imagen del policía como amigo de la sociedad, sino que las autoridades reconocieran que el narcotráfico «está ganando la guerra a las policías», con el propósito de llegar al fondo del problema.

En dicho foro, García Luna se pronunció por redefinir el modelo policial en México, toda vez que –dijo– los agentes son el reflejo de su sociedad. «En México es complicado ser policía, no ocurre como en otros países; está por ejemplo Canadá, donde su policía montada es un orgullo.»

Yunes coincidió en todo lo expuesto por García Luna, aunque agregó que además de la «urgente necesidad» de renovar el perfil del policía mexicano, era indispensable trabajar en mejorar la coordinación con todas las policías (federal, estatal y municipales). «Se requiere cambiar esa idea de que tenemos una policía execrable; necesitamos una policía profesional y eficiente, bien capacitada; la posibilidad de unificar la policía es ahora labor del Legislativo.»

El punto que en esa ocasión desató el debate fue el tema de las reformas legislativas que requería el sistema de seguridad pública para ser eficaz.

García Luna y Yunes indicaron que las reformas en la materia que por ese entonces eran analizadas en el Congreso de la Unión, y que fueron propuestas durante la gestión del presidente Vicente Fox debían ser revaloradas por la LX Legislatura y por el próximo presidente, Felipe Calderón. Los dos pidieron mayor presupuesto para «el combate a la delincuencia».

Entrevistado luego de su participación, Ortega declaró que «en este foro (Yunes y García Luna) me confirmaron el dato de que la Federación está preparando crear una entidad policial supraestatal, por encima de lo estatal, y con eso minar la gobernabilidad de Marcelo Ebrard»,  quien acababa de ser electo como Jefe de Gobierno del DF.

«Fue por eso que externé en la mesa que, junto con diputados del PAN, el gobierno federal está preparando un ‘caballo de Troya’ para restar margen de actuación a Ebrard, a lo que nos estamos oponiendo; esto no mejora la policía», puntualizó.

Ahora Ebrard no sólo es el hombre fuerte del gobierno del presidente López Obrador sino que como canciller le corresponderá tramitar ante las autoridades de Estados Unidos la extradición de García Luna.

¡300 ‘aviadores’ en la FGE!

Por cierto, hablando de procuración de justicia… ¡vaya herencia que tras su sorpresiva separación de la Fiscalía General del Estado (FGE) e intempestiva huída dejó Jorge Winckler!

Y es que en un encuentro con medios de comunicación, la encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, reveló sin tapujos la serie de irregularidades que descubrieron en la administración a cargo del ahora prófugo Winckler Ortiz.

Entre dichas anomalías detectadas, Verónica Hernández destacó la existencia de ¡300 “aviadores”!, la mayoría de ellos periodistas, e incluso algunos empleados domésticos, además de otras 400 plazas que no se estaban ejerciendo, así como servidores públicos con sueldos exhorbitantes y el clásico cobro de cuotas a los fiscales regionales.

Según apuntó la ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, los sueldos que recibían los tres centenares de «aviadores» que cobraban en la FGE con Winckler alcanzaban hasta los 50 mil pesos, lo cual se detectó a partir de las auditorías realizadas tras su arribo, en septiembre pasado, al órgano constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia.

Detalló que descubrieron a este personal que cobraba sin laborar mediante la entrega personal, directamente en la Fiscalía, de los cheques de pago a los trabajadores, lo que les permitió identificar a quienes no llegaban a laborar ni a cobrar los sueldos que supuestamente devengaban.

Hernández Giadáns afirmó que ante este desvío de recursos, se determinó proceder legalmente en contra de quien expidió los nombramientos y no vigiló ni actuó ante las evidentes irregularidades administrativas.

Asimismo, la encargada de despacho de la FGE aseguró que ahora será la Visitaduría General la responsable de verificar que todos quienes estén en la nómina de la Fiscalía cumplan realmente con sus labores en el área que les corresponde.