Mientras la mayor parte de los países en el mundo promueven el uso de tarjetas de crédito –lo que genera mayor control financiero, fortalece el comercio electrónico y reduce la evasión fiscal tanto de empresas como de consumidores-, en México lo hacemos al revés. El gobierno pretende imponer una multa a quienes, a través de sus tarjetas de crédito, gasten más de los ingresos que puedan justificar.

De plano son muy brutos o muy perversos. Suponen que gastar más de los ingresos obtenidos puede sugerir lavado de dinero o evasión, cuando en realidad se trata de que los tarjetahabientes encuentran en las tarjetas de crédito una alternativa -por demás riesgosa- para completar sus necesidades básicas de consumo.

Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), más del 49 por ciento de los mexicanos está o ha caído en morosidad; en tarjetas de crédito la morosidad, intereses y castigos alcanza al 16 por ciento de usuarios y en préstamos personales y de nómina supera 16 y 10 por ciento, respectivamente.

Pese a las dificultades económicas del ciudadano común, a partir de abril de 2020 el Sistema de Administración Tributario (SAT) podrá cobrar impuestos y una multa si detecta “discrepancias fiscales” en la actividad de las tarjetas de crédito o débito de los contribuyentes entre sus gastos e ingresos.

Es decir, podrá fincar la figura fiscal cuando el gasto o pago con tarjetas sea mayor a los ingresos declarados a partir de cualquier monto. En caso de que se gaste más de lo que gana -quizá la situación más común- y aún no se pague, también deben comprobarse, de lo contrario el contribuyente se hará acreedor a una multa durante la revisión fiscal.

Si el fisco detecta una discrepancia fiscal, el contribuyente deberá contar con documentos que acrediten los gastos con tarjeta, para lo cual debe llevar un registro básico para que estos no excedan los ingresos declarados. ¡Hágame el favor!

Esto es un despropósito de absoluta ignorancia por varias razones. La primera de ellas es que, como dijimos, la tarjeta se usa muchas veces para completar el gasto o evitar cargar dinero en efectivo. El primero, además de que la necesidad lo obliga a gastar más de lo que gana, tendrá que pagar multas al fisco; el segundo, seguramente dejará la tarjeta en casa y pagará en efectivo.

La segunda cosa que simulan ignorar los voraces tecnócratas de hacienda, es que hay miles de personas que usan tarjetas de crédito y no tienen ingresos, como lo son las esposas y jefas de familia o los hijos que están en calidad de estudiantes y deben sufragar sus gastos. Si bien pueden ser usuarios de una tarjeta adicional, en muchos casos son tarjetas emitidas en una cuenta propia.

Una esposa que se hace cargo del hogar no tendrá forma de justificar cómo es que gasta mucho más dinero del que obtiene. ¿Las personas también tendrán que rendir declaración sobre el dinero que aportan a la casa? En el mismo supuesto están los estudiantes, cuyos ingresos vienen de sus padres y por tanto, también podrían ser sujetos de multa, a menos que se haga un rastro del origen del dinero de su manutención.

No considera tampoco que hay miles de personas que obtienen sus ingresos del comercio informal. En México más de la mitad de los trabajadores (57%) se encuentra laborando dentro del sector no establecido.

La informalidad en el país incluye a todo trabajador que se ocupa en pequeños negocios que no cuentan con los registros legales para operar, a los trabajadores domésticos, a miles de agricultores y campesinos, comerciantes o cualquier empleado que no esté considerado en un régimen de nómina en el que pague impuestos. Todas estas personas –que representan el 22 por ciento del PIB- pueden irse olvidando de tener una tarjeta de crédito.

Y hay cientos de casos, todos los días, donde las personas suelen prestar su tarjeta de crédito a un familiar o un amigo para que realice una compra y éste ir pagando en parcialidades el monto del bien adquirido. En este caso, como en los anteriores, el titular de la tarjeta deberá responder y en caso de que el gasto sea mayor, entonces el SAT puede intervenir cobrando la diferencia de impuestos más una multa. De ese tamaño.

De tal forma, quien gasta más que los ingresos que pueda demostrar, además de ir a parar al buró de crédito –en caso de falta de pago o sobreendeudamiento-, tendrá que pagar multa al SAT. La única consecuencia que esto traerá es que la gente empezará a pagar sus consumos en efectivos, facilitando así el lavado de dinero y la evasión fiscal del comercio, porque bien podría declarar ingresos distintos a los obtenidos.

La ignorancia es osada. El gobierno será el principal promotor del lavado de dinero, la evasión fiscal y el rechazo al dinero electrónico. ¡Vamos pa’ atrás!

Las del estribo…

1.    Esta semana, la última laboral para la mayoría de las dependencias, será crucial para el tema del presupuesto. Las reducciones que ha propuesto el gobierno contrasta con los subejercicios que registran la mayor parte de las dependencias; así mientras los organismos autónomos, por ejemplo, han cumplido con el ejercicio del gasto, pagarán los platos rotos. Muchos de ellos ya no piden más ni que se respete el porcentaje establecido en la ley sino que les dejen lo que tenían. Habrá jaloneo que llegará a los tribunales.

2.    La delegación de la Cruz Roja en Veracruz se ha convertido en un próspero negocio de algunos “empresarios benefactores”; en los hechos, la institución opera como una clínica privada con altos costos y un servicio de mala calidad. Casos de negligencia médica están por estallar, lo que obligaría a la intervención de Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la benemérita institución.