Cuando todavía humean las brasas del asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, hoy medios nacionales y estatales dieron cuenta a primera hora del día de la ejecución del ex presidente municipal de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina. La muerte de quien fuera tres veces alcalde de ese municipio y actual director de Obras Públicas volvió a desnudar la incapacidad, arrogancia y ánimo de revancha de la actual administración estatal.

Antes que condenar el asesinato ocurrido a plena luz del día y garantizar castigo a los responsables, el gobierno estatal adjudicó a Pacheco Molina la responsabilidad de su propia muerte, al sugerir que ésta podría ser resultado de un presunto cacicazgo que ejercía en la zona.

El insensato y hasta criminal mensaje subido a redes sociales dictaba sentencia antes siquiera de iniciar el juicio: “Con respecto al homicidio del Director de Obra Pública del municipio de Paso del Macho, solicitamos a la FGE que se lleve una investigación amplia y exhaustiva que incluya todas las líneas, aún aquellas que tengan que ver con la presunción de que ejercía un cacicazgo en la zona”.

Con ello, el gobierno no sólo intentó eludir la responsabilidad sino que aprovechó para saldar cuentas políticas con quien hoy perdió la vida. El mensaje hace aparecer a Pacheco Molina como un funcionario menor de quien ni siquiera se menciona su nombre, y menos aún, el obligado mensaje de solidaridad con la familia.

Al mismo tiempo, le endilga la condición de cacique y sugiere que por su naturaleza este pudo ser el móvil del homicidio. De tal forma, todos aquéllos que el gobierno identifique como tales, estarían el riesgo de correr la misma suerte, por lo que el mensaje oficial resultó una velada pero temeraria amenaza en contra de sus adversarios.

En opinión del gobierno, en Veracruz ser identificado como cacique es motivo suficiente para perder la vida a balazos. No sólo es un prejuicio lamentable sino que infiere también que podría estar involucrado en actividades que lo llevaron al fatal desenlace. En todo caso, la autoridad responsable del mensaje tendría que ser llamado a cuentas ante la Fiscalía para explicar qué quiso decir con eso de la “presunción de que ejercía un cacicazgo en la zona”. ¿Qué información tiene el gobierno para pedir que se investigue a la víctima y no al victimario?

La expresión de las redes sociales oficiales nos hizo recordar la célebre frase de “pórtense bien” que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le recetó a los comunicadores de la zona de Poza Rica, en los años en que aquélla ciudad era un polvorín e incluso algunos medios habían sido agredidos por la delincuencia organizada. La lógica es la misma: si tenían información, ¿por qué no actuaron en consecuencia?

Pero en medio de la indignación por el asesinato, el gobierno no fue el único en atizar el encono político. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores, se sumó a la guerra mediática y a las acusaciones sin fundamento, sugiriendo que el propio gobierno estatal podría tener alguna responsabilidad en el homicidio. ¡Vaya disparate!

Al gobierno se le puede acusar de carecer de una estrategia efectiva de seguridad, de ser rebasado por la incontrolable violencia y de los pocos resultados en la investigación de los delitos, si consideramos que hoy son dueños absolutos de la Fiscalía del Estado. Hablar de que se trató de un crimen político y de que Pacheco Molina tenía aspiraciones a un nuevo cargo público, y “ante el temor del partido en el poder, podría darse este tipo de asesinato” es verdaderamente absurdo.

Al igual que el autor del mensaje oficial, el dirigente perredista tendría que ser llamado a declarar para que diga lo que sabe o qué información tiene en su poder que lo hizo llegar a esa conclusión.

En todo caso, la dirigencia nacional del PRD actuó con más dureza y sentido común. Acusó que Veracruz vive la peor crisis de seguridad en toda su historia y exigió a las autoridades estatales que den con los responsables del asesinato del ex alcalde de Paso del Macho. Sin embargo, ni por asomo sugirió un móvil político en el crimen.

Como fuere, la violencia en Veracruz no disminuye. La actual administración estatal, como las anteriores, sigue buscando en las víctimas a los responsables de la violencia. De los delincuentes nada se sabe, consecuencia de una Fiscalía operando como un minúsculo apéndice del gobernador en turno.

Como en otros casos, es muy probable que el homicidio de Pacheco Molina pase a ser una estadística y después, sólo un caso más de interminables años de violencia.

Las del estribo…

1.    En el capítulo de ayer de la radionovela: “Un partido, dos bancadas”, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, visitó tierras jarochas sólo para confirmar el aquelarre que se trae su partido en la aldea. Además de que Joaquín Guzmán lo dejó solo, llamó la atención la advertencia que hizo a los legisladores disidentes: o se alinean o habría medidas drásticas.

2.    El homicidio de Rafael Pacheco revivió la situación de vulnerabilidad que viven los ediles veracruzanos. En un recuento hecho por AVC Noticias se da cuenta de que en los últimos 9 años se han registrado 69 agresiones a ediles y 53 funcionarios han sido asesinados -19 de ellos alcaldes o ex alcaldes-, además de que 13 fueron secuestrados y liberados. ¿Qué puede esperar el ciudadano común?