El gobierno de Morena, que prometió combatir la corrupción, acumuló un total de mil 157 quejas y denuncias en los primeros 11 meses de administración, lo que implica un promedio de 105 quejas al mes.
Así lo dio a conocer la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, quien reconoció que 3 de cada 10 Controlarías Internas, órganos de prevenir irregularidades durante el manejo de los recursos público, no operan de manera eficiente. A la fecha se han sancionado a 173 funcionario públicos.
En su mensaje ante diputados locales, con solo tres meses en el cargo, explicó que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, a través de los diferentes mecanismos de atención ciudadana, se recibieron mil 157 quejas y denuncias, promociones de las que se han resuelto 684, quedando en trámite 473, las cuales están siendo atendidas por los Órganos Internos de Control adscritos a las diversas dependencias y entidades.
En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones. Realizándose también un total de 571 acciones preventivas, de verificación, control y evaluación.
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Los Órganos Internos de Control, presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias. También se registraron 270 recomendaciones o medidas correctivas que implementaron las dependencias y entidades, describiendo posibles mejoras o áreas de oportunidad para no reincidir en la irregularidad y 92 faltas administrativas, quedando 11 pendientes de atender.
Se han integrado 786 Comités de Contraloría Ciudadana con la participación de 6,023 ciudadanos, contabilizándose a la fecha 1,234 comités vigentes y un total de 9,391 ciudadanos participando activamente. Se constituyeron 489 Comités de Contraloría Social, integrados por 1,603 ciudadanos beneficiados cuya participación radica en la vigilancia, supervisión y evaluación en las obras, servicios y acciones que son ejecutadas con recursos federales.
En cumplimiento a la ley, la Contraloría General del Estado verificó 184 contratos de arrendamiento; asimismo, se ha trabajado en regular el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, a fin de evitar la discrecionalidad en la contratación de medios, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la firma de contratos por la prestación de servicios de difusión.
En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, dentro de los Procedimientos Disciplinarios se radicaron 165 expedientes, emitiéndose 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 173 sanciones y 36 sobreseimientos.
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Dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se han radicado 55 expedientes, en tanto que del Procedimiento de Sanción a Proveedores se encuentran radicados doce expedientes; ninguno se ha concluido hasta el momento.
Durante el periodo comprendido del 01 diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, se han recibido y procesado un total de 22,351 declaraciones patrimoniales de los funcionarios estatales, de las cuales se generaron 11 306 de inicio, 2,445 declaraciones de conclusión y 8,600 declaraciones de modificación de situación patrimonial.
En relación al pasivo que el Gobierno del Estado tiene con proveedores y contratistas, se instruyó a los Órganos Internos de Control para que emitieran los dictámenes de verificación de la procedencia de los adeudos solicitados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Es importante señalar que durante el ejercicio 2018, solo se llevaron a cabo dos auditoría internas; por lo que, durante el presente ejercicio, la Contraloría General, se vio en la necesidad de realizar acciones con enfoques preventivo y correctivo mediante fiscalización a la comprobación del gasto y la correcta aplicación de los recursos públicos; entre las cuales se realizaron 48 auditorías al Poder Ejecutivo.
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La revisión se planteó: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública., determinándose 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 observaciones generales y 65 relevantes, representando el 45.5% y 35.4% respectivamente.
No omito mencionar que las observaciones relevantes implican aclaración o justificación de recursos ejercidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
En cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), de las cuales corresponden 260 a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios del Estado de Veracruz.
En el ámbito de transparencia al ejercicio del gasto público, en condiciones de legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia, se ha participado en las Sesiones de Subcomités de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado a través de los Órganos Internos de Control.
Para ello, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se han registrado 20,471 operaciones, de acuerdo a su modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92% del total de empresas asignadas.
Se mantiene control estricto en procesos licitatorios, se aplica el esquema de compras consolidadas y se implementó un programa de ahorro en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. Se participó en las Sesiones del Comité de Obra Pública, 52 de carácter ordinarias y 54 extraordinarias; realizándose 308 procedimientos de asignación, arrojando un 98% a empresas veracruzanas.
AVC/ Isabel Ortega