En Veracruz, el 87% de los homicidios dolosos no tienen culpables en la cárcel. Aun cuando este tipo de asesinatos se ha triplicado en los últimos cuatro años, la justicia ha avanzado lento, según el informe Impunidad en homicidio doloso en México 2019.
El reporte de la organización Impunidad Cero, presentado este mes y firmado por los académicos Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, señala que 2018 ha sido el mes más violento para el país.
En promedio, cada 15 minutos fue asesinada una persona. Ese año se registraron 33 mil 521 víctimas de homicidio, lo que representa una tasa de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En Veracruz la cifra no es distinta de la realidad nacional. Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 574 homicidios dolosos, la cifra se triplicó en 2016, el último año de gobierno del PRI con Javier Duarte cuando la cifra se triplicó a 1,642.
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En 2017 y 2018, con el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, la violencia se desbordó, el primer año sumó 2,008 homicidios y en 2018 fueron 1,716.
En 2019, el primer año del gobierno de Morena con Cuitláhuac García, los homicidios se han reducido a 1,277 ( al mes de octubre), aunque otros delitos como el secuestro y feminicidio van al alza.
De acuerdo al informe, en 2018, hubo 222 sentencias condenatorias y 237 sentencias por homicidio doloso, la tasa de condena para homicidio doloso es del 93 %
Para calcular la impunidad en homicidio doloso por entidad federativa las variables que se utilizaron fueron el número de víctimas registradas y el to- tal de sentencias condenatorias por este delito.
La tercera edición del informe revela que en 2017, la impunidad en Veracruz alcanzaba 96.2%, y bajó a 87% en 2018, con lo cual se logró una disminución de la impunidad en 9.4%.
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El informe señala que es fundamental reconstruir la capacidad de investigación criminal, particularmente para los delitos de alto impacto.
Sobre los factores que explicarían el retroceso en efectividad en materia de investigación, el estudio planteó que, si bien la inversión pública se incrementó de manera significativa en la contratación de personal policiaco y en la incorporación de contingentes militares en materia de seguridad, así como en su equipamiento, el incremento en materia de procuración de justicia “es mucho menor”.
Lo anterior, “se refleja en el aumento en los tiempos de espera de los denunciantes en las oficinas del Ministerio Público, en los rezagos y las crisis forenses que experimentan varios estados, en el mínimo incremento en el número de policías investigadores y en los modelos de gestión de investigaciones obsoletos”.
Además, se señala la necesidad de brindar seguridad y apoyo a los ministerios públicos, policías y peritos, pues enfrentan la presión y la hostilidad de los grupos criminales.
También recomienda “blindar” las unidades de investigación implica garantizar la seguridad personal de los funcionarios y sus familiares.
El informe de la organización Impunidad Cero expone que este aumento progresivo de los índices de impunidad en asesinatos se ha agravado por el crecimiento de la violencia frente a un sistema de justicia que se encuentra “estancado”, y que muy difícilmente castiga a los culpables.
AVC/ Flavia Morales