Diputados locales reprocharon al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, la asignación directa de obras a empresas de estados como Guanajuato, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Estado de México, dejando de lado a las locales; así como la asignación de contratos a firmas que reportan domicilios fiscales de casas habitación, lo que hace presumir que son fantasmas.
Durante la comparecencia de los resultados del primer año de trabajo de la administración estatal, fueron preguntas constantes la forma de asignar las obras, el poco recurso invertido, lo que representan un subejercicio, incluso, el regalo que le enviaron Hernández Gutiérrez, y que regresó.
Los diputados, incluidos de Morena, pidieron realizar obras y acciones en sus distritos, pues muchos fueron marginados del programa de obras de este año, a lo que el funcionario respondió que le den más dinero para poder apoyar a más demarcaciones.
La priista Erika Ayala Ríos, cuestionó porque el 40 por ciento de las obras programas para este año se concentra en cinco municipios administrados por Morena entre ellos Agua Dulce, Moloacan, Xalapa, Poza Rica y Emiliano Zapata.
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“Mi preocupación radica en que se está dejando fuera a municipios que son de los más empobrecidos y marginados de nuestro Estado, y que no encuentro en los reportes nada que me haga pensar lo contrario, que es el caso de Ilamatlán, Chiconamel, Chumatlán, Mecatlán, Xoxocotla, Astacinga, Aquila, Tlalchichilco y Uxpanapa”.
Además, existe la queja de constructores locales que no hay piso parejo para el apoyo de empresas estatales, “han hecho llamados públicos al Gobernador (representantes) de CMIC, Coparmex y Canacintra, por esta afectación”.
La SIOP es una dependencia obligada a generar un círculo virtuoso, pues para que haya más presupuesto se necesita una mayor recaudación, en ese sentido, se hace necesario dar obra pública a los locales, para que tributen ante la hacienda estatal, eso generaría los ingresos necesarios para dar más financiamiento a las dependencias estatales.
Por su parte, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, pidió al funcionario dar prioridad a empresas locales, que están sufriendo los estragos de la falta de reactivación económica, incluso, son extorsionados por el cobro de piso de grupos delincuenciales.
“No hay empleo, los está extorsionado la delincuencia organizada, están cerrando empresas constructoras, hay un doble juego, pago de impuestos, al gobierno por su actividad económica, y por otro lado el pago de piso.
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“Los empresarios están pidiendo que se les den juego en las asignaciones directas, entonces -se me hace un acto de cinismo- decirle a la sociedad y los empresarios: en esta asignación no vas tú, pero va un poblano, lastima por el clima que vivimos los veracruzanos”.
Se observó que el 60 por ciento de las obras municipales se asignaron de manera directa, y que algunas de las empresas contratadas despachas desde bodegas de Correos de México o en casas particulares, lo que hacer presumir una irregularidad.
“Por ejemplo Grupo Constructor Tamasa está instalado en una bodega; se le asignó 25 millones de pesos, su dirección es Mérida 928, Colonia, Progreso Macultepetl, Xalapa, Veracruz; tengo varias.
“Por ejemplo Construcciones Macom, mantenimiento camino Crucero, Puente Anáhuac, 15 millones de pesos, con domicilio Fiscal en Ignacio Allende en Ciudad Madero, es decir, tan solo por la imagen nos podemos dar cuenta si es unas empresas debidamente instalada, sin prejuicio alguno”, planteó.
El legislador comentó que no se puede decir diferentes a los que se fueron, si siguen haciendo lo mismo y con menos eficiencia, “todos llegamos por el efecto de Andrés Manuel (…) pero si nos toca dar resultado de transparencia y honestidad al pueblo”.
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En la sesión de presuntas se denunció un padrón claro para entregar la obra a unos cuantos, pues se han asignado 120 millones de pesos, de esos se declararon desiertas licitaciones públicas por 80 millones, y el resto, 40 millones de pesos, se asignarían por invitación a tres empresas, pero tampoco se asignaron, “es una norma de conducta”.
La panista María Graciela Hernández Iñiguez reclamó que, a Misantla, municipio administrado por su papá Othón Hernández Candanedo, no recibió ni una sola obra, a pesar de que presentó un proyecto, pero la SIOP determinó declarar desierta la licitación y no se asignaron los recursos que se suman al subejercicio de la dependencia estatal.
Se le cuestionó si hay veto a los alcaldes o diputados locales, pues cuando van de visita a la Siop no se les atiende, pero descartó el hecho al afirmar que se realiza obra en 81 municipios, sin importar su filiación partidista.
AVC/Isabel Ortega