Hace exactamente un mes, en este mismo espacio, comentábamos que luego de la forzada renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero de Carlos Romero Deschamps, el líder gremial priista que parecía seguir en la lista del régimen de la 4T era el ex diputado federal veracruzano Víctor Flores Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), quien había sido denunciado penalmente, una vez más, el 16 de octubre pasado por fraude, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento inexplicable y por el manejo ilícito de más de mil 500 millones de pesos.

Y es que señalábamos que a diferencia de los cuatro sexenios presidenciales anteriores –dos del PRI y otro par del PAN–, en la presente administración federal de MORENA el líder ferrocarrilero es evidentemente repudiado, pese a que tal como lo intentó también Romero Deschamps, ha buscado congraciarse con el presidente López Obrador apoyando públicamente sus acciones.

Sin embargo, un juez federal acaba de ordenar al delegado en la Ciudad de México de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penal y Amparo de la Fiscalía General de la República (FGR) cambiar el sentido de su resolución de no ejercicio de la acción penal en contra del líder ferrocarrilero, y dictar una nueva, con los elementos de prueba de los jubilados quejosos.

Este lunes, el periódico Reforma publicó que la resolución está vinculada a la denuncia que un grupo de jubilados presentó ante la FGR en contra de Víctor Flores por utilizar en 2011, sin su consentimiento, el nombre de 38 mil jubilados para su toma de nota y para obtener cuotas mensuales superiores a los 2 millones de pesos.

Según el diario capitalino, hasta inicios de este año, con el fallecimiento de unos 13 mil veteranos del riel, Flores Morales aún recibía 1.4 millones de pesos al mes por concepto de cuotas de los jubilados, que no tenían ninguna relación con el STFRM.

Tras ocho años de denuncias ante la FGR y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), este órgano decidió en junio pasado frenar el descuento de cuotas de los jubilados. No obstante, en abril éstos denunciaron ante la FGR a Víctor Flores por fraude y exigieron la devolución de esas cuotas.

Acudieron, en la Ciudad de México, a la Delegación Estatal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penal y Amparo de la FGR para aportar elementos y pruebas a las denuncias iniciadas desde 2012 por fraude.

En mayo, la Delegación de la FGR notificó a los jubilados el no ejercicio de la acción penal contra el llamado «Rey Midas» tras considerar que el tema «deriva de un convenio laboral y que no existe engaño alguno».

De acuerdo con el juicio de amparo 502/2019-III, con fecha 27 de septiembre, Jorge Antonio Medina, titular del Juzgado Decimoprimero de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, ordenó dejar insubsistente el no ejercicio de la acción penal contra Flores Morales y dictar una nueva resolución.

Nos leemos hasta el jueves

Debido a un ineludible compromiso familiar de su autor, esta columna no será publicada mañana miércoles, sino que volverá a aparecer hasta el siguiente jueves.

Muchas gracias por su comprensión.