Si bien la disculpa pública del Gobierno de Veracruz a los jubilados y pensionados que fueron agredidos en 2015 por policías estatales representa un avance en ese caso, está lejos de ser suficiente.

En diciembre de 2015, el día 23, un grupo de jubilados realizaba un bloqueo en la céntrica avenida Enríquez de Xalapa, para reclamar el pago de sus pensiones. Sin embargo, los manifestantes no recibieron su dinero, lo que les dieron fueron golpes y una agresión brutal.

La imagen de un hombre de la tercera edad, amputado de una de sus piernas, con muletas y visiblemente disminuido por el paso de los años aún queda en la memoria de los testigos del hecho. Sin piedad, los policías veracruzanos que participaron en el operativo se lanzaron con el PR 24 por delante, un tolete que usan los granaderos para dispersar gente a base de golpes.

Con escudos, bastones y descargas eléctricas trataron a los ancianos, que no hacían otra cosa más que reclamar sus derechos, ante la indiferencia de un gobierno  que perdía el control.

En el hecho, un par de periodistas fue agredido, aunque la parte más brutal se concentró contra los ancianos.

¿Sabe qué hizo la Fiscalía General del Estado en su momento?; nada, absolutamente nada; hubo silencio en esa instancia, que respondía a los intereses del ejecutivo. Eran los tiempos de Duarte en el Gobierno de Veracruz.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un acuerdo para atraer el caso.

En su momento, la Comisión señaló que “la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos de una sociedad democrática implican un compromiso compartido entre autoridades y ciudadanos, en el que la actuación de todos debe estar sujeta al marco de la ley”. En ese tono fue el primer comunicado de la CNDH, emitido un día después de los hechos.

La respuesta del gobierno de Duarte fue patética: aseguró que el pago de pensiones ya se había realizado; el ejecutivo en turno apuntó “he instruido hacer una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades…”.

La investigación, por supuesto, nunca se llevó a efecto y por lo que dijo este miércoles el gobernador Cuitláhuac García, ni siquiera se integró una carpeta en la Fiscalía.

Después, el fiscal de Duarte, Luis Ángel Bravo, salió del cargo por la puerta trasera; y lo mismo ocurrió con Jorge Winckler; en ninguna de esas etapas se investigó esa cobarde agresión contra los pensionados del IPE.

Tuvieron que pasar casi tres años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación en torno al caso. En septiembre de 2018, dicho órgano solicitó a la FGE integrar una carpeta de investigación contra los responsables de la agresión, que sigue impune.

Para ese momento, Jorge Winckler ocupaba la Fiscalía y al igual que su antecesor en el cargo, no hizo nada; ni siquiera se les notificó a las víctimas como para disimular la falta de disposición para procurar justicia.

En el caso han sido implicados, por obvias razones, los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien este miércoles recurrió a un eufemismo al señalar que no fue desalojo, sino “repliegue”. Lo evidente, sin embargo, es que la orden tuvo que pasar por los despachos anteriormente citados.

El caso es que 14 meses después de la recomendación emitida por la CNDH, el gobernador del Estado tuvo que asumir un compromiso con las víctimas y emitir la disculpa pública.

Por supuesto, la disculpa no es suficiente, se debe procurar justicia a las víctimas y de ello tendrá que encargarse la fiscalía veracruzana; de no proceder contra los responsables, el discurso gubernamental no pasará de ser sólo un discurso. @luisromero85