Prefacio.
Este lunes la secretaria de Servicios Legislativos del Congreso local, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, recibió el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. *** Dos detalles llamaron la atención de este acto protocolario: Uno, que no haya estado presente el nuevo Presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, en el que habría sido su primer acto representando al Poder Legislativo frente a su igual, el Ejecutivo (viajó, se sabe, al sepelio de su compañero Juan Carlos Molina) y, dos, que quien entregó el documento fue el aún subsecretario de Egresos de la Sefiplan, Pabel Pazos Rincón. *** Sí, se trata de aquel que –se dijo- había presentado su renuncia, luego de que saliera a la luz un conflicto con el subsecretario de Administración (“el primo que no es”) Eleazar Guerrero. *** Que lo hayan “convencido” de que se quedara, es una buena noticia, aunque debería aclararse en qué terminó aquel diferendo en el que estaban involucradas varias licitaciones del DIF estatal, que fueron amañadas para favorecer a determinadas empresas. *** La nueva contralora promete que habrá de revisar todas las asignaciones directas que se han dado en la actual administración. Ojalá se lo permitan. Se va a llevar muchas sorpresas.
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La frase se le ha atribuido a muchos, aunque la mayoría supone que es de Napoleón Bonaparte:
“Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable; si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.
La bancada del PRI en el Congreso local (de la que formó parte, en un princpio, Juan Carlos Molina Palacios) anunció que solicitará la creación de una “comisión especial” en la LXV Legislatura, para que se dé seguimiento a las investigaciones por el asesinato de su compañero, ocurrido el pasado sábado 9 de noviembre.
En esta misma Legislatura se creó una “comisión especial” para dar seguimiento a la problemática de la desaparición de personas; hay “comisiones especiales” para atender los problemas de los productores de cítricos, de los de café, de los de hule y de los azucareros.
Ninguna de esas “comisiones especiales” ha arrojado algún resultado positivo.
No hace falta una “comisión especial” para dar seguimiento a esas investigaciones. Entre las comisiones ordinarias hay una de “procuración de justicia” y hay otra de “seguridad pública”, a las que les corresponde esa tarea. Ninguna de ellas, por cierto, hasta el momento, ha demostrado su utilidad. Este sería un buen momento, si en realidad quieren que se esclarezca el homicidio de su compañero y –según muchos de los diputados- su “amigo”.
Este lunes, en el último adiós a Juan Carlos Molina, estuvo presente el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, y expresó que, desde su óptica, por la manera en que fue asesinado el dirigente de esa organización en Veracruz, “pudo haber afectado intereses de algún tipo”.
Hernández Deraz destacó que Juan Carlos Molina siempre levantó la voz tanto en temas ganaderos como políticos.
No hay, por supuesto, ninguna línea de investigación que pudiera descartarse, y el gobernador Cuitláhuac García reiteró en diversos momentos, su “petición” a la encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, para que se dé puntual seguimiento a cada posible escenario.
Entre las líneas de investigación, sin duda, deberá estar incluida aquella denuncia pública del propio Juan Carlos Molina, pero que fue compartida por Gonzalo Guízar Valladares, de que el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, recurrió a la amenaza directa para obligar a los legisladores a apoyar el dictamen que ordenaba el inicio de un juicio político contra el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.
Puede sonar absurdo, descabellado, pero no hay mejor forma de descartar esa posibilidad, que llevando a fondo las investigaciones.
El asesinato (la ejecución, habría que llamarla) de Juan Carlos Molina vuelve a colocar a Veracruz, de forma negativa, en los titulares de todo el país, e incluso en los de algunos medios internacionales. De nada sirve hablar de las bondades de la tierra veracruzana, de la alegría y hospitalidad de su gente, si hacia afuera lo que saben de esta entidad es que nadie está seguro.
Este no es un problema de hoy, pero no por ello se puede evadir la responsabilidad.
No está de más recordar las palabras del empresario Ricardo Martí, luego de que su hijo perdiera la vida a manos de una banda de secuestradores:
“Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo; si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción”.
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Epílogo.
Seguramente diferían en muchos temas, pero ambos se reconocían por la solidez de sus principios. Este lunes el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, acudió al sepelio de su compañero Juan Carlos Molina Palacios y reiteró que la exigencia de los legisladores es que se haga justicia. *** “El crimen en tu contra no quedará impune. Hermano Juan Carlos, ten la seguridad de que siempre te recordaremos como un gran hombre, un gran amigo y una mejor persona”, expresó el legislador por Los Tuxtlas, a la vez que les manifestó a los padres, hijos y esposa el compromiso de las autoridades de esclarecer con prontitud y eficacia este crimen.
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