La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dimitido después de que los militares reclamaran su salida. Poco antes, el jefe del Ejército, Williams Kaliman, había pedido su renuncia: “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Acorralado por una protesta de 18 días, que pedía la anulación de las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido, el mandatario boliviano ya había cedido este domingo a la presión y había anunciado nuevos comicios. Todo después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera pública una auditoría del proceso electoral en la que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y hubo “contundentes” irregularidades, por lo que exigía su anulación.

Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció —en un mensaje televisado de madrugada— su intención de “renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral”. El mandatario insistió en que con su decisión perseguía “bajar toda la tensión” y “pacificar Bolivia”. Sin aparente éxito. La Fiscalía General anunció este domingo una investigación contra los vocales del Tribunal Electoral sospechosos de irregularidades. La presidenta del organismo, María Eugenia Choque Quispe, presentó acto seguido su dimisión.

La oposición, liderada por el candidato y expresidente Carlos Mesa, quería que Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguraran que no participarían en las nuevas elecciones, así como un acuerdo plural para elegir un Tribunal Electoral creíble. Los responsables de las protestas que convulsionan el país creen, en cambio, que la renovación del órgano electoral es insuficiente y piden renovar todos los poderes del Estado y crear una “junta de gobierno” transitoria, elegida por el pueblo sublevado, que se encargue de los nuevos comicios.

El destino de Morales pendía de un hilo. El Gobierno se ha derrumbado, presionado por el hostigamiento de los movimientos insurgentes que atacan los domicilios de los dirigentes oficialistas. El ministro de Minería, César Navarro, cercano colaborador del presidente, renunció el domingo a su cargo después de que una turba quemara su domicilio en Potosí, que en este momento es la ciudad más radicalizada en contra de Morales. Lo mismo ocurrió con el también potosino Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que, con su renuncia, dijo, quiere proteger a su hermano que se encuentra retenido por los manifestantes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también anunció el domingo su dimisión a través de un anuncio en Twitter. Antes de ellos, habían renunciado diplomáticos, gobernadores, alcaldes, diputados y otros altos cargos del Estado.

La Central Obrera Boliviana, la asociación de sindicatos urbanos, aliada del oficialismo, en una decisión reseñable, pidió también la renuncia de Morales. Varios sindicatos mineros, afiliados a la Central, están actuando en contra del presidente, siguiendo a los comités cívicos de sus regiones. De hecho, Morales solo cuenta con el apoyo de los sindicatos campesinos, que todavía bloquean los caminos que conducen a La Paz, capital administrativa.

Desde hace dos días, la policía se encuentra amotinada y acuartelada. Se sumaron de esa forma a las protestas contra un Gobierno que, consideran, “maltrató y marginó” a los policías. Un factor clave para decantar la situación a favor de los rebeldes. Durante su gestión, Morales quitó a la institución policial algunas atribuciones, como la administración del sistema de identificación, y prefirió apoyarse en las Fuerzas Armadas que, sin embargo, no han querido defenderlo en esta crisis.

El principal líder de los comités cívicos que encabezan las protestas, Luis Fernando Camacho, espera la llegada de los numerosos grupos de opositores que viajan a La Paz para ir con una carta de renuncia preparada para que la firme Morales e “ingresar” en el palacio de Gobierno. El presidente se encuentra en su región, el Chapare, rodeado por sus leales campesinos de la coca.

Informe de la OEA

Lo cierto es que el informe de la OEA, aunque preliminar, recoge numerosas irregularidades. Entre otras cosas, en el sistema de transmisión de resultados, que sufrió un apagón cuando anticipaba una segunda vuelta electoral entre el presidente del país y su rival Mesa. Tras el apagón, el recuento concedió una ventaja clara a Morales. Según el análisis de la OEA, los datos se derivaron a un servidor externo no previsto. También observó irregularidades en el recuento.

Morales, que no mencionó el informe de la OEA en su comparecencia, dijo posteriormente, en una entrevista con Radio Panamericana que el informe fue más “político” que técnico, en busca de darle una salida política al país. “Nunca he pedido ayuda”, dijo, en relación con la posibilidad de que el Tribunal Electoral hubiera cometido fraude a petición suya.

El presidente también dijo que no renunciará, que tiene un mandato hasta el 22 de enero de 2020, y que plantear que se vaya es hacer un “golpe de Estado”. No quiso asegurar que no participará en las nuevas elecciones. “No hay que hablar de candidatos ni de sucesión constitucional. No sigamos convulsionando. Quieren perjudicar a Bolivia. Hagamos un diálogo, veamos allí cuándo y cómo haremos las elecciones. No confrontemos…”, señaló.

El País/ Fernando Molina