Aparte del caso de Emilio Cárdenas Escobosa –ex coordinador de asesores de Tomás Ruiz González, ex secretario duartista de Infraestructura y Obras Públicas y ex titular de la Sefiplan–, quien actualmente preside el Comité Coordinador Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, existen otros más que están sembrando serias dudas de que la actual administración del gobernador Cuitláhuac García esté realmente decidido a combatir a fondo la corrupción, una de las principales banderas del régimen lopezobradorista de la Cuarta Transformación (4T).

Otro  muy cuestionado ejemplo es el de Miguel Ángel Vega García, ex titular del Órgano Interno de Control de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que durante el sexenio anterior encabezó Rosario Robles –actualmente en prisión por el proceso penal que la Fiscalía General de la República le inició por el megafraude de la llamada “Estafa Maestra”–, el cual viene despachando muy discrecionalmente desde febrero de este año como director general de Anticorrupción y Transparencia de la Contraloría General del Estado.

Pero además, la semana pasada, en este mismo espacio periodístico aludimos también a la permanencia de dos funcionarios bajo sospecha enclavados en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales formarían parte de una sofisticada red de delincuencia organizada implicada en casos de evasión fiscal por el presumible tráfico de facturas falsas que les habrían estado vendiendo a tesoreros municipales para justificar millonarios desvíos de recursos que a su vez les habrían sido aparentemente encubiertos en el máximo ente fiscalizador y en la Fiscalía Anticorrupción por sus presuntos cómplices.

Citamos el caso de Pedro Benítez Domínguez, a quien a pesar de haber sido cesado y denunciado por el presunto desvío de  22.5 millones de pesos como tesorero municipal de Naolinco, y por 17.5 millones de pesos en el ayuntamiento de Actopan correspondientes a las cuentas públicas 2017 y 2018, respectivamente, lo premiaron a principios de este año con la Tesorería de Tuxpan.

Y es que referíamos que el actual tesorero tuxpeño es hermano de Javier Enrique Benítez Domínguez, director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS, con cuya camarilla estaría coludido también Carlos Alberto Delgado, quien aún continúa como director de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde habría ordenado el archivo temporal de las denuncias en contra del tesorero de Tuxpan.

A esta red de presuntos traficantes de facturas de empresas fantasmas pertenecería además el actual tesorero municipal de Úrsulo Galván, Oscar Viveros, quien en la Legislatura anterior se desempeñó como secretario de Fiscalización del Congreso local –cuya función era auditar también a los ayuntamientos– y quien tuvo la desfachatez de inscribirse en el reciente proceso legislativo para la designación del nuevo Auditor General del ORFIS.

Las dudas sobre el combate a la corrupción permean inclusive entre las propias filas de MORENA, pues este lunes el diputado federal por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, y el legislador local Magdaleno Rosales Torres hicieron graves señalamientos en contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien acusaron públicamente hasta de adquirir propiedades en Baja California con recursos públicos de los veracruzanos, lo que obviamente provocó todo tipo de especulaciones sobre el futuro inmediato del titular de la SEGOB.

Sefiplan cumple a empresarios

En la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tienen claro que las promesas se cumplen y que las deudas se pagan.

Con orden, transparencia y disciplina financiera pretenden que el estado de Veracruz recupere su grandeza que antaño le caracterizó.

Remediar todo el desastre que les heredaron las últimas tres administraciones no es tarea fácil, sin embargo, en estos primeros diez meses el gobierno de Cuitláhuac García ha empezado a saldar algunos compromisos financieros que dejaron pendientes sus antecesores.

Y es que, por ejemplo, la Ley de Austeridad impulsada desde diciembre del año pasado les ha permitido reducir los gastos excesivos en que incurrieron los regímenes anteriores.

La Sefiplan, que encabeza el maestro José Luis Lima Franco, a través del orden y el control del ejercicio gubernamental ha logrado la contención responsable del gasto y el manejo eficiente de los recursos de los veracruzanos, generando ahorros significativos.

Ello les ha permitido realizar las transferencias para la liquidación total de adeudos con 82 empresas en los últimos días, que se suman a las otras 53 a las que se les pagó entre los meses de abril y septiembre. En total suman ya 135 las beneficiadas en lo que va del presente año.

Además, este lunes la Sefiplan anunció el inicio de otros dos esquemas de pago. El primero de ellos, por medio del factoraje que les permitirá dar abonos a los adeudos que se tienen con otros proveedores que cuenten con validación.

“El factoraje es una alternativa inteligente y coherente con nuestra realidad, ya que no se afectan los recursos que son para atender demandas sensibles de la sociedad”, puntualizó la dependencia estatal a cargo de Lima Franco.

Y el segundo esquema que han echado a andar es mediante el producto denominado “Cadenas Productivas” de Nacional Financiera.

“Bajo este mecanismo, lo que estamos logrando es apoyar a los proveedores a tener liquidez. De esta manera, todos los contratos que hayan realizado con la actual administración podrán ser pagados sin necesidad de esperar, y con un costo financiero muy accesible. Pero también, con esta opción estamos logrando brindar certidumbre para que las empresas vuelvan a confiar en su gobierno. Queremos que vuelvan a ser aliados y que vuelvan a ofertar sus bienes y servicios”, indicó el secretario de Finanzas y Planeación, quien reiteró que, por otra parte, “estamos brindando certidumbre para los nuevos contratos que celebren con la actual administración.”