Aunque son pruebas que no tendrían validez en un proceso penal, pero los audios que el ex gobernador Javier Duarte asegura tener y que evidenciarían la forma en que presuntamente su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares habría amenazado y coaccionado a algunos de sus ex colaboradores y amigos para que le entregaran al margen de la ley bienes inmuebles y dinero en efectivo, parecen confirmar lo dicho por el ex mandatario estatal del PAN, quien este lunes le declaró al periodista Ciro Gómez Leyva que la Fiscalía General del Estado prepara una denuncia por extorsión en su contra y de quienes participaron en el proceso de devolución de propiedades que ex funcionarios duartistas habrían adquirido ilícitamente mediante el desvío de recursos públicos, y que él recuperó con ayuda de sus colaboradores.

Y es que Yunes, por su profesión de abogado, sabe perfectamente la arbitrariedad que cometió, pues totalmente al margen de la ley, sin ser fiscal y ni siquiera gobernador constitucional en funciones –pues todavía no rendía protesta formal ante el Congreso del estado–, se dedicó después de las elecciones locales del 5 de  junio de 2016 a ubicar y a extorsionar a ex colaboradores y a presuntos socios y prestanombres de Duarte de Ochoa, lo que él mismo se encargó de revelarlo y presumirlo públicamente.

Por ejemplo, el periodista Carlos Loret publicó el 5 de diciembre de 2016 una columna titulada “A Yunes le pidieron piedad”, en la que refería que el panista cumplía apenas cinco días en el gobierno pero que ya se sentían como cinco años, “no sólo por la intensidad de noticias que generó la campaña –ranchos, dinero, edificios, propiedades, corrupción, prestanombres, denuncias– sino las que han salido durante el periodo de transición –más ranchos, más dinero, más edificios, más propiedades, más corrupción, más prestanombres, más denuncias–.”

Loret reseñó que “el nuevo gobernador de Veracruz se ha vuelto el más incisivo, feroz y eficaz investigador de su antecesor: contactó a los prestanombres de Javier Duarte, los amagó, se reunió en secreto con ellos incluso en el extranjero y los hizo confesar sus pecados.”

“Cuando yo me di cuenta que había debilidad en los cómplices, empecé a localizarlos uno a uno y empecé a sentarme con ellos”, explicó Yunes al columnista, presumiéndole su método: “Me di cuenta que tenían puntos sensibles y toqué esos puntos sensibles. Y llegó el momento en que se vieron en la necesidad de pedirme prácticamente piedad, a decirme: ‘sí devolvemos, pero por favor no me toque esto, no me toque lo otro’. No puntos ilegales, absolutamente, sino cuestiones de carácter personal, y me senté con ellos y empecé a recuperar bienes”.

Aseguró que eran más de mil 200 millones de pesos, de los cuales la PGR entregó inicialmente 421 millones de pesos a Clementina Guerrero, su secretaria de Finanzas, actualmente con orden de aprehensión junto con otros tres ex funcionarios yunistas de la Sefiplan.

“Así, el gobernador entrante fue grabando confesiones y armando con ellas un expediente del que no sabemos qué tan alto salpica y con qué gravedad. Ojalá no haya traspasado lo legal en ese proceso”, advertía entonces Loret.