La nota de este lunes la dieron exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que no cuentan con fuero constitucional, sobre quienes pende la espada de la justicia por actos de corrupción, desvío de recursos públicos, irregularidades administrativas y una serie de observaciones que se han negado a aclarar, luego de que abandonaron las oficinas en que despacharon durante el fatídico bienio del panista.

En una carta enviada a los medios de comunicación, que no firman los senadores Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román que, a pesar de estar señalados fuertemente por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), cuentan con fuero que los protege de acciones penales, se anuncia que se denunciará penalmente al exauditor superior  Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, por ocultar documentos y entregar información falsa al Congreso local, señalando presuntos “daños patrimoniales” inexistentes.

Según quienes suscriben el documento, cuya redacción contiene todos los rasgos de los discursos del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (afirmaciones determinantes, acusaciones severas, ánimo inquisitorial), tales acciones fueron realizadas por el exauditor del Orfis en su afán de reelegirse en el puesto.

Según los nerviosos exfuncionarios, “a pesar de que durante la etapa de solvatación ante el propio ORFIS se presentaron documentos para acreditar que los datos que hizo públicos no tenían sustento, Portilla ordenó no valorar dichos documentos, para presentar al Congreso del Estado una cuenta pública escandalosa que avalara su afán de reelegirse”.

Los patos le tiran a la escopeta

¿Quiénes firman la carta? Un exfuncionario que no ha sido mencionado mucho en los medios últimamente, el exsecretario de Gobierno, de extracción perredista, Rogelio Franco Castán; el extitular de la Sefiplan, Guillermo Moreno Chazzarini, a cuatro de cuyos funcionarios se les ha librado órden de aprehensión, y uno de ellos ya está en el penal de Pacho Viejo; el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, hundido hasta el fondo por el tema del presunto fraude cometido contra la hacienda pública en la adquisición e instalación del supuesto sistema de videovigilancia.

Además, el extitular de la Secretaría de Educación (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, famoso por autoasignarse una jugosa plaza magisterial que no pensaba cubrir, además de infinidad de irregularidades que aparentemente tuvieron como motivación apoyar electoralmente al candidato Miguel Ángel Yunes Márquez; el exsecretario de Salud, Irán Suárez Villa, quien fue citado a aclarar las observaciones a la Cuenta Pública de 2018 mediante edicto, y por último, Elías Assad Danini, quien fungiera como Coordinador General de Comunicación Social, y de quien el Orfis detectó un desvío de 68 millones de pesos, tan solo en 2018.

En el documento señalan que todos los servidores públicos de la administración de Yunes Linares han acudido ya ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz para solventar nuevamente las observaciones, presentando otra vez los documentos que el Orfis se negó a evaluar.

Y concluyen: “Estamos ciertos de que las diputadas y diputados valorarán con objetividad y apego a la Ley los documentos que se presentaron y darán por solventadas las observaciones. Portilla tendrá que hacerse responsables de su conducta presuntamente delictiva”

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En Veracruz: alta criminalidad, muy pocos policías

El problema de la violencia criminal que agobia a Veracruz es, obviamente, responsabilidad del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, al que le corresponde dar las respuestas contundentes para hacerla disminuir, sin embargo, no puede eximirse de su gran responsabilidad en la creciente ola criminal a los gobiernos anteriores.

Aunque parezca cantaleta, no queda duda que todos los anteriores gobiernos poco hicieron para fortalecer a las policías estatal y municipales; la larga tradición de orientar una mayor cantidad de recursos a la adquisición de equipos, vehículos, armamento y vituallas, porque además esos contratos se prestan a la corrupción, en lugar de aumentar la nómina gubernamental con la contratación y capacitación de más elementos policiacos.

Este lunes, en la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Arturo Durazo Montaño, reveló un problema del que muy difícilmente saldremos incluso en el mediano plazo: Veracruz es el segundo estado del país con mayor déficit de policías, con un faltante de al menos 15 mil 760 efectivos, tanto a nivel estatal como municipal.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en que presentó las cifras de seguridad, Durazo advirtió que esa carencia significa un déficit de 64.7 por ciento, apenas superado por el vecino estado de Tamaulipas. Según los datos presentados por el funcionario federal, Veracruz cuenta apenas con 8 mil 578 policías estatales y municipales, cuando lo que se requiere es de una nómina de 24 mil 338.

Para atender este déficit, Veracruz es el sexto estado del país con más concentración de policías de la Guardia Nacional con 3 mil 662 elementos, de los más de 70 mil elementos distribuidos en todo el país.

Esta grave carencia, que se conjuga con la alta corrupción en los cuerpos policiacos, la ineptitud de los mandos y, en muchos casos, la complicidad de los elementos disponibles con las bandas del crimen organizado e, incluso, la participación en bandas creadas por ellos mismos, han permitido que Veracruz, según lo señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que Veracruz sigue encabezando la cifra de fosas clandestinas localizadas en lo que va del presente gobierno (1 de diciembre de 2018 a 23 de agosto de 2019), al sumar 108 hallazgos.

Según Encinas, Veracruz concentra casi el 19 por ciento de los hallazgos que, a nivel nacional, representaron 353 sitios de inhumación clandestina, 594 fosas clandestinas y 706 cuerpos exhumados. De hecho, anunció que esta semana se llevará a cabo una búsqueda en la entidad, que se sumará a las 12 que se han realizado en diversos sitios de Veracruz.

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Se movilizarán cafetaleros de Coatepec

El lunes de la próxima semana, desde muy temprano, habrá que estar atento a la marcha que han anunciado los productores de café, a realizarse de Coatepec a Xalapa y que, independientemente de los problemas viales que seguramente generará durante toda la mañana para quienes deben transitar por esa vía, mostrará la grave crisis de los cafetaleros, desatendida por el gobierno federal y que puede ser profundizada por la implantación a chaleco de una planta de producción de café soluble de la empresa Nestlé.

El Consejo Regional del Café de Coatepec ha dispuesto convocar a una concentración en la glorieta de acceso al Pueblo Mágico a las 9 de la mañana y de ahí movilizarse a la capital de Veracruz.

¿Cuáles son las características de esta movilización, según el Consejo de Vigilancia de la asociación civil mencionada? En primera, aclaran que no es una marcha en contra del gobierno sino por cambios en las políticas cafetaleras en el país; la marcha no atiende consignas partidistas ni tiene por objetivo la búsqueda de curules o candidaturas, sino una lucha “justa, digna, campesina, de culturas originarias, plural e incluyente”.

Los cafetaleros buscan un precio justo a un producto de sobrada calidad como el café que se produce en esa región; la inclusión de todos los cafeticultores en los apoyos del gobierno, la revisión de las importaciones y la certificación de calidad, y contra la especulación financiera y la obsoleta Bolsa de Café de Nueva York:

También piden que haya coordinación institucional y no grilla entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la de Bienestar. Piden también entrevistarse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle directamente sus puntos de vista y propuestas para el campo cafetalero.

Frases sin disfraces

“El que se mueve no sale en la foto”, Fidel Velázquez, líder de la CTM.

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