La Cámara de Diputados aprobó hace un par de días la Ley de Austeridad Republicana propuesta por el Presidente López Obrador, con lo que se ha llevado al Derecho uno de los principios ideológicos de la Cuarta Transformación. En un país empobrecido por la corrupción y vejado por la impunidad, la norma resultaba tan necesaria como urgente.
Sin embargo, lo más fácil ha sido el tránsito parlamentario, a pesar del voto en contra del PAN, PRI y PRD; lo difícil será que no se convierta en letra muerta ante la voracidad de la nueva clase política y las rémoras de la cuarta transformación. Según el refrán, el perro que come huevo aunque le quemen el hocico.
La iniciativa no sólo intenta atajar viejas prácticas que permiten el enriquecimiento al amparo del poder público, sino también amenaza con negar uno de los derechos fundamentales como lo es el trabajo. Así, de la misma forma que se eliminan los privilegios y la superficialidad de una burocracia dorada, también se impide trabajar durante diez años en la iniciativa privada, luego de haber ocupado un cargo público.
La nueva Ley Federal de Austeridad Republicana modifica las leyes General de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. y destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado o en relación a las cuales haya obtenido información privilegiada.
En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición, incluso la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por sus compañeros de bancada. Para muchos, no quedará más remedio que vivir de sus ahorros y de la corrupción.
Además, queda prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan los servidores públicos por su empleo, cargo o comisión, para que designen o se contrate personal de confianza, estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tengan lazos de parentesco o vinculo de matrimonio o concubinato. Personajes como Manuel Bartlett y muchos otros podrán dormir tranquilos ya que no hay retroactividad en la ley.
Con la ley también desaparecen la contratación con recursos públicos cualquier tipo de jubilación, pensión y regímenes especiales de retiro, separación individualizada o colectiva, así como seguro de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones. Esto es algo importante porque no se trataba de seguridad social sino de ostentosos privilegios.
En Veracruz tenemos el ejemplo de una ley de austeridad que resultó una verdadera simulación. En la víspera del día de los inocentes, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Austeridad con la que se buscaba reducir salarios y prestaciones de la burocracia en los tres poderes, órganos autónomos y entes públicos, además de eliminar regímenes especiales de jubilaciones o pensiones.
La ley propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez limita los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, algo que no se ha cumplido. Y de la contratación de familiares o con conflicto de interés mejor ni hablamos; la cascada de denuncias duerme el sueño de los justos.
Todo quedó en una ley de buenas intenciones. Ninguno de los salarios –ni de funcionarios públicos, legisladores o magistrados- sufrió reducción alguna; vaya, ni siquiera el gobernador puso el ejemplo, justificando que podría ser sancionado. Las prestaciones de los tres poderes siguen intactas, y si bien desaparecieron las escoltas como tal, los funcionarios gustan de acompañarse de una nube de “cuidadores” simulados en otra figura administrativa.
Tampoco hubo ahorro alguno. Con un discurso de austeridad, en solo seis meses gastó más de 18 millones de pesos en insumos de papelería y asesores de imagen. En seis meses, la Legislatura firmó 18 contratos para la prestación de servicios, compra de insumos, contratación de servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento del recinto. Diez contratos fueron otorgados de manera directa y, en algunos casos, se detectaron sobrecostos de productos en un 200 por ciento, según documentó La Silla Rota hace una semana.
Resulta que, luego de acusar desvíos y despilfarros en la Legislatura pasada, ahora no lograron ahorrarse un peso. El Congreso veracruzano sigue siendo el cuarto más caro del país y ya se prepara para otorgarse un aumento de presupuesto durante la sesión extraordinaria del próximo viernes.
Hay personajes de la 4T –lo mismo en el gobierno federal que en Veracruz- que seguirán comiendo huevo aunque les quemen el hocico.
Las del estribo…
- Dice el Presidente López Obrador que “aunque se pare el país”, no cederá al chantaje de las Universidades públicas para obtener recursos adicionales que les permita resolver su crisis financiera. AMLO podría estar jalando los bigotes al tigre; su apuesta es polarizar a los estudiantes frente a sus autoridades, acusándolas de corruptas y despilfarradoras para someter su autonomía. Mientras, los normalistas que secuestraron decenas de personas ya obtuvieron las plazas que exigían.
- Después de su anodino paso por la dirección del IPE, Hilario Barcelata ha vuelto a la comodidad de su oscuro cubículo en la UV. Hoy alerta de los costos de la reestructuración de la deuda pública de la misma forma que analizó y criticó durante años la situación financiera del Instituto. Pero cuando la solución estuvo en sus manos, convirtió al IPE en una agencia de colocaciones para amigos y novias, gozando de los beneficios que tanto criticó.