Los días corren y la designación de los nuevos magistrados sigue subiendo de temperatura. Ayer el Secretario de Gobierno Eric Cisneros –luego de una sospechosa ausencia- confirmó que será esta semana cuando el gobernador Cuitláhuac García envíe al Congreso del Estado sus propuestas para ocupar las vacantes en el Poder Judicial de Veracruz y negó que se vaya a imponer o beneficiar a amigos o conocidos con alguno de los nombramientos.

A su vez, el presidente del PRI en Veracruz convocó a conferencia de prensa para tomar distancia del Gobernador y asegurar que el Partido no está negociando posiciones; dijo que respeta la facultad del mandatario de enviar la lista de quienes formarán parte del Tribunal y que tampoco es facultad de los diputados presentar candidatos sino sólo votar la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Pero no fueron los únicos. Luego de las declaraciones del juez y notario público Javier Castellanos Chargoy -quien dijo que durante una reunión en mayo pasado, Cuitláhuac García habría aceptado que sus decisiones estaban tomadas “y que el resto era responsabilidad del Congreso porque él se encontraba atado de manos con los partidos políticos”- las redes sociales se movilizaron para desnudar la asonada panista y su intento de imponer magistrados.

Castellanos Chargoy, a quien se atribuye también la autoría de la carta abierta que un grupo de jueces y abogados enviaron a la titular de la Segob federal, fue puesto en evidencia por una serie de publicaciones del pasado reciente.

Según una investigación del portal Plumas Libres (“Regala Duarte notaría a ex juez del TSJ, Javier Castellanos Chargoy, acusado de corrupción/ 21 de junio de 2016), el juez de primera instancia fue nombrado como Notario Público, con sede en el Distrito de Coatzacoalcos, para operar a placer, una de las veintidós Notarias que ofertó a su salida el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa. Según la publicación, Chargoy habría sido rotado por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz por actos de corrupción, en decenas de ocasiones.

Y señala que Castellanos Chargoy fue juez del Juzgado Cuarto de Minatitlán, de donde fue rotado al juzgado Sexto de Coatzacoalcos y, de ahí, con 160 quejas por actos de corrupción, al Juzgado Sexto de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa, señalado de lo mismo.

Además, refiere que abogados los acusaron que cobraba tres mil 500 pesos por formular un acuerdo, 500 pesos por asesorar a estudiantes de una conocida universidad para que litigaran como “pasantes”; diez mil pesos en adelante por resolver una sentencia, según el interés de las partes; y mil pesos por permitir a los “coyotes” litigar en los juzgados, todo esto mientras estuvo de juez en Minatitlán y Coatzacoalcos.

El notario público fue también fallido aspirante en 2014 a integrar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); fallido aspirante en 2015 a incorporarse al OPLE.

Pero resulta que Javier Duarte no fue su único benefactor. La Jornada Veracruz documentó la forma en que jueces de control y de primera instancia con méritos, así como algunos que han servido a los intereses del gobierno yunista, y otros más subordinados a los intereses del PAN, serían las propuestas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para ocupar las 12 plazas de magistrados. (“Panistas y afines al gobierno yunista, los 12 propuestos para cargo de magistrados” / 17 de julio de 2018).

Según la nota, los 12 aspirantes a ocupar un cargo como magistrado eran los jueces de control Alma Aleida Sosa Jiménez, Marco Antonio Lobato y Verónica Portilla Suazo, todos ellos del distrito judicial de Xalapa, quienes habían tenido los expedientes de los exfuncionarios duartistas que están en prisión o bajo proceso en libertad. Otra juez de control que fue incluida es Tomasa Delgado Serna, del distrito judicial de Veracruz.

Una propuesta ligada al Poder Judicial es el exjuez y actual notario público Javier Castellanos Chargoy; lo mismo que la abogada Rosalba Rodríguez Rodríguez, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Veracruz. En el supuesto anterior también caería el abogado y actual proyectista del Poder Judicial, Julio César Contreras y la juez Araceli Estrada.

A la postre, Yunes Linares retiraría la propuesta, misma que un año después ni siquiera ha sido presentada al Congreso local, lo que seguramente ocurrirá en la sesión extraordinaria que será convocada para este viernes.

Es sabido que la muerte suele revelar nuestras virtudes; el buscador de Google, nuestros pecados.

Las del estribo…

  1. Ayer, Morena avaló la Ley Federal de Austeridad Republicana, que solicitó el presidente López Obrador, la cual prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años después de dejar su cargo para evitar conflictos de interés. Ignoran que la Constitución garantiza el derecho al trabajo; además, ¿de qué van a vivir, de sus ahorros? Sólo están institucionalizando la corrupción.
  2. Otra vez, la salida a un conflicto generado por la ineficacia fue culpar a la administración anterior. Resulta que niños con cáncer no reciben tratamiento porque una campana para la preparación de quimioterapias no sirve, lo que afectó incluso la salud de personal médico. Tardaron un año en darse cuenta. Escupen para arriba: en una investigación seria, le resultaría responsabilidad a ambas administraciones.