Vaya predicamento en el que se debe encontrar el diputado federal xalapeño de Morena, Rafael Hernández Villalpando, ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el examen de admisión para aspirantes a educación media superior y superior.

Y es que recuérdese que Hernández Villalpando, como rector de la Universidad Veracruzana, fue el que decidió imponer el examen de admisión en la máxima casa de estudios del estado para terminar de tajo con los recomendados que en cada ciclo escolar lograban ingresar a la UV por influencias políticas aunque fueran pésimos estudiantes.

Para ello, el también ex subsecretario de Gobierno contó con todo el apoyo de su amigo, el entonces gobernador Dante Delgado Rannauro (1988-1992), quien ante las presiones de influyentes personajes que todavía solían hacerle peticiones para que ayudara a sus recomendados, el sustituto de don Fernando Gutiérrez Barrios mejor optaba por ofrecerles becas en universidades de paga.

Hasta ahora, ante las intenciones del gobierno federal de eliminar el examen de admisión en las escuelas públicas de educación media superior y superior, el único que se ha pronunciado públicamente ha sido el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien afirmó que este requisito debe mantenerse.

“No, no, no, por supuesto que no”, respondió el doctor Graue al ser cuestionado sobre sobre si sería factible o no cancelar la prueba, pues indicó que este año aspiraron ingresar a la UNAM más de medio millón de jóvenes entre el nivel medio superior y superior.

En el caso de la Universidad Veracruzana, el 26 de mayo pasado presentaron examen de admisión 45 mil 374 aspirantes, de los cuales sólo ingresaron 14 mil 416 estudiantes. Alrededor de 31 mil jóvenes debieron buscar otras opciones fuera de la UV.

Graue, quien pretende reelegirse en la Rectoría, dijo que “sería imposible tener generaciones de medio millón” en la UNAM.

“Yo creo que coincidimos con el gobierno federal en la necesidad de ampliar la matrícula de educación superior. En eso estamos todas las instituciones de educación superior”, externó el máximo jefe puma.

Sin embargo, tanto la UNAM como las demás universidades públicas del país enfrentan serios problemas financieros para recibir más estudiantes.

Hace una semana, precisamente, los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) –con excepción de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, quien viajaba por China– se reunieron con diputados federales para pugnar por un incremento presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos para ajustarse en 2020 a los planes del gobierno federal de otorgar educación gratuita y obligatoria.

Empero, después de su visita a la Cámara de Diputados, los rectores de la ANUIES se reunieron con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes sólo se comprometieron a conseguirles 3 mil 800 millones de pesos, casi el 25 por ciento del monto que habían solicitado a los legisladores.

De esta cifra, 1,300 millones serían para cubrir ingresos dignos a sus trabajadores, y los otros 2 mil 500 millones para el rubro U081 destinado a resolver problemas estructurales o para saneamiento financiero, según les habría planteado Héctor Garza, titular de la Unidad Administrativa de la SEP.

Nemi: 2 de octubre no se olvida

Ahora que a la actual administración estatal le ha hecho crisis la epidemia del dengue y el abasto de medicamentos, no está por demás recordar que hace cinco años, cuando Juan Antonio Nemi Dib tuvo que salir de la Secretaría de Salud, entregó oficialmente los siguientes números:

En los 18 meses de su gestión se redujo el dengue en más de 800% y se lograron cero casos de Sika y Chikunguña; se bajó la razón de muerte materna y se redujo casi a cero el diferimiento quirúrgico; se obtuvo la tasa más baja de defunciones por influenza y otras patologías transmisibles; por primera vez en más de 20 años se alcanzó 97% de cobertura en la vacunación universal; se bajó 28% el costo de operación de la Secretaría; se creó la Dirección de Salud Ambiental, que fue la primera en el país, así como el Instituto de Formación y Capacitación para la Salud y tres Jurisdicciones Sanitarias; hubo cero impugnaciones a licitaciones y concursos, y se logró un abasto certificado de más de 92% de fármacos y material de curación en las más de mil unidades aplicativas de SESVER.

Se redujeron considerablemente también los accidentes, muertes y discapacidades asociadas a ellos; se basificó al mayor número de trabajadores hasta entonces, enfrentando al corrupto cacicazgo sindical que pretendía vender ilegalmente 400 contratos del hospital de Boca del Río, entre otras muchas irregularidades.

Se tuvo el menor número de infecciones nosocomiales; se aumentó 650% las cirugías programadas en fin de semana; se rehabilitaron y equiparon más de 50 quirófanos; se presentaron más de 300 denuncias penales y administrativas por malas prácticas y delitos graves de malos servidores públicos; se compraron cientos de ambulancias básicas y de terapia intensiva equipadas, camiones y trailers para distribuir medicamentos; se reconstruyó el área de perinatología del CEM; se fabricaron diez clínicas móviles totalmente equipadas; seis de cada 10 contratos vigentes fueron renegociados y se bajó su importe; se compraron decenas de equipos de anestesia, endoscopía y laparoscopía, laboratorio, imagen y tratamiento; fueron adquiridos también equipos de cuarta generación para oncología; se creó el servicio de Oncopediatría en Coatzacoalcos; se capacitó a más de 14 mil trabajadores de todas las áreas de SESVER en un año, el mayor número en la historia de Veracruz; el programa “Salud pata todos los veracruzano” fue referente a nivel nacional y reconocido por la OPS-OMS.

Y todo eso sin contar con que debió soportar no solo que la Secretaría de Finanzas y Planeación le retuviera 8 mil 800 millones de pesos destinados a la salud de los veracruzanos, sino también la campaña de intrigas y ataques periodísticos que financiaron en su contra desde el propio círculo del poder.