Prefacio.
En el segundo párrafo del punto cuatro de la convocatoria para la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se establece: “El Congreso elegirá conforme a la votación prevista en la ley, de entre los integrantes de la terna, a quien deba desempeñar el cargo por designar”. *** La Constitución, en su artículo 67, ordena: “El Congreso designará al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el procedimiento que determine la ley”. *** En el artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior, se apunta: “En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la votación requerida, el Congreso instruirá a la Comisión para que dictamine la presentación de una nueva terna, de la que no podrán formar parte los integrantes de la terna anterior”. *** Este martes 24 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo, la Comisión de Vigilancia acordó la integración de la terna que, según el orden de prelación, quedó integrada por Delia González Cobos, Jorge Hernández Loeza y Cecilia Leyla Coronel Brizio. *** Con la excepción de esta última, los otros dos integrantes de la terna están muy lejos de ser de los mejores perfiles para ocupar el cargo. Su principal mérito, es su cercanía con Morena. *** Sin embargo ese sólo hecho (su vinculación con el partido en el poder) ha sido en muchos casos suficiente, incluso a pesar de que sean totalmente ajenos a la actividad que se les encarga. *** Pero la Ley prevé que se presenten estos casos y deja abierta una opción: que los legisladores les nieguen su voto y que, incluso, de considerarlo necesario, obliguen a la Comisión de Vigilancia a presentar una terna distinta. *** Está en sus manos. Se requiere el consenso de dos tercios de los legisladores presentes.
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Hay algo que no le han aprendido los seguidores de Morena a su presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en su momento se los ha hecho notar el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Lo dijo ante las cámaras: “Paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia”. Y una muestra de que el propio López Obrador sigue ese camino, es lo expresado la mañana del martes, cuando fue cuestionado por la orden de aprehensión emitida en contra de Jorge Winckler:
– Lo de… que actuaba como procurador en Veracruz, no tengo mayor información, porque eso lo está atendiendo la Fiscalía General. No es un asunto que tenga que ver con el Poder Ejecutivo.
Así de sencillo. Pudiendo haber festinado que se aplicaba la Ley a uno de sus detractores, optó por deslindarse. El tema no es suyo y, por lo tanto, debe ser el órgano autónomo encargado de la procuración de justicia, el que hable sobre eso.
Ni el gobernador de Veracruz, ni el secretario de Gobierno, ni los diputados tendrían que estar emitiendo opiniones sobre un asunto que cae estrictamente en el ámbito de las Fiscalías y, como consecuencia de ello, en los tribunales de justicia.
Hoy la confirmación de que hay causas abiertas en contra de Jorge Winckler y sus secuaces ha abierto un debate en el que, incluso, se han visto involucrados varios periodistas.
Por un lado los que están casados con la causa de Morena y ven todo negro en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y por otro, aquellos que juran, como si hubieran sido testigos presenciales, que Javier Duarte pactó con López Obrador al menos desde 2016 -quizá antes-, el financiamiento y la operación subrepticia en las campañas de Cuitláhuac García, a cambio de obtener impunidad una vez que Morena se hiciera de la Presidencia.
Hasta este momento Javier Duarte sigue en la cárcel, y aunque se vislumbra una próxima salida, esa posibilidad está sostenida en argumentos jurídicos, no políticos ni mediáticos.
Hasta hoy, ningún colaborador de Miguel Ángel Yunes Linares está en la cárcel, aunque ya se han emitido algunas órdenes de aprehensión.
Bien lo decía Chales Darwin: “La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia”.
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Epílogo.
A pesar de que el Poder Judicial llevó el caso a revisión ante un tribunal colegiado en materia administrativa, finalmente al juez Rafael Agustín Hernández Virués le fue confirmada la protección de la justicia y deberá ser reinstalado en un juzgado del puerto de Veracruz. *** No es el único caso. Apenas la semana pasada el juez Christian Mauricio Mendoza Espinosa consiguió también el amparo, por lo que se le ordenó a su superior jerárquico que lo readscribiera en el Distrito Judicial de Xalapa, tras inconformarse por haber sido enviado a Pánuco. *** A propósito del Poder Judicial, se corre el rumor de que este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso loca, se podría dar otro “albazo”, ahora para la designación de aquellos que ocuparían las 13 vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. *** El artículo 59 de la Constitución local establece que “en los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”. *** El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, no quita el dedo del renglón. Subió a su cuenta de twitter: “Desde #Soteapan, #Veracruz en reunión con consejeros políticos, exigimos a @lopezobrador_ y @PartidoMorenaMx congruencia, porque durante 22 años la izquierda acusó a @ManuelBartlett del #Fraude1988 y hoy atenta contra los recursos del @GobiernoMX #BartlettSAdeCV”.
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