En medio del ensordecedor ruido mediático de la remoción del Fiscal y el intento panista de iniciar un juicio político en contra del Gobernador, o peor aún, la desaparición de poderes, dos notas económicas han pasado casi desapercibidas para el auditorio: el proceso de reestructuración de la deuda pública del Estado y el puntaje que otorgan las calificadoras crediticias a Veracruz.

En el primer caso, el mecanismo ha sido verdaderamente inédito. Hace un par de días, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, se reunió con una docena de ejecutivos de la banca comercial, a quienes les presentó la propuesta para la compra de la deuda pública y las condiciones fiscales de Veracruz. Así, de manera abierta, sin acuerdos ni moches previos, se inició esta especie de licitación pública, donde todos los actores están jugando con piso parejo.

El encuentro sirvió para que los representantes de las instituciones bancarias obtuvieran los datos que les permitan en un futuro inmediato presentar sus ofertas de crédito para el refinanciamiento de la deuda estatal, según el calendario que ha sido establecido.

En efecto, las comparaciones son odiosas, y más cuando se hacen en medio de tanta estridencia política. No obstante, vale recordar que el gobierno anterior realizó un proceso de reestructuración en el que nunca se supo los montos, el pago de intereses, los bancos que habrían participado, ni el despacho –y sus honorarios- que habrían llevado la negociación.

Toda esa información se hizo pública hace apenas unas semanas cuando el gobierno presentó la propuesta al Congreso estatal para su aprobación. Y no valen las comparaciones, porque el propio Secretario de Finanzas ha reconocido que aquélla reestructura se realizó en las condiciones que eran posible en ese momento, como fue el caso de la creación del Fideicomiso que hoy ha desparecido.

La imagen de la reunión es explícita: los ejecutivos bancarios tomando nota de la exposición de Lima Franco para valorar la rentabilidad financiera de la reestructura. Mostró además que no había un “negocio pactado” con ninguna institución bancaria, como siempre se sospechó en administraciones pasadas. El proceso apenas inicia, pero en aras de la transparencia, no pudo iniciar mejor

El segundo aspecto ha sido el tema de las calificadoras crediticias, que tiene que ver precisamente con el proceso de reestructura. Sin una calificación aceptable, los banqueros no hubieran puesto un pie en la Secretaría de Finanzas. Pudieron comprobar que las calificaciones crediticias asignadas por agencias internacionales, muestra una mejoría de las finanzas públicas del estado. Aunque aun es necesario que esto se refleje en el bolsillo de los veracruzanos.

Aunque la calificación crediticia no es un criterio de política económica que guste al Presidente López Obrador, sigue siendo un referente no sólo para diagnosticar la salud de las finanzas públicas sino también para servir como información confiable para los inversionistas que buscan donde hacer nido.

En el caso de Veracruz, la herencia de los gobiernos anteriores –cuya deuda fue renegociada hasta en dos ocasiones- comprometió casi la mitad de las participaciones federales, el principal ingreso de la mayoría de las entidades del país. Es decir, tenemos las tarjetas de crédito al tope y apenas nos alcanza para pagar el saldo mínimo.

Sin embargo, a pesar de la calificación publicada este miércoles por Reforma (BBB-), la realidad es que el barco empieza a salir a flote, según las previsiones de las propias calificadoras. En su círculo íntimo, Lima Franco ha dicho que su objetivo es dejar la calificación crediticia de Veracruz en A, es decir, unos cuatro peldaños arriba de donde se encuentra actualmente.

Tres de ellas –HR Ratings, Standard&Poor’s y Moody’s- ya han mejorado sus calificaciones, mientras que Fitch también podría elevar su calidad crediticia a partir del inicio del proceso de reestructuración de deuda que, como hemos dicho, se encuentra en proceso de adjudicación con la banca comercial.

De hecho, la calificadora Moody’s también reconoció que se están sentando las bases para la consolidación y estabilización financiera de Veracruz. Más allá de los tecnicismos, el razonamiento financiero es que el gobierno actual ha demostrado una mejora en las prácticas de administración y gobierno, que incluye una mayor transparencia en la presentación de estados financieros, más confiables que los términos y condiciones del refinanciamiento que llevó a cabo la administración pasada.

En su informe, Moody’s espera que Veracruz estabilice su dependencia en el uso de deuda de corto plazo en menores niveles que los registrados anteriormente, lo cual impactará de manera positiva los niveles de liquidez. Si revisamos las cifras y las calificaciones de los años anteriores, lo publicado por Reforma resulta una buena noticia. Se ha detenido la caída libre y se empiezan a subir peldaños que son señales alentadoras para los inversionistas.