La Fiscalía General del Estado (FGE) se ha convertido en una agencia de colocación de priistas y funcionarios de estados como Nuevo León y Quintana Roo, supliendo en su mayoría a panistas que fueron acomodados durante el yunismo y en la estancia de Jorge Winckler, como Fiscal General.

A pesar del hermetismo de la dependencia, se logró conocer algunos nombramientos en los últimos diez días, que se han dado a conocer sólo como trascendidos. Incluye a personas no nacidas en Veracruz.

El 3 de septiembre el Congreso suspendió de manera temporal a Jorge Winckler como Fiscal General. Nombraron a Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho, quien ha cesado a exfuncionarios y otorgado nuevos nombramientos, sin darlos a conocer de manera oficial ante los medios.

Marcela Aguilera

El trascendido o  comentario más reciente involucra a la priista Marcela Aguilera Landeta, quien llegó a la Coordinación de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

La diputada local en el período de Javier Duarte de Ochoa se desempeñaba como asesora del diputado Juan Carlos Molina Palacios, quien recientemente lanzó una amenaza a los diputados federales para que no se recorten el presupuesto al campo.

«Hago un llamado a todos los diputados federales y senadores, no se atrevan a bajarle el presupuesto al campo, no despierten al monstruo que está dormido porque no vamos a permitir que nos atropellen porque sería un acto criminal», expresó en la presente semana en la Guardia de Honor frente al monumento de Miguel Hidalgo, en el marco del 209 aniversario de la Independencia.

La priista integró la LXIII legislatura como representante del distrito de Tierra Blanca. Entre las leyes que aprobó de Javier Duarte, se le refieren la aprobación de deuda pública, en 2015, por 21 mil 700 millones de pesos, además del impuesto a la nómina.

Aguilera Landeta también fungió como subprocuradora Regional de Justicia en Cosamaloapan entre 2010 y 2011, en su momento trascendió que habría intercedido por su hermano Paulino Aguilera Landeta, quien presuntamente habría sido detenido por elementos de la Secretaría de Marina por el delito de robo de hidrocarburos.

En Veracruz no hay perfiles

Información extraoficial detalla que a la Dirección de Servicios Periciales llegó Héctor Ronzón García, en sustitución de Mario Valencia. El nuevo funcionario es originario de Quintana Roo.

En su perfil de Linkedin, se presenta como perito odontólogo forense certificado en recolección de datos post mortem en la Fiscalía General del Estado en Cancún, Quintana Roo, Perito Estomatólogo Forense como consultor particular.

Además de Catedrático de la Licenciatura en Criminología y Criminalística en la Universidad La Salle Campus Cancún, catedrático en la Facultad de Odontología en la Universidad Anáhuac Cancún, y Catedrático en la Universidad del Sur Campus Cancún UNISUR en la materia de odontología legal.

El especialista es egresado de la maestría en Medicina forense del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana, becado por Conacyt para posgrados de excelencia educativa.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Quintana Roo, se desempeñaba como director de Servicios Periciales, también fue Médico legista.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó sobre otro enroque en la Dirección de la Unidad Especializada contra el Secuestro, pero evitó dar a conocer el nombre de la persona que asumió la responsabilidad.

El primer cambio fue el de Samuel López Leza, como encargado de despacho a la Dirección de la Policía Ministerial, en sustitución de Jorge Arturo Rodríguez, quien fue designado en agosto del 2018.

López Leza es originario de Nuevo León; se desempeñaba como Director de Operaciones de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, quien también es nativo de ese estado.

Según su currículum que es público en el portal de transparencia de la SSP es licenciado Criminalista y Maestro den Derecho Procesal.

En cuanto a su historial laboral, fue Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones de Santiago Nuevo León del 2002 al 2004; también fue responsable de los destacamentos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León del 2004 al 2007; posteriormente fue director de la Policía y Tránsito del municipio de Higueras en Nuevo León del 2017 al 2018.

También fue Director de Análisis e Información de la Secretaria de Seguridad Pública en San Nicolás de la Garza, Nuevo León, cargo en el que se desempeñó este mismo año, según información pública en la página de la SSP.

Desaparecidos

Este viernes 13 de septiembre se confirmó el cese de Hugo Alberto Martínez Saldaña, Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

Como nueva encargada del área de desaparecidos llegó Martha Lidia Pérez Gumersindo, quien antes estuvo en la Fiscalía de Distrito de Córdoba y Poza Rica y fue postulada como encargada de la Comisión Estatal de Víctimas por Colectivos de Búsqueda de la región centro del Estado.

En agosto de 2018 se hizo circular en redes sociales una carta -supuestamente escrita por fiscales de Córdoba y Xalapa- en la que acusan de diversas irregularidades a los fiscales regionales de Xalapa, José Alfredo Gómez Reyes, y de Córdoba, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

En la denuncia, los trabajadores acusaron que los obligan a fabricar culpables. “Hay expedientes donde nos obligan a fabricar delitos en contra de sujetos detenidos por Ministeriales y Seguridad Pública”, mencionó entre otras cosas la misiva”.

Nombramientos pendientes

Y con anterioridad se habría anunciado la salida de Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien se desempeñaba como Fiscal Especial en la Zona Centro; así como Gabriela Reva Mercedes Hayón, quien fungía como Oficial Mayor.

Esta misma semana también trascendió que el abogado general, Néstor David Morales Pelagio, y el Primer Visitador Gustavo Fernando Vastos Pulido, presentaron su renuncia al cargo, para hacer efectiva a partir del 15 de septiembre.

Sin embargo, el área administrativa de la FGE ya levantó las actas correspondientes por abandono de trabajo, sumado a que están obligados a realizar el proceso de entrega-recepción, según lo marca la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

AVC/Isabel Ortega