Jorge Winckler acababa de llegar a la Fiscalía General del Estado cuando de inmediato mostró su naturaleza intolerante.

El abogado de Miguel Ángel Yunes rindió protesta al terminar 2016; sustituyó a Luis Ángel Bravo, quien renunció unos días antes a la FGE. En un proceso simulado en la pasada legislatura, Winckler se impuso a Gerardo Rafael Ramos Maldonado y a Tania Celina Vásquez Muñoz.

El nuevo fiscal –hoy separado del cargo– iniciaba una relación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, CEAPP, a cuyo frente se encuentran Ana Laura Pérez Mendoza, en la Presidencia, y Jorge Morales Vázquez, en la Secretaría Ejecutiva.

En una de las primeras reuniones entre la Comisión y la Fiscalía, las partes acordaron instalar mesas de atención para periodistas que tenían carpetas rezagadas en la instancia de procuración de justicia.

Una de esas mesas se ubicó en Coatzacoalcos, donde reporteros locales entrevistaron al secretario ejecutivo de la CEAPP. Jorge Morales se refirió a los casos de homicidio, desapariciones y, en general atentados contra el trabajo de periodistas veracruzanos, ataques contra la libertad de expresión, que se encontraban impunes desde hacía años.

Algún medio aprovechó las palabras del represente de la Comisión para hacer un señalamiento que involucraba directamente al fiscal, quien de inmediato se comunicó con Morales Vázquez, a quien exigió una disculpa pública y amagó con suspender la relación de la FGE con la CEAPP.

Quienes conocemos a Jorge Morales sabemos de su congruencia e independencia de criterio; por supuesto, esa disculpa nunca se produjo, por lo que Winckler suspendió las mesas de atención a periodistas de forma unilaterial e irresponsable.

A partir de ahí, Winckler fue fiel a su sello con relación al trato con la prensa: bloqueó el número de Jorge Morales, como lo hizo con las cuentas de redes sociales de todos los periodistas que consideraba críticos a su gestión, y  cerró la posibilidad de una relación institucional con la CEAPP.

¿Qué ha pasado con las carpetas de investigación de los 25 homicidios de periodistas veracruzanos que se han registrado de 2005 a la fecha?; absolutamente nada; la Fiscalía General del Estado no resolvió un solo caso y lo mismo ocurre con las desapariciones de 8 reporteros que trabajaban en la entidad.

Habría que destacar que la FGE se atribuye el esclarecimiento de dos de los 25 homicidios perpetrados contra periodistas, el de Ricardo Monlui y el de Leobardo Vázquez; sin embargo, el autor material en el caso de Monlui, quien ya fue sentenciado, no fue detenido por la Policía Ministerial, que depende de la FGE, sino por la Secretaría de Seguridad Pública en un operativo, además de ser señalado por la familia del periodista asesinado.

Por otro lado, el presunto asesino de Leobardo Vázquez también fue detenido por la SSP, no por la FGE. Los elementos de la Policía Estatal detuvieron a un grupo delictivo, a cuyos integrantes se aseguró el arma con la que dieron muerte al periodista, lo que facilitó la identificación de uno de los actores del homicidio.

El caso es que acostumbrado a tener relación sólo con prensa a modo, Winckler se encerró en su burbuja y no quiso saber nada de la CEAPP, a cuyas sesiones nunca acudió a pesar de tener un asiento en el pleno.

El fiscal sólo enviaba algún representante de vez en cuando a las sesiones, tres o cuatro veces en dos años, pero no hubo atención ni avances visibles en las investigaciones de los numerosos casos de agresiones contra periodistas.

Jorge Winckler ya no es el fiscal de Veracruz y su separación del cargo, aunque sea “temporal” (como le han llamado de forma oficial a su destitución), abre la puerta para una nueva relación entre la Fiscalía General del Estado, representada ahora por Verónica Hernández Giadáns en su calidad de encargada del despacho, y la CEAPP.

Ojalá esa nueva relación permita que la Fiscalía avance en las investigaciones de los casos de los periodistas veracruzanos que han sido asesinados, desaparecidos o víctimas de agresiones. @luisromero85