El pasado 30 de junio venció el plazo legal para que el fiscal Jorge Winckler Ortiz, acreditara los exámenes de control y confianza que marca la ley, y mantenerse en el cargo, pero incumplió con la certificación.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, justificó el actuar de los integrantes de la Diputación Permanente, al argumentar que se basaron en la Constitución Federal, que da atribuciones para remover a titulares de órganos autónomos.
Con dos horas de retraso y sin aceptar preguntas de los representantes de los medios de comunicación que esperaron la conferencia, se limitó a leer el posicionamiento de la fracción que coordina.
“Quiero dejar muy en claro que el acuerdo emitido por la diputación permanente se sustenta en ideales republicanos, donde ponderamos el interés colectivo por encima de lo individual buscamos brindar certeza jurídica paz y seguridad a Veracruz”.
Justificó el proceso legislativo al argumentar que Winckler Ortiz fue impuesto en dicho órgano autónomo “por gobernantes del pasado que mintieron y engañaron al pueblo veracruzano”.
La remoción se basó, leyó, en el artículo 123, apartado b fracción décima tercera de la constitución federal, que establece que los agentes del Ministerio Público, Peritos, y miembros de las instituciones policiales de la federación, entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes.
Por lo que se optó por la medida cautelar para evitar daños irreparables a derechos fundamentales de las veracruzanas y los veracruzanos en materia de procuración de justicia tutela judicial efectiva y seguridad pública.
AVC