Por razones políticas y de incompetencia en su trabajo –Veracruz es uno de los estados con el mayor índice de impunidad a causa de una deficiente procuración de justicia-, el fiscal Jorge Winckler debió separarse del cargo hace mucho tiempo. El conflicto provocado con el gobierno estatal sólo abonó a la ingobernabilidad y el empoderamiento de la delincuencia, en lo que ha sido un vergonzoso carnaval de culpas.

Jorge Winckler no sólo era uno de los fiscales estatales peor evaluados en el país, sino que se había convertido en un obstáculo para el desempeño del gobierno. Se tenía que haber ido de la misma forma en que llegó: dando un espacio a la plena responsabilidad del gobernador entrante. La autonomía sólo ha sido una farsa.

Muchos fueron los intentos por removerlo del cargo, incluyendo la promoción de un juicio político que feneció en las manos de los propios legisladores morenistas disidentes. Llovieron denuncias en su contra –principalmente por el caso de tortura y diversas irregularidades administrativas- que hasta ahora no han prosperado. Ha vivido durante nueve meses la incesante metralla mediática de sus adversarios.

Sin embargo, le pasó algo similar que Al Capone. El capo de la mafia no fue encarcelado por sus crímenes sino por evasión  de impuestos, algo que ni siquiera imaginó. En este caso, la remoción temporal de Jorge Winckler –falta un intenso proceso de desahogo de pruebas y derecho de audiencia- llegó por la vía de no haber acreditado periódicamente su certificación por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De confirmarse, habría sido un error de párvulos.

La ley es clara y el relevo temporal del Fiscal General del Estado es legal. Sin embargo, lo que será motivo de una intensa batalla política –en la que se verá involucrado todo el sistema de justicia-, ha sido el procedimiento, el cual habría pasado por alto una serie de disposiciones específicas para el caso que nos ocupa.

Al término de la demencial jornada política de ayer, se dibujaron varios análisis jurídicos del proceso realizado. En el artículo 498 del Reglamento de la Fiscalía se establece que en caso de que el cargo de Fiscal quede vacante por cualquier circunstancia (…) quedará a cargo, de manera provisional, la servidora pública o el servidor público que en orden de prelación se encuentre señalado de la fracción II a V del artículo 15 de la Ley Orgánica.

¿Quiénes son estos funcionarios? Según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía son el Visitador general, el Fiscal de investigaciones ministeriales, la Fiscalía anticorrupción, los Fiscales regionales y hasta los Fiscales coordinadores especializados. En ningún lado se establece que el Congreso pueda nombrar un sustituto. En consecuencia, señalan los abogados litigantes, las actuaciones de quien nombraron suplente del Fiscal estarán revestidas de nulidad e incurriría en delito por no estar facultada para ejercer dicho cargo.

Pero aún hay más. Según el artículo 67 de la Constitución local se establece que las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que señale la ley, misma que a su vez nos remite al Reglamento citado. Así que antes de resolver el entuerto jurídico, han creado un gran problema

Además, hasta ahora el Sistema Nacional de Seguridad Pública tampoco se ha pronunciado por el supuesto incumplimiento del Fiscal respecto de su evaluación de control y confianza. Sería desastroso para el Congreso local –y en consecuencia para un gobierno que simula estar al margen- que repitieran el desmentido que hizo la Fiscalía General cuando dijo que no tenía información que vinculara a La Loca con la masacre de Coatzacoalcos.

En el caso de quien fue nombrada encargada del despacho, se trata de Verónica Hernández Giadans, una profesionista reconocida y respetada, quien sin embargo hasta la mañana de este martes laboraba en la oficina del Secretario General de Gobierno, Eric Cisneros, como directora jurídica. La consigna de evitar “fiscales carnales” ha quedado en entredicho con el nombramiento de una colaboradora directa, de la misma forma que lo hizo Winckler con Marco Even Torres en la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente queda la reflexión sobre la actuación de la policía, a merced de los vaivenes de la política; hace algunos meses sometían al hoy Gobernador del estado y desalojaban a diputados locales –hoy funcionarios de gabinete- del Congreso local, por ordenes de quienes hoy fueron reprimidos afuera de la Fiscalía. Las reses de ayer de convirtieron en los carniceros de hoy.

No hay duda de que el Fiscal Winckler se tenía que ir; sin embargo, lo hicieron de la manera más desaseada posible, lo que podría traer graves consecuencias jurídicas si se confirman algunas teorías de los juristas.

Ahora sí, la visita del Presidente el fin de semana sirvió para tomar decisiones.

Las del estribo…

  1. Después del sainete del día de ayer, le esperan días difíciles al Congreso del Estado. Por supuesto el diálogo está roto y no habrá tema que pase en medio de la polarización que existe. Habrá denuncias de unos contra otros; no habrá nuevos magistrados; el presupuesto tendrá que pasar una dura aduana. El costo político está por verse.
  2. Y mientras en la Cámara de Diputados de San Lázaro el PRI se enfrentaba con todo a la intención reeleccionista de Morena, en la local daba su apoyo a Morena para la remoción del Fiscal General. ¿Cuál sería la posición del presidente estatal Marlon Ramírez?