Tras la masacre de Coatzacoalcos que le costó la vida a treinta personas, se han multiplicado las voces que exigen la renuncia del secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, por su manifiesta incapacidad para controlar la ola de violencia inédita en la historia reciente de Veracruz.
Burócratas, empresarios, maestros, estudiantes y organizaciones civiles, han manifestado su enojo en las redes porque aseguran que desde que Hugo llegó a la titularidad de la SSP se han incrementado los feminicidios, secuestros y extorsiones.
Legisladores del PRI, PAN, PRD e incluso algunos de Morena (aunque éstos no lo manifiestan de manera abierta), le recriminan que en nueve meses no se haya parado por el Congreso para darles a conocer su plan para inhibir la delincuencia.
El viernes anterior el periodista de Excélsior Jorge Fernández Menéndez escribió en su columna Razones: “Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad designado por Cuitláhuac García, fue destituido (junto con agentes de su círculo más cercano, 28 elementos) el primero de noviembre de 2016 como director del Centro de Operaciones Estratégicas (CEO) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, de donde es originario, acusado de extorsionar a un empresario a quien le exigieron 300 mil pesos a cambio de dejarlo comercializar con diésel”.
Esto ya lo sabía la raza jarocha, pero lo que quizá ignoraba es lo que el periodista dijo a renglón seguido:
“Pero había mucho más. Hugo Gutiérrez Maldonado y su equipo estaban acusados por un importante grupo de empresarios regiomontanos de chantaje, secuestros y narcomenudeo.
“Era parte del equipo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y lo había recomendado con el gobernador nada menos que otro de sus grandes amigos, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, actualmente preso y procesado en Estados Unidos, acusado de dirigir una banda del crimen organizado desde la propia fiscalía estatal.
“El modo de operar es el mismo: chantajes, extorsiones, secuestros, narcomenudeo. Cómo pudo llegar un hombre acusado de esos delitos, denunciado por la iniciativa privada, a secretario de Seguridad Pública de un estado como Veracruz, es inexplicable”.
En su primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas le dedicó tres minutos al renglón de seguridad, pero entre lo destacado apuntó: “Estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso. Lo vamos a lograr con el trabajo coordinado de todo el gobierno, como lo estamos haciendo, cerrando filas todos juntos. Lo vamos a lograr también con algo que es muy importante: no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. Cero impunidad, separando muy bien, marcando la línea, la frontera, por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad, nada de mezclar delincuencia con autoridad. Eso se termina. El que se meta a proteger a delincuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay influyentismo”.
Lo anterior puso contenta a la sociedad veracruzana. Todo mundo pensó que las palabras del presidente tenían un destinatario en Veracruz; el jefe policiaco nativo de Nuevo León que sería cesado de sus funciones.
Pero…
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García despejó dudas. “No, no habrá ningún cambio de gabinete. Esa pregunta ha sido muy reiterada y reitero la respuesta, nos basamos en resultados, los resultados no se miden en un día”.
En efecto, no se miden en un día, pero sí en nueve meses. Y en ese tiempo se han acrecentado los crímenes violentos en la entidad.
Pero el gobernador pasó por alto ese detalle y se fue por otro lado al fustigar al PAN y PRD por callarse cuando el gobernador anterior, Miguel Ángel Yunes Linares, incumplió su promesa de acabar con la inseguridad en seis meses.
Y ya entrados en gastos dijo que Hugo Gutiérrez se queda porque sus resultados lo avalan. “En nuestro caso los números son mejores, mucho mejores. Ahí están las comparaciones del Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo”.
¿Mejores números? Caray…
Que algunos lo engañen con cifras mentirosas no debería sorprender a nadie, lo que sorprende es que tras nueve meses en el cargo Cuitláhuac García aún les siga creyendo.
De diciembre del año anterior al mes de agosto Veracruz está peor, mucho peor en violencia e inseguridad de lo que estuvo con Duarte y Yunes.
En todo este tiempo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido Hugo Gutiérrez Maldonado que no ha podido ocultar que durante su mandato los secuestros, feminicidios y ejecuciones aumentaron un 350 por ciento en relación a los primeros nueve meses de sus antecesores.
Tampoco puede ocultar que pesa sobre él una denuncia por extorsión que le costó el puesto en su tierra natal. Además de los señalamientos por secuestro y narcomenudeo que le hicieron empresarios regiomontanos.
Nomás por esos antecedentes no debería estar ni como policía de crucero.
Sin embargo, seguirá en el cargo porque según Cuitláhuac García, “sus resultados lo avalan”.
De ese pelo están las cosas con la seguridad en Veracruz. De ese pelo.
Aparecen acelerados en el Poder Judicial
A pesar de que faltan tres meses para que se elija o se reelija al próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya hay acelerados que andan moviendo las aguas en su afán por hacerse notar. El problema es que las están agitando tanto que se pueden ahogar.
Sin duda queriendo llevar agua a su molino, el magistrado Raúl Pimentel Murrieta manifestó que es “inédito e injustificado” que aún no se designen a los 13 magistrados que hacen falta para cubrir igual número de vacantes.
Por razones ignotas, Miguel Ángel Yunes que debió proponer a los abogados que cubrirían esas vacantes, dejó pasar el tiempo y cuando mandó sus propuestas a la Legislatura, los diputados alegaron que esa tarea le correspondía al nuevo mandatario estatal.
Ya en el poder, el gobernador Cuitláhuac García mandó seis propuestas que duermen el sueño de los justos en el Congreso local, porque las magistraturas se han convertido en un botín político de grupos que buscan lucrar y sacar raja con la elección de los magistrados.
Aquí lo que llama la atención es que después de veinte meses, Pimentel Murrieta se acuerde que faltan 13 magistrados, cuando su verdadero afán es el de comenzar a hacerse publicidad.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, al presidente del Tribunal Superior de Justicia lo elegirán o reelegirán por tres años los magistrados que integran el Pleno de la Judicatura. Pero hay más de uno -que insisto-, están agitando las aguas en busca de ese objetivo auspiciados por intereses que los están acelerando y proporcionando recursos a pasto para, digamos… darse a conocer.
El problema para estos acelerados (y lo deberían saber mejor que nadie), es que los magistrados no son como los legisladores. Mientras éstos ven intereses de todo tipo, aquellos ven trayectorias profesionales.
En el Poder Judicial las jugarretas y los aceleres no son tomados en cuenta.