Ni los amparos promovidos contra “magistrados suplentes”, ni la posibilidad de que sus resoluciones se vengan abajo por la vía de la revisión –lo que obligaría a reponer todo el procedimiento-, ni la ilegalidad que podría generar sanciones a los propios jueces habilitados, ni la obligación del Congreso por nombrar a los titulares de las 13 vacantes que existen desde enero de 2018, han servido para que el gobernador realice la propuesta correspondiente. Literalmente, ni suda ni se acongoja.
Salvo en la intimidad del morenismo, no hay razón que justifique el premeditado abandono del Poder Judicial. No hay línea, no hay instrucción, no hay acuerdos. Lo único que hay es una desidia y una omisión vergonzosas.
Semanas después de la elección que cambiaría el rumbo del país y del estado, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares intentó operar –con un Congreso de mayoría panista-, la designación de los nuevos magistrados. A pesar de que pudo hacerlo desde enero del año pasado, el mandatario decidió esperar el resultado de la elección que finalmente no le favoreció. Y entonces se armó el follón.
Aquél siete de agosto, diputados locales de Morena tomaron los accesos del Congreso de Veracruz a fin de evitar la designación de los 12 nuevos magistrados del Poder Judicial; en aquél momento acusaron que las bancadas del PAN y del PRD pretendían elegir a personajes afines a Miguel Ángel Yunes. Los legisladores colocaron letreros y leyendas como “No a los magistrados carnales” y “Clausurado por atentar contra el pueblo”; hoy la indignación y las pancartas sólo forman parte de la anécdota.
Ese mismo día, el gobernador Yunes tomó una de las decisiones más sorpresivas de su gobierno: decidió no presentar al Congreso del estado ninguna propuesta para el nombramiento de magistrados y dejar que lo hiciera el gobernador electo una vez que asumiera el cargo.
Dijo entonces que la Constitución Política del Veracruz establece que el gobernador debe proponer al Congreso el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; es una de las normas que regulan la división, la autonomía y el equilibrio entre Poderes. “Por ello, aun cuando la Constitución me faculta, estoy en tiempo para hacerlo y podría tener la mayoría en la Comisión Permanente para lograr el nombramiento provisional, decidió no hacer tal propuesta”, reiteró.
En efecto, en medio de la euforia del triunfo electoral y el avasallamiento de Morena, el comal no estaba para bollos.
Pero así pasaron los meses y llegó el nuevo gobierno. Aún con la mesa puesta, decidió que no había prisa. En enero pasado, el gobernador Cuitláhuac García se pronunció porque no habría ni magistrados carnales, ni prisas por destituir al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. Hoy, cuando se han cumplido nueve meses de gobierno, ninguna de las dos cosas ha ocurrido.
Cuatro días después, el mandatario envió al Congreso del estado el listado de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, como propuestas para nombrarlos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hasta ahora, quienes integran la propuesta enviada por el Ejecutivo son Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso y Esteban Martínez Vázquez.
Hace un par de semanas, entrevistado en el Congreso durante su visita para hacer entrega de la medalla “Heberto Castillo”, el Gobernador volvió a responder con evasivas y dijo que no hay fecha remita sus propuestas para ocupar las 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial de la entidad.
Hay mucho de qué preocuparse. Los amparos que se están otorgando contra resoluciones de magistrados suplentes, debido a que jueces federales consideran ilegales las designaciones de togados sustitutos que realizó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, podría ser la punta del iceberg.
Según abogados especialistas, no sólo están en riesgo las resoluciones emitidas, sino que los jueces podrían ser sancionados por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por devengar sueldos y salarios que no corresponden a su función. Cobran como magistrados sin serlo, ya que sus nombramientos deben ser renovados cada semana por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ayer el magistrado Raúl Pimentel Murrieta se fue por la libre y criticó el desinterés del Gobernador y la omisión del Congreso de analizar por los menos los perfiles de los aspirantes que fueron propuestos desde el pasado mes de enero.
Hasta ahora, sólo ha sido un capricho político en contra de la justicia. La tormenta se avecina.
Las del estribo…
- Pues en efecto, el Presidente lo volvió a hacer. Mientras los deudos sepultaban a sus muertos tras el ataque a un bar de Coatzacoalcos que dejó 30 muertos, López Obrador alzaba sonriente la mano del gobernador Cuiltáhuac García. La imagen parecía más el rescate de un niño ahogándose que el apoyo político de un Presidente.
- No habrá cambios en el gabinete dijo ayer el gobernador en una rueda de prensa. Lo que generó tranquilidad en algunos, provocó pánico entre muchos: quiere decir que las cosas van a seguir igual.