Lo que dijo este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el estado de la violencia criminal en el país fue todo menos un mensaje de esperanza, si bien reconoció que no son buenos los resultados en disminución de la incidencia delictiva, lo que ya es un avance en un discurso tradicionalmente autocomplaciente.

Y es que, a no ser que apostemos por su necedad o perseverancia, lo cierto es que AMLO no ofreció en su primer-tercer informe una estrategia diferente, clara, de cómo detendrá la creciente escalada de violencia criminal, alentada por el sector más oscuro de sus enemigos políticos o por la pasividad con que han actuado las fuerzas de seguridad por órdenes suyas, o por ambas cosas.

“Está atendiéndose el problema, pero constituye nuestro principal desafío. Yo soy un hombre de desafíos, de retos y soy perseverante, y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso”, dijo.

En Palacio Nacional, ante un público aplaudidor, señaló que logrará la pacificación del país con un trabajo coordinado de todo el gobierno y sin permitir el contubernio de la delincuencia con la autoridad. “El que se meta a proteger a delincuentes, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay influyentismo”, amenazó. Lo cierto es que la confabulación de autoridades y fuerzas criminales se ha recrudecido y no hay un funcionario encarcelado, vaya, ni siquiera bajo investigación.

En otras palabras, López Obrador pidió paciencia, pero muchos no llegarán a ver esa nueva realidad de un México pacificado pues habrán muerto antes de que ello suceda. Ha repetido el discurso que ha exasperado a miles de mexicanos: se acabó “la guerra de exterminio” contra la delincuencia organizada. “Ya no se permiten redadas, razias, ni masacres, ni se permite la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”.

Luego se dirigió a las fuerzas armadas que, en muchas ocasiones, han sido maltratadas por delincuentes disfrazados de “pueblo bueno”; agradeció su apoyo, de que hayan aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos con el uso regulado y adecuado de la fuerza. Y ahí se refirió al origen del actual Ejército Mexicano, surgido de la Revolución Mexicana: el marino y el soldado es pueblo uniformado”, y ya sabemos que para él los delincuentes también son pueblo.

Si, por un lado, se restringen las facultades del principal organismo de seguridad pública del país, la recién nacida Guardia Nacional, para atacar frontalmente a los delincuentes y, por otra, ninguna Fiscalía, sea local o federal, está en capacidad de investigar los delitos y castigar a los delincuentes, ya veremos si las becas y los programas sociales son capaces de arrebatarle a los criminales la creciente incorporación (forzada o consensuada) de miles de mexicanos al negocio más productivo del país.

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Policía preventiva, a investigar delitos, no solo fiscalías

El viernes pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, hizo tres propuestas: hacer un Código Penal Único, darle mayores facultades a las policías no ministeriales para investigar, y aumentar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Bernardo León Olea, politólogo y abogado, “activista por los derechos humanos desde la seguridad y la justicia penal”, se refirió en su cuenta de Twitter a las tres propuestas de Durazo. Para el caso, me llama la atención lo que dijo respecto a la posibilidad de que la policía preventiva también tenga capacidades legales y técnicas para investigar los delitos, ante la incapacidad de muchas Fiscalías para atender el problema.

En uno de sus comentarios, León Olea señala que ampliar las facultades de investigación de las policías no-ministeriales “es una estrategia contra la impunidad que elimina el cuello de botella que es el Ministerio Público (MP) en la investigación del delito, al permitir que los policías investiguen de manera autónoma”, y añade que la capacidad de investigación de las policías no-ministeriales, por su contacto cotidiano con la comunidad, “es muy superior a la de los ministeriales o de los MP. No olvidar que más del 90% de lo que se judicializa proviene de detenciones en flagrancia hechas por policías locales”.

Según este abogado, hay casos de policías locales muy exitosos que si se reproducen en por lo menos las 130 ciudades donde vive el 80% de los mexicanos cambiarían el panorama criminal del país: “eso las ministeriales y los MP por la naturaleza de su función no podrán hacerlo”.

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Derrotar impunidad, imposible para fiscalías; sobre todo para la de Veracruz

Según la organización Impunidad Cero, a nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito es de 1.3%. En promedio, denunciar un delito en México toma 2 horas con 21 minutos. Cuatro de cada 10 sentencias que se dictan en el país son menores a tres años, es decir, se sigue destinando un alto porcentaje de recursos del sistema penal para sancionar delitos de bajo impacto.

Este martes 3 de septiembre por la mañana, en el Auditorio del Club de Industriales en la Ciudad de México, Impunidad Cero presentará el “Ranking de desempeño de procuradurías y fiscalías estatales 2019”. En los de años anteriores, la Fiscalía de Veracruz ha salido reprobada y no dudemos que le irá mal en esta evaluación.

El pasado 9 de agosto, en Hora Libre, me referí a la ineficacia casi criminal mostrada por la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz en los últimos dos años. Ahí señalé:

“Dos evaluaciones realizadas por dos organizaciones nacionales distintas, primero la de Cero Impunidad, presentada en 2018, y luego la de México Evalúa, presentada apenas el miércoles 7 de agosto, desnudan la ineficacia, incapacidad y desinterés de la Fiscalía de Veracruz para brindar justicia, y los efectos desastrosos de mantener a un funcionario que solo obedece a consignas políticas dictadas desde el PAN y por el exgobernador Miguel Ángel Yunes.

“Este año, la organización México Evalúa coloca a la Fiscalía de Veracruz en el final de la tabla, tanto en el ranking de condiciones para la operación, en que figura en el lugar 29 (apenas por arriba de Quintana Roo, Nayarit y Guerrero), como en el índice de impunidad en el sistema de justicia penal, en que ocupa el sitio 31, solo por encima de Tamaulipas.

“Nuestra Fiscalía (aunque lo mejor sería decir la fiscalía de Yunes), ha logrado un nivel de confianza de -5 por ciento, por debajo del promedio nacional (-7.8%), lo que revela no solo desconfianza ciudadana sino una creciente impunidad que alienta a los criminales a continuar su carrera delictiva.”

Estos resultados, contribuyen de manera significativa a que el índice de impunidad del Sistema de Justicia Penal en Veracruz se encuentre entre las tasas más altas a nivel nacional, con el 99.8 por ciento, incluso superando al promedio nacional de 96.1 por ciento.

La evaluación de Cero Impunidad, dada a conocer en julio de 2018, era más severa. Según el estudio presentado por esta organización, Veracruz contaba con una de las proporciones más altas de impunidad en homicidios intencionales. El 85.23 por ciento de esos casos se quedaron sin esclarecer, lo que constituye el mejor aliciente para que tanto bandas criminales como individuos realicen ejecuciones a diestra y siniestra, a sabiendas de que la Fiscalía nunca los va a llevar ante la justicia.

Así, mientras el fiscal Jorge Winckler olvida los casos delictivos que debe investigar y se une gozoso a la campaña de Pape Mancha para mantener el control de los Yunes sobre el PAN veracruzano, refrescando supuestas acusaciones contra amigos de uno de los aliados de Joaquín Guzmán Avilés, quien se estaría enfilando rumbo al triunfo, este martes 2 de septiembre veremos si, según la investigación de Cero Impunidad, ha logrado mejorar sus indicadores, algo que a todas luces se ve imposible.

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