Veracruz, Ver. – Las denuncias contra el esposo de Marisol por haberla golpeado y encerrado unas horas antes de quitarle a su hija, no han cambiado el hecho de que solo pueda verla en las oficinas de los juzgados durante dos horas, tres veces por semana.

Su hija se encuentra “depositada”, una figura jurídica que ha generado muchas críticas, con su familia paterna, mientras que los juicios por la custodia y por la violencia continúan su curso. Brenda Rodríguez, fundadora del Colectivo Madres Activistas de Xalapa, aseguró que el depósito judicial es una figura permitida por las leyes de Veracruz para resguardar a los niños y niñas cuando se encuentran en riesgo, pero los padres en muchas ocasiones la usan para “castigar” a su expareja y no permitirle ver sus hijos e hijas.

Marisol Galloso Gamboa comenzó el proceso de recuperar a su hija en febrero, después de que, según señaló, fue golpeada y su hija sustraída.

Por la niña de 4 años se emitió una Alerta Ámber para buscarla, pero unos días después Marisol se enteró que legalmente estaba con la familia de su agresor.

“El día 15 de abril de este año, de 2019, sufrí violencia física, violencia psicológica, el papá de mi hija me golpeó y estuve encerrada 12 horas toda la noche, me incomunicó (…) entre él y su familia me quitaron a mi hija”, contó.

“Me moví a localizar a mi hija, desde el primer minuto lo que a mí me interesaba era recuperar, saber dónde tenían a mi hija, pasó un mes y medio para que supiera dónde estaba, ellos procedieron a un depósito”, añadió.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el número 146 de su revista “Compromiso” que el depósito de menores solo debe ser declarado en casos de riesgo inminente para los niños y niñas, es decir que hayan sido víctimas de violencia o que lo puedan ser. Además, señaló que debe tener un tiempo establecido y no puede prolongarse.

Ambas medidas, según la SCJN, es porque los niños y niñas deben poder convivir con sus progenitores.

Pero la realidad no es así, según las mujeres afectadas por esta figura legal.

Entre enero y mayo del 2019, el Poder Judicial ha dado el promedio 6.5 depósitos al día, según la solicitud de información número 02948119.

“Los jueces aceptan los depósitos, van y les dicen una bola de mentiras y en lo que ellos ven si es verdad, si recaudan pruebas los dan (…) deberían hacerse modificaciones en la ley para que un depósito no se haga de manera”, comentó Marisol.

Ella puede ver a su hija tres veces por semana siempre bajo supervisión en los juzgados. Pero su familia, su abuela y el resto de las personas que la quieren, no pueden verla ni convivir con la pequeña.

El caso de Marisol no es único. Ella ha conocido a mujeres que pasan años y años sin poder ver el rostro de sus hijos e hijas.

Las fallas en la justicia

Durante cuatro años Aida ha pedido volver a ver a su hija.

En los juzgados le han dado permisos de convivencia para que pueda verla por videollamadas, llevársela un fin de semana al mes o verla en el DIF municipal. Pero ninguna de las medidas, dijo, se han cumplido.

Aida Estefanía Marroquín Arieta narró que hace cuatro años tenía un acuerdo judicial con su exesposo para que él viera a su hija en vacaciones, pero cuando le pidió verla fuera de tiempo ella se lo permitió.

Entonces se la llevó desde Chiapas (donde ella y su hija vivían) hacia Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, donde ya contaba con un depósito a favor de sus familiares.

Así, comenzó el litigio para decidir quién tendría la custodia mientras que Aida intenta revertir el depósito y que le permitan las convivencias que establece la ley.

“Yo llego pero ellos no llegan, no la llevan, ahora hay incluso en el juzgado hay un papel pegado donde la juez dice que el progenitor que no deje convivir al hijo con el otro padre, se le va a dar el depósito de personas, se va a devolver el depósito de personas (…) ella (la jueza) dijo que en mi caso no (aplica la medida) porque mi hija decía que tenía miedo que yo era de Guatemala y podría robármela”, contó.

Aida es originaria de Guatemala y ha sido residente permanente en México desde hace 14 años.

Sin embargo, el principal argumento para no permitirle convivir con su hija o quitar el depósito a la familia paterna, según dijo, es que podría llevarse a su hija al país del que ella es originaria. Aseguró que su exposo no ha probado la razón de ese temor, pero mientras tanto lee en los expedientes como su hija (que ahora tiene 10 años) no puede nombrar un recuerdo bueno con ella.

A esos argumentos, afirmó, se le suman irregularidades de la jueza que lleva su caso en los que resuelve archivos que no le corresponden o le dice que no tomará en cuenta las pruebas que ella aporte.

Rodriguez señaló que en los casos del colectivo que ella fundó se encontraron con varias irregularidades de ese tipo, tráficos de influencias y juicios que se volvían eternos.

La esperanza de la organización

Aida se apoya del Colectivo Vuelve a Mis Brazos en Coatzacoalcos, a quienes conoció entre sus vueltas al DIF municipal y quienes también han denunciado las irregularidades que existen en los procesos legales para recuperar a sus hijos e hijas.

“Convivencia en el DIF municipal es un ambiente muy feo, es un ambiente en el que entras y encuentras a muchas mamás ilusionadas incluso con bolsas de juguetes esperando ver a sus hijos y y sus hijos nunca llegan; ese era mi caso y me puse a hablar con muchas mujeres y es donde me di cuenta que no estoy sola, que no soy la única, que en realidad somos varias mujeres que nos hacen lo mismo, entonces ahí fue donde me enteré del colectivo”, narró.

Ese no es el único intento de mujeres organizadas por encontrar la justicia.

Brenda Rodriguez y otras mujeres fundaron el colectivo Madres Activistas de Xalapa hace siete años, al que se le fueron sumando más y más casos.

Juntas recorrieron oficinas, juzgados, calles y manifestaciones. Estudiaron las leyes. Participaron en un documental que provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el depósito judicial. Muchas recuperaron a sus hijos e hijas.

“A partir de ahí nosotras digamos que nos empoderamos afortunadamente porque es un estrés terrible, mucha impotencia (…) me van a juzgar por las mentiras de otro, porque me quitan a mi hijo si yo no hice nada, se siente mucha impotencia, mucha desesperación”, contó.

Brenda estudió derecho y recuperó a sus hijos. Ahora asesora a otras mujeres que están pasando por lo mismo que ella vivió.

Su colectivo no es el único.

“Nuestras leyes fueron hechas por hombres y para hombres y para apoyar a hombres (…) en ese mismo entorno de una idea machista el hombre no permite que una mujer se quede con los hijos, porque dice yo trabajo y ahora ella se va a juntar con otro, ya tiene novio y no permito que mi hijo vaya a crecer con otro y le vaya a llamar papá cuando el papá soy yo, tampoco le voy a dar una pensión alimenticia para que ella se la gaste con otro, entonces mejor le quito a mis hijos o a mi hija, la tengo con mi mamá y entonces ella me tiene que dar pensión”, aseguró.

AVC/Ana Osorio/Testigo Púrpura