Si alguien cree que al presidente Andrés Manuel López Obrador ya se le olvidaron las injurias y agresiones físicas que recibió en sus constantes giras por Veracruz desde antes de que arrasara en la elección presidencial de 2018, puede llevarse una ingrata sorpresa.
Y es que aunque este lunes el tabasqueño volvió a reiterar que “no soy partidario de la Ley del Talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, diente por diente porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos”, lo cierto es que los casos de Rosario Robles, del empresario Carlos Ahumada y del abogado Juan Collado, parecen indicar todo lo contrario.
Si estos tres personajes que se confabularon hace 15 años en contra del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con aquél complot de los videoescándalos para boicotear su primera candidatura presidencial, actualmente están en prisión, ¿alguien podría suponer que López Obrador pasará por alto que en Veracruz lo tildaran públicamente de “viejo guango”, “corrupto”, “cobarde”, “loco” y que lo calumniaran al difundir que él y su partido eran financiados por el ex gobernador priista Javier Duarte?
Que nadie se vaya con la finta, porque hasta ahora el líder moral de MORENA ha venido engañando con la verdad.
Por ejemplo, hace casi cuatro meses, cuando ya todo mundo daba por hecho que habría carpetazo a la llamada “Estafa Maestra”, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, salió a declarar que la investigación sería replanteada por delitos de Estado y delincuencia organizada, por considerar que se trataba de una maquinación orquestada desde el poder público.
“La FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la Nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo el funcionario.
Y al preguntársele si por esta maquinación desde el poder público cabría citar al ex presidente Enrique Peña Nieto, Gertz Manero respondió que la Fiscalía llamará a declarar “a quien sea necesario”.
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está investigando una red de extorsión que presuntamente era operada por Humberto Castillejos desde la Consejería Jurídica de la Presidencia durante la administración de Peña a través de cinco despachos de abogados externos, los cuales habrían solicitado sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias habían sido congeladas desde la UIF entre 2014 y 2018.
Santiago Nieto, actual titular de la UIF –quien además reveló que están investigando en México y el extranjero las finanzas de Peña Nieto–, dijo que el sexenio pasado esta Unidad fue utilizada también para golpear a López Obrador, contra el cual se lanzó, en plena campaña presidencial, el sitio web “Pejeleaks” y el documental “Populismo en América”.
¿Será mera coincidencia?