Hace 14 años, en 2005 -año que además quedó marcado en propia historia porque nació mi hija Isabel- promoví la primera legislación federal contra la Trata de Personas, junto con otras y otros académicos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil como Miguel Ontiveros Alonso, Fabienne Venet, Siria Oliva, Laura Langberg, Fernanda Ezeta, Juan Artola, Rodolfo Casillas de FLACSO, Igone Guerra de ECPAT-México, Sin Fronteras, Casa Alianza, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre muchas otras personas y aliados.
Con todos ellos integramos el Grupo contra la Trata de Personas e impulsamos la iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. Años después esta materia quedó asentada constitucionalmente y se emitió más tarde la Ley General vigente desde 2012.
Durante 2006 y 2007, junto con Miguel Ontiveros principalmente, promovimos en Veracruz esta legislación haciendo conferencias y presentaciones en el Congreso del Estado, en la Universidad Veracruzana y en el Colegio de Veracruz, trayendo a expertos nacionales e internacionales en la materia.
Recuerdo que en esos años todavía no se conocía ni manejaba el término como tal de Trata, y se confundía principalmente con el de tráfico de personas. Fueron años de mucha batalla para que el Estado mexicano y Veracruz contaran con una legislación adecuada y se tipificara adecuadamente este delito y los delitos que se contactan con él en las diversas modalidades de explotación humana.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir el Diagnóstico 2019 sobre la situación de la Trata de Personas en México, con información muy exacta y valiosa sobre esta materia, desde diferentes y muy variados ámbitos, puntos de vista y fuentes de información, y sobre todo, con conclusiones y recomendaciones muy importantes para las autoridades y actores involucrados en prevenir, atender, atacar y eliminar este delito.
En cuanto a las cifras oficiales que maneja el diagnóstico de la CNDH, expondré aquí las que se refieren a Veracruz. La Comisión Estatal de Víctimas no reportó atención a víctimas de Trata entre 2012 y 2017, pero ello no resulta sorprendente dada la situación de prepotencia, abandono, revictimización y negligencia con la que se manejó esa entidad durante la gestión de Mireya Toto. Sin embargo, ello contrasta con el dato de que entre esos años se reportan 38 investigaciones en materia de Trata en Veracruz.
En cuanto a personas indiciadas o imputadas por Trata en Veracruz, el documento reporta 24 personas entre 2012 y 2017. Y 13 sentencias condenatorias en ese mismo periodo, con 18 personas sentenciadas. En 2017 solamente se registraron 8 presuntos delitos y 11 presuntas víctimas en materia de Trata de Personas en Veracruz.
En la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz se señala que cuentan con más de 100 servidores públicos dedicados a la atención de la Trata de Personas, entre ellos 64 ministerios públicos. Desde luego esta información es errónea y falsea la realidad al jugar con el factor de que la Fiscalía Especializada también se dedica a otras materias como la violencia familiar y contra las mujeres, además de que el resto de los estados cuentan en promedio entre 10 y 20 servidores públicos para esta materia.
La Fiscalía miente como también miente nuevamente en los últimos reportes que proporciona al Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando señala que en tan solo junio y julio de 2019 hubo 90 casos de Trata de Personas en Veracruz, cuando en todos los demás años y meses de la gestión de Jorge Winckler no había reportado ni un solo caso.
Con base en las cifras y datos del diagnóstico de la CNDH no se podría concluir que el problema de la Trata de Personas en Veracruz y los delitos conexos son de un nivel alto ni una problemática delictiva alarmante en cuanto a la cantidad de casos. Sin embargo, habría que analizar con mayor detalle las razones que quizá tendrían que ver con la forma de calificar el delito en las carpetas de investigación o el tratamiento que se da a delitos que aparentemente no tienen relación con la Trata y la explotación de personas, pero que quizá sí sean la manifestación de tales conductas delictivas y que no son investigadas como tales.
El Diagnóstico presenta conclusiones y recomendaciones a diversas autoridades que en resumen tienen que ver con la necesidad de una mejor coordinación interinstitucional entre autoridades, una atención a víctimas más especializada y, sobre todo, la realización de investigaciones ministeriales que identifiquen y clasifiquen correctamente los delitos en materia de Trata de Personas.
Como he mencionado en otros temas, el papel que juega el asesor jurídico de víctimas es esencial para garantizar los derechos de las víctimas. No podemos atenernos a una fiscalía que monopoliza incorrectamente la acción penal y que ahora se escuda en una autonomía mal concebida y utilizada políticamente. Necesitamos una asesoría jurídica profesional, especializada, y que le haga frente a fiscales que se sienten poseedores absolutos de la verdad.