Al inicio de la semana, las aguas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) estaban en calma. Nadie dudaba que la reelección de Edel Álvarez Peña en la Presidencia fuera un hecho consumado -algo que difícilmente hubiera conseguido si el gobernador hubiera sido Miguel Ángel Yunes Márquez- sin embargo, hoy viernes las cosas podrían haber cambiado. Cosas del destino.
El Waterloo del ex alcalde de Coatzacoalcos podría no ser su vínculo personal con el ex gobernador Miguel Angel Yunes Linares –quien lo impuso en el cargo-, los negocios que él y su familia han realizado al amparo del cargo que ostenta, ni la frívola discrecionalidad con que maneja el Poder Judicial, donde se privilegian por igual a los amigos y a las amigas.
Su reelección se ha puesto en riesgo por una decisión suya, basada en la ilegalidad y la arrogancia, al habilitar a jueves como magistrados “suplentes”; este miércoles, la justicia federal determinó que las Salas de Justicia estuvieron integradas de forma indebida los anteriores dos años y que se tendrían que volver a revisar las sentencias por una sala constituida legalmente.
En su resolución, el juez de distrito consideró que los Magistrados que resuelvan las controversias o apelaciones relativas a las sentencias que dicten los jueces de primera instancia, deben ser nombrados por el Congreso del Estado, según la Constitución Política de la entidad, lo cual no ocurre en el caso de los magistrados suplentes que fueron habilitados para suplir la carencia de magistrados del Tribunal Superior de Justicia legalmente designados.
Es decir, el buen Edel se concedió para sí –al más puro estilo de la Ley de Herodes-, la facultad de nombrar magistrados, aun cuando tuviera que lidiar con la monserga, cada semana, de emitir los nombramientos correspondientes. Con ello no sólo se pervirtió la justicia a juicio del órgano federal, sino que dio lugar a una serie de arreglos y componendas al interior del Poder Judicial.
“Con fundamento en la fracción XIII del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y buscando proveer lo necesario para una correcta impartición de justicia, he decidido (sic) comisionarle a usted por el periodo del doce al dieciséis de agosto del presente año, para cubrir provisionalmente la ponencia – de la – Sala del Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior en tanto se satisfacen las exigencias previstas por la Ley y la Constitución para la adscripción de magistrados”, reza el oficio que hace una semana turnó el Presidente a uno de los jueces habilitados como “magistrado suplente”.
Sin embargo, el Presidente del Tribunal –quien le tiene tomada la medida a los nóveles funcionarios de la 4T jarocha- simula que no suda ni se acongoja.
Ayer mismo, salió al ruedo para defender su decisión y dijo que los fallos emitidos por los “magistrados suplentes” no carecen de validez. Es una verdad a medias porque han dejado de ser sentencias firmes y tendrán que ser revisadas nuevamente por una sala legalmente constituida.
En efecto, el amparo concedido por el juez de distrito no es un pase de salida para que cientos de reos ya sentenciados salgan a tropel de las cárceles veracruzanas. El proceso para que se vuelvan a revisar los casos podría llevar meses, por lo cual quienes decidan interponer amparos –como fue el caso de Efraín Méndez Carrillo y que dio lugar a esta controversia- seguirán en la cárcel a la espera de la sentencia que dicte un juez que no sea cachirul.
Al solicitar la protección de la justicia federal, Méndez Carrillo consiguió que su asunto sea estudiado nuevamente por una Sala “legalmente integrada”, y una vez realizado lo anterior, que se resuelva lo que en derecho corresponda. El amparo entonces sólo es para el promovente y no para todas las personas sujetas a procesos durante los dos últimos años en los que ha operado la figura de “magistrados suplentes”. De ahí la aparente tranquilidad del Presidente.
Pero Edel ha aprendido a escabullirse en los subterfugios de la ley. En su defensa, alegó que el personal que en estos momentos se encuentra comisionado en las ponencias, cumple cabalmente con los criterios previstos en la ley, algo que es contrario a la opinión y el contenido del amparo otorgado por el juez de distrito.
Como fuere, la figura impugnada ha sido un capricho del Presidente del TSJE –favorecido por la omisión del Gobernador del Estado de proponer a los magistrados que deben ocupar los puestos vacantes-, pues no hay sustento ni acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura y mucho menos del pleno del Tribunal; en todo caso, la urgencia a la que se refiere Álvarez Peña es debatible porque en ausencias deben suplir los secretarios de estudio y cuenta o los secretarios de acuerdo de las Salas.
Sin duda, no fue una buena semana para los reeleccionistas Edel Álvarez y Lorenzo Antonio Portilla.
Las del estribo…
- La austeridad nunca ha sido democrática. Mientras se multiplican los negocios en la Secretaría de Salud (medicinas, ambulancias, comedores, hemiodálisis, entre otros), resulta que no hay para pagar las deudas del hospital de Río Blanco. El nosocomio vive de fiado en perjuicio de pacientes y proveedores. Lástima que ahí no haya “foto pa’l feis”.
- Resulta que el alcalde de Ángel R. Cabada justifica una “obra prioritaria” de alumbrado público que “beneficia” a sólo 8 familias y por una casualidad del destino va a parar hasta su rancho. Arturo Herviz es el vivo ejemplo de una izquierda perversa y hambrienta, sin escrúpulos, que no sabe vivir más que de la política. Mientras, el Ayuntamiento está que arde y podría llegar la sangre al río.