Miguel Ángel Vega García, actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General de Veracruz, era contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , detectó un desvío por 1 mil 747 millones de recursos públicos, usando universidades públicas y televisoras públicas, en el esquema que se conoce como la estafa maestra.

El órgano fiscalizador detectó presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios, que la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016.

Por estos desvíos sumados a otros a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, la ex titular Rosario Robles fue vinculada a proceso y encarcelada por dos meses.

Vega García llegó al gobierno de Veracruz a inicios de este año, luego de salir de la Sedatu donde fue funcionario del 2015 al 2018. De hecho, en el portal de nómina transparente federal aparece como analista B del Registro Agrario Nacional con un salario de 8 mis 173 pesos.

En 2015 se sumó al equipo de Rosario Robles, como contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Social, pero solo estuvo en el puesto de mayo a septiembre, pues brincó junto a la funcionaria a la Sedatu.

En su declaración que hizo pública en febrero de este año, detalló tener tres propiedades, que incluyen un terreno, una casa y un departamento, así como tres vehículos de modelo atrasado y en el rubro de conflicto de intereseses señaló que es socio de la empresa ubicada en Ciudad de México, Jurimétrica SA de CV.

De acuerdo a la ley, el contralor interno es el funcionario del gobierno encargado de vigilar que se cumplan los lineamientos e inspeccionar que se observe la normatividad en materia de planeación, programación, Presupuestación, registro, control, evaluación y auditoría.

Es, por lo tanto, el principal responsable de la actividad contable de una dependencia o entidad pública, así como de vigilar que su operación se realice con eficacia y eficiencia, ya que debe emitir y recomendar las medidas correctivas con oportunidad, y en caso de haber anomalías, señalar las responsabilidades que procedan con base en las leyes aplicables.

Sin embargo, Miguel Ángel Vega García no detectó estas irregularidades en los contratos, ni las falsificaciones de firmas de funcionarios que la ASF detectó en una decena de contratos de Sedatu, mientras él era contralor interno.

La estafa que involucra a cinco universidades y medios públicos

En febrero del 2018, la ASF dio a conocer que investigó a cinco universidades públicas de Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche; y dos medios públicos de los estados de Sonora y Quintana Roo, a los que Sedatu les entregó por adjudicación directa los recursos a las entidades públicas y estas contrataron a empresas y personas físicas para hacer los servicios, las cuales –a su vez- entregaban los recursos a otras empresas.

La ASF detectó la triangulación de pagos usando empresas fantasmas ya detectadas por el SAT, con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades que nada tienen que ver con el objeto del contrato.

Entre los servicios solicitados está la “asesoría, diseño e implementación de un modelo operativo, que permita la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la Sedatu”, solicitado a la Universidad Mexiquense del Bicentenario o “la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, la Sedatu le entregó 185 millones de pesos en 2016 para que ésta le realizara una serie de servicios relacionados con la difusión de “conocimientos científicos” en materia de ordenamiento territorial.

Pero la universidad no tenía la capacidad para dar estos servicios, por lo que violó la ley federal de adquisiciones y entregó el 98% de esos 185 millones a dos empresas sin pasar por ningún proceso de licitación pública, repitiendo así el esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra.

La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. recibió 42 millones 841 mil pesos de la Sedatu. La ASF constató mediante visita domiciliaria que en el domicilio fiscal de esta compañía “desconocen su existencia”.

“Se presume que (la empresa) únicamente existe en papel, sin estructura ni personal”, apuntó la ASF en su informe forense la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

En la auditoría, se revela que los servicios convenidos con los sistemas de difusión de Quintana Roo y Sonora en el 2016, la Sedatu pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión del contrato. En una revisión a los entregables, la ASF señaló que la mayoría tenian inconsistencias graves, y algunos eran repetidos.

Sanciones a colaboradores de Vega

En 2018, la Secretaría de la Función Pública, informó que sancionó a un empleado de Vega con dos años de inhabilitación, se trata de Mauricio Razo Sánchez, quien entre mayo y octubre de 2015 era como titular del área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol.

La sanción contra Razo Sánchez está motivada por “archivar sin justificación” las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre convenios de La Estafa Maestra que Sedesol firmó con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y la de Morelos (UAEMOR) en 2013 y 2014, y que dieron lugar a desvíos por 857 millones de pesos que debieron invertirse en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que acabaron en empresas irregulares.

Función pública investiga a contralores internos

En marzo pasado, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval dijo que todos los contralores de las dependencias federales son auditados por abandonar el caso de desvío de recursos , conocido como La Estafa Maestra.

A la fecha La FGR investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de la Sedatu y la Sedesol en «fábricas de documentos falsos» empleados en la Estafa Maestra.

Según informes federales, al menos tres ex servidores han declarado a la FGR que esos domicilios, en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas «alternas» de colaboradores del ex Oficial Mayor en Sedesool y Sedatu , Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.

La información apunta a que los ex colaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 ex funcionarios para justificar el desvío de alrededor de 2 mil 800 millones de pesos de la Sedatu y la desaparecida Sedesol.

Por su parte, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 50 empresas involucradas en la trama de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, conocida como Estafa Maestra.

Que se investigue dice gobernador

Cuestionado sobre este tema, el gobernador señaló que si existen irregularidades en el actual del actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, debe ser investigado y sancionado.

Dijo que su administración no va a solapar a ningún funcionario que haya actuado al margen de la ley, por ello pidió que se investigue al funcionario que podría haber participado en la llamada “Estafa Maestra”, y por lo cual Rosario Robles fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva.

“Que se le investigue, nosotros no vamos a solapar a nadie, que se le investigue, que se le demuestre y se le castigue si está en eso”.

AVC/Flavia Morales

 

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