La razón porque la corrupción y el nepotismo campean con absoluta impunidad es porque ambas prácticas que se ejercen al amparo de la administración pública no son delitos. Leyó usted bien. Sobran casos de funcionarios públicos, en todos los niveles de gobierno, que las realizan sin la posibilidad de ser castigados, a menos que se busquen escondrijos en la ley, asimilando delitos que se puedan interpretar como tales.
En febrero pasado, luego de recibir la minuta del Senado, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
El documento incluye el abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Hoy la minuta se encuentra en su periplo legislativo de ser aprobada en los Congresos locales para que esté en condiciones de ser promulgada y que pueda entrar en vigor.
Sin embargo, como se ha dicho, no existe el tipo penal del delito de corrupción. La reforma constitucional sólo la interpreta en los casos de enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido de funciones; hay quien agrega con eficaz criterio jurídico el delito de cohecho.
En México la corrupción no es un delito; puede entenderse como un fenómeno social –no sólo se comete por servidores públicos-, una deleznable práctica de la función pública o una inmoral subcultura del gobierno y los ciudadanos. Sólo eso.
Hasta hoy, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, la corrupción es un fenómeno que comprende diversos delitos. Entre estos destacan, por ejemplo, el peculado, el cohecho –mordidas– y el enriquecimiento ilícito, que se sancionan en el Código Penal Federal con penas de prisión.
Son a estos a quienes cabría la condición de corruptos, aunque el término ha sido utilizado incluso para denostar a medios de comunicación o académicos que lejos están de haber realizado algunas de estas prácticas propias de la administración pública.
La corrupción ha sido por muchos años la palabra favorita del Presidente López Obrador, lo mismo para referirse a sus adversarios que para justificar sus actos de protesta y ahora sus acciones de gobierno. Ha llegado a pedir que se estigmatice el término, sin embargo, no se ha pedido que se convierta en delito.
La reforma constitucional no estableció a la corrupción como un delito grave, sino sólo a los tipos penales mencionados dentro del catálogo de aquéllos que merecen la prisión preventiva oficiosa. Así que ante la ley no hay corruptos, sólo en el beligerante lenguaje presidencial, así que pueden estar tranquilos.
Lo mismo pasa con el nepotismo. Atrapado en la estridencia del escándalo mediático, el gobernador de Veracruz ha justificado el nombramiento de familiares muy cercanos como funcionarios de primer nivel, señalando que no se trata de un acto ilegal, a pesar de la instrucción presidencial de evitar esta práctica.
En noviembre pasado, Morena propuso en la Cámara de Diputados sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares cercanos en las arcas del gobierno. A pesar de contar con amplia mayoría, ellos mismos llevaron el tema a la congeladora.
«Cometerá nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato», se lee en la modificación propuesta por el partido del Gobernador de Veracruz.
Justificar que el nepotismo no es un delito es tratar de huir por una puerta falsa. La corrupción tampoco lo es y, sin embargo, su combate fue el argumento que llevó a Morena a la Presidencia, y por añadidura, al gobierno de Veracruz.
La corrupción y el nepotismo siguen presentes en Veracruz. Pero no hay de qué preocuparse: no son delitos.
Las del estribo…
- Este domingo en el puerto de Veracruz, donde gobierna Fernando, el hijo de Miguel Ángel Yunes, los diputados locales Bingen Rementería, Omar Miranda y el dirigente del partido en Xalapa, Fernando Márquez Sánchez, anunciaron que dejan el equipo de José Mancha y se unen a Joaquín Guzmán Avilés. Al paso que van, el Chapo será candidato de unidad, reviviendo al TUCOY (Todos Unidos Contra Yunes).
- Sin pena ni gloria se realizó la primera elección abierta del dirigente nacional del PRI. En opinión de muchas corrientes internas, ganó Alito, el candidato del Presidente López Obrador, aunque podría terminar en tribunales. El camino del PRI será una fragmentación que sirva a los estados, es decir, los grupos locales se mandarán solos.