No se necesita ser muy perspicaz para comprender que los nuevos gobierno federal y estatal se ubican, en cuanto a política económica, en la izquierda, lo que quiere decir que se apuesta a la convicción de que el Estado cumple un papel muy importante en la activación económica vía inversión pública, políticas sociales, redistribución de la riqueza a través de la política fiscal e ingresos, así como de la distribución del gasto público en el fortalecimiento del aparato social y público del Estado.

Sin embargo, ello no quiere decir que no se siga una política responsable en cuanto a finanzas públicas sanas, ni, sobre todo que no se fomente o promueva que el sector privado y la inversión privada puedan hacer negocios y participar en la inversión. Es decir, la política pública de izquierda que privilegia un Estado fuerte y benefactor no está peleada con un libre mercado también fuerte y que cuente con facilidades para los negocios y la inversión. Creo que este tipo de discusiones está superado desde que vemos economía como las de Suecia, Noruega o Dinamarca, o incluso como las de China.

En México los empresarios siguen pensando que tener un gobierno de izquierda es una amenaza para su existencia, y esa es la mayor falacia que existe y que se debe ir desmontando en las mentes incluso de la gran mayoría de la clase media.

Las políticas económicas y las políticas públicas de los gobierno de izquierda, en el entendido de que también están circunscritas a una lógica de disciplina financiera elemental, pueden y deben promover que el sector privado tenga las mejores condiciones posibles para abrir y hacer negocios.

En otras palabras, un Estado fuerte que usa el ingreso público para promover inversión pública y redistribución de la riqueza no necesariamente va en contra de una economía libre y dinámica, en cuanto a la inversión privada. Y en todo caso se trata de que el Estado haga entender y promueva la solidaridad social en cuanto a la contribución de los que más ganan hacia los menos favorecidos o vulnerables en una sociedad, a través del ingreso y del gasto.

El Banco Mundial ha venido publicando un informe anual sobre los avances de los países del mundo en las reformas encaminadas a facilitar los negocios, donde se clasifican 190 países. Se trata de eliminar los obstáculos burocráticos en la apertura de negocios a partir de reformas estratégicas.

En el Informe 2019, México se coloca en el número 54, sin avances significativos, pero en la mejor posicionada de América Latina, seguida por Chile en el lugar 56 y por Colombia en el lugar 65.

Por esto resulta muy destacable e importante que el último día del periodo de sesiones ordinaras del Congreso del Estado se haya aprobado por unanimidad la nueva Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz.

En principio esta nueva ley responde a la reforma constitucional de 2017 en la que se dispone la expedición de una ley general que “establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria”. Así, en 2018 se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, que además dispone que las entidades federativa debían armonizar su normatividad en materia de mejora regulatoria.

Esta nueva ley estatal se debe aplicar para los actos, procedimientos y resoluciones que emitan la administración pública del estado, los municipios, sus dependencias y organismos, en el ámbito de su respectiva competencia, y tiene el objetivo de  establecer el mejoramiento continuo y consistente de la regulación de trámites y servicios estatales y municipales, mediante la coordinación entre las autoridades de mejora regulatoria, los diferentes órdenes de gobierno y los particulares.

Las autoridades responsables de aplicar la ley serán el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria.

Con esta ley se pretende eliminar paulatinamente la regulación excesiva para facilitar la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas, disminuyendo los requisitos, costos y tiempos para cumplir con la normatividad; impulsar el uso de tecnologías de la información para simplificar los trámites y servicios; y, promover la eficacia y eficiencia gubernamentales, fomentando el desarrollo socioeconómico e inversión en Veracruz.

Para ello se crea la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria como un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico, con autonomía técnica y operativa, para promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios. Esta Comisión tendrá un titular nombrado por el Gobernador del Estado a propuesta del Secretario, es decir, de Enrique Nachón.

Es bienvenida esta nueva legislación, pero como he venido sosteniendo en esta columna en otros ámbitos y materias, esperemos que una nueva legislación y sus nuevas estructuras, programas, estrategias, catálogos, etc., no sean nuevas y más burocracias que se convierten en elefantes blancos y entes autárquicos que al paso del tiempo son solamente empleadoras de burócratas, lo cual en este caso resultaría paradójico y hasta irónico.

Enrique Nachón, a quien conozco desde hace muchos años y me une amistades familiares de mucho tiempo, y quien ha demostrado su gran capacidad y profesionalismo en muchas ocasiones, tiene el reto de impulsar y conformar una instancia que promueva lo contrario a lo que es la burocracia, la antiburocracia. Estoy seguro que en él tenemos a la mejor persona en Veracruz para lograrlo.

Como hemos estado viendo en las actividades de la SEDECOP en la promoción de los productos y los negocios, se trata de una de las secretarías del nuevo gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que están trabajando para transformar a Veracruz en lo que desde hace muchos años todos esperábamos: en una sociedad y economía prósperas para todos con un gobierno responsable y digno.